Desastre minero en Brasil. Expertos de la ONU piden una solución oportuna después de la suspensión de acuerdo

By | 5 July, 2016

acnudhGINEBRA (5 de julio de 2016) – Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas elogió hoy la decisión de la Corte Superior de Justicia de Brasil de suspender el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Brasil y Samarco Minería SA, y sus sociedades matrices Vale SA y BHP Billiton Brasil Ltda en respuesta a lo que ha sido descrito como el peor desastre socio-ambiental en la historia del país.

La solución acordada ignora los derechos humanos de las víctimas, y su suspensión el 1 de julio es una oportunidad perfecta para llevar a cabo una revisión a fondo, basada en los derechos humanos, de los remedios y compensaciones debidas a las víctimas con transparencia y participación pública“, dijeron los expertos. “Instamos al gobierno brasileño a apropiarse de ella con el fin de abordar oportuna y adecuadamente las persistentes preocupaciones de derechos humanos.”

En noviembre de 2015, el colapso de una presa de relaves en Mariana, en el estado de Minas Gerais derramó unos 50 millones de toneladas de residuos de mineral de hierro, según los informes, exacerbando los niveles de varias sustancias tóxicas, en un recorrido de aproximadamente 700 kilometros de varios ríos, incluyendo el vital río Doce. Diecinueve personas murieron como resultado directo del colapso.

Las vidas de 6 millones de personas se vieron gravemente afectadas, ya que fueron enterrados o destruidos muchos hogares y pueblos, y se contaminaron  fuentes esenciales de agua. Las fuentes de alimentos y agua para los pueblos indígenas y las comunidades locales se vieron comprometidas en gran medida.

“Los poderes ejecutivos y empresas parecían, en su prisa, ignorar los derechos de las víctimas a la información, participación y a un recurso efectivo, y el ofrecer garantías de rendición de cuentas. Para las víctimas, esto añade sal a la herida,” dijo el Relator Especial ONU sobre los derechos humanos y las sustancias y desechos peligrosos, Baskut Tuncak. “Parecían dispuestos a renunciar a los derechos de las víctimas en un esfuerzo por barrer este desastre bajo la alfombra.”

Los expertos de la ONU señalaron que el fiscal de Brasil estima que el costo de los daños es 25 veces mayor que la cantidad garantizada en el asentamiento inicial, y advirtió que el acuerdo fue negociado a una velocidad récord en comparación con otros desastres ambientales de esta magnitud, durante un período tumultuoso para el Gobierno de Brasil, que está sumido en una crisis política y de acusaciones de corrupción masiva.

“Los costes eventuales de proporcionar plena reparación e indemnización a todas las víctimas serán colosal, y podría ser más grande en agua y saneamiento”, advirtió el relator especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Léo Heller.

El asentamiento

La declaración de suspensión prevé la creación de una fundación privada para llevar a cabo varios programas compensatorios y reparatorios en los próximos 15 años. En ese sentido, los expertos de la ONU plantean la alarma por “la enorme falta de transparencia y de participación de las víctimas en el proceso de negociación del acuerdo de solución”, y señalaron que el acuerdo no fue puesto a disposición del público en general.

También expresaron serias preocupaciones con respecto a los órganos de gobierno que se establezcan en el acuerdo, lo que dejaría poco o ningún espacio para la participación efectiva de las autoridades públicas y las comunidades afectadas en el diseño y ejecución de los programas ambientales, sociales y económicos.

Es un hecho que la empresa minera tendría el poder para decidir sobre las indemnizaciones que debe darse a las poblaciones afectadas sin ninguna posibilidad de que tales decisiones  sean sometidas a cuestionamiento o apelación. Por otra parte, el acuerdo no proyecta mecanismos suficientes para garantizar la participación de todas las comunidades afectadas en la ejecución de la fundación.

“Aprovechando la oportunidad de la suspensión, los términos del acuerdo deben prever salvaguardas adecuadas para asegurarse de que habrá suficientes fondos para todos los proyectos. La asignación de fondos debe ser revisada y decidida de conformidad con los principios democráticos y debe aplicarse observando los principios de derechos humanos,” subrayaron.

La petición de los expertos también ha sido respaldada por la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, y el actual Presidente del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, Dante Pesce. 

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Léo Heller, Baskut Tuncak, Victoria Tauli-Corpuz y Dante Pesce son parte de lo que se conoce como los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, órgano de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos de determinación de hechos y de control independientes del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Para más información, ingrese a:

Agua y saneamiento: http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx
Los residuos peligrosos: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/SRToxicWastesIndex.aspx
Los pueblos indígenas: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx
Empresas y los derechos humanos: www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx

Derechos Humanos de la ONU, página del país – Brasil: http://www.ohchr.org/EN/Countries/LACRegion/Pages/BRIndex.aspx

Para consultas y peticiones de los medios de comunicación, por favor, póngase en contacto con Melinda Ching Simon (+41 22 917 9113 / mchingsimon@ohchr.org) o Patricia Varela (+41 22 928 9234 / pvarela@ohchr.org) o escribir a srtoxicwaste@ohchr.org

 

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