Declaración sobre la pandemia de Covid-19 y los derechos económicos, sociales y culturales

By | 11 April, 2020

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Declaración sobre la pandemia de Covid-19 y los derechos económicos, sociales y culturales

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

I. Introducción

1. La pandemia del Covid-19 amenaza con desbordar los sistemas de atención de la salud pública y está teniendo efectos devastadores en todo el mundo en todas las esferas de la vida: la economía, la seguridad social, la educación y la producción de alimentos. Ya se han perdido decenas de miles de vidas, incluidas las de médicos y enfermeras que proporcionan tratamiento médico de primera línea. Se han perdido puestos de trabajo y los medios de vida se han visto amenazados debido a las restricciones para frenar la transmisión del virus, como los “cierres”. En muchos países afectados las escuelas están cerradas y la gente no puede reunirse para celebrar acontecimientos culturales y comunitarios importantes, como servicios religiosos, bodas o funerales. Al comienzo de esta declaración, el Comité hace llegar sus condolencias a todas las víctimas de la pandemia y a sus familias, así como a las comunidades más amplias de las que forman parte.

 

2. La pandemia tiene profundas repercusiones negativas en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), especialmente el derecho a la salud de los grupos más vulnerables. Como se explica más adelante, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir, o al menos mitigar, esos efectos. Sin embargo, si los Estados no actúan dentro de un marco de derechos humanos, existe un claro riesgo de que las medidas adoptadas puedan violar los DESC y aumentar el sufrimiento de los grupos más marginados. Nadie debe quedar rezagado en la adopción de las medidas necesarias para combatir esta pandemia[1]. Estas circunstancias han llevado al Comité a emitir esta declaración para poner de relieve los efectos más importantes de esta pandemia en los derechos económicos, sociales y culturales y a formular algunas recomendaciones a los Estados para combatir la pandemia de COVID-19 de manera compatible con sus obligaciones en virtud del Pacto.

II. Repercusiones de la pandemia en los derechos económicos, sociales y culturales

3. La pandemia de COVID-19 ilustra vívidamente la importancia de la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Esta pandemia es esencialmente una amenaza para la salud mundial. Sin embargo, tiene múltiples repercusiones en el disfrute de los derechos civiles y políticos porque algunas de las medidas adoptadas por los Estados para combatirla imponen graves restricciones a la libertad de circulación y otros derechos. Por consiguiente, es esencial que las medidas adoptadas por los Estados para combatir esta pandemia sean razonables y proporcionadas para garantizar la protección de todos los derechos humanos.

4. Los sistemas de atención de la salud y los programas sociales se han visto debilitados por decenios de inversión insuficiente en los servicios de salud pública y otros programas sociales, acelerada por la crisis financiera mundial de 2007-2008.[2] En consecuencia, están mal equipados para responder con eficacia y rapidez para hacer frente a la intensidad de la actual pandemia.

5. Los grupos desfavorecidos y marginados se ven gravemente afectados por la crisis actual. Los ancianos, los que tienen condiciones de salud preexistentes y sistemas inmunológicos comprometidos son especialmente vulnerables a las graves consecuencias para la salud si se infectan por el coronavirus. Otros grupos corren un mayor riesgo de contagio, como los que se encuentran en centros de atención residencial o en viviendas comunales; los reclusos y las personas que se encuentran en centros de detención; y los residentes de asentamientos informales u otras zonas que carecen de un acceso adecuado al agua, el jabón o el desinfectante. Ciertas categorías de trabajadores, como los repartidores, los encargados de la recogida de basura, los trabajadores manuales y los trabajadores agrícolas, están expuestos a mayores riesgos de infección, ya que la naturaleza de su trabajo no les permite aprovechar las dispensas para trabajar desde casa utilizando la tecnología digital. Muchos trabajadores de la salud, que realizan una labor heroica en la primera línea de la respuesta a la pandemia, se están infectando debido a la insuficiencia o la escasez de equipo y ropa de protección personal. Varios grupos se ven gravemente perjudicados por las consecuencias económicas de las medidas adoptadas en varios países para contener la propagación del coronavirus. Entre ellos figuran los trabajadores precarios de la “economía de los gigas” o del sector no estructurado[3], junto con otros grupos de trabajadores que se enfrentan a recortes o a la pérdida de salarios y prestaciones sociales, incluidos los trabajadores domésticos en muchos países. Los comerciantes del sector no estructurado y varias pequeñas empresas ya no pueden ejercer su oficio o hacer negocios, lo que da lugar a una profunda inseguridad económica para ellos y sus dependientes.

6. La insuficiencia de bienes públicos y programas sociales también agrava las desigualdades mundiales en materia de ingresos y riqueza. Las personas que viven en la pobreza no pueden permitirse adquirir los bienes y servicios mencionados en el mercado privado, y soportan la carga desproporcionada de las consecuencias económicas de las cuarentenas, los “cierres” y la situación económica nacional e internacional adversa.

7. En los países en que las escuelas, los institutos técnicos y las instituciones de enseñanza superior están cerrados, se está tratando de seguir enseñando y aprendiendo en línea. Se trata de medidas importantes para mitigar los efectos de esos cierres en el derecho a la educación. Sin embargo, también entrañan el riesgo de profundizar las desigualdades educativas entre los alumnos ricos y pobres debido al acceso desigual a servicios y equipos asequibles de Internet, como computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas.

8. La pandemia de Covid-19 también amenaza con profundizar las desigualdades de género, ya que la carga de cuidar de los niños en el hogar y de los familiares enfermos o ancianos recae desproporcionadamente en las mujeres, habida cuenta de los estereotipos y funciones de género que aún están profundamente arraigados en muchas sociedades. En circunstancias en que las familias están encerradas o en cuarentena, las mujeres pueden ser adicionalmente vulnerables a la violencia doméstica, y en esas circunstancias tienen un recurso limitado.

9. Los pueblos indígenas, los refugiados y los solicitantes de asilo, así como los que viven en países o regiones afectados por conflictos son particularmente vulnerables durante esta pandemia. Muchos carecen de acceso adecuado a agua, jabón o desinfectante, instalaciones de análisis Covid-19, servicios de atención de la salud e información. Estas poblaciones suelen sufrir tasas más altas de enfermedades crónicas y afecciones de salud subyacentes que las colocan en mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves de salud a causa del Covid-19.

III. Recomendaciones

10. Para garantizar que los derechos y obligaciones del Pacto se protejan y se cumplan durante esta crisis, los Estados deberían adoptar una serie de medidas urgentes. En particular, las respuestas a la pandemia deberían basarse en las “mejores pruebas científicas disponibles” para proteger la salud pública.[4]

11. Cuando las medidas adoptadas limiten los derechos del Pacto, deberán cumplir las condiciones establecidas en el artículo 4 del Pacto. En esencia, esas medidas deben ser necesarias para combatir la crisis de salud pública que plantea el Covid-19, y ser razonables y proporcionadas. Las medidas y facultades de emergencia adoptadas por los Estados Partes para hacer frente a la pandemia no deben ser objeto de abuso y deben levantarse tan pronto como dejen de ser necesarias para proteger la salud pública.

12. En la respuesta a la pandemia, se debe respetar y proteger la dignidad inherente de todas las personas[5], y se debe dar prioridad a las obligaciones básicas mínimas impuestas por el Pacto[6]. En este difícil contexto, el acceso a la justicia y a recursos jurídicos eficaces no es un lujo, sino un elemento esencial para proteger los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente de los grupos más vulnerables y marginados. Así, por ejemplo, es esencial que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan a los casos de violencia en el hogar, que las líneas telefónicas de urgencia para la violencia en el hogar funcionen y que las mujeres y los niños que son objeto de violencia en el hogar tengan acceso a un acceso efectivo a la justicia y a recursos jurídicos.

13. Es esencial que los Estados adopten medidas reglamentarias apropiadas para asegurar que los recursos de atención de la salud, tanto en el sector público como en el privado, se movilicen y compartan entre toda la población a fin de garantizar una respuesta de atención de la salud amplia y coordinada a la crisis[7]. En su calidad de respondedores de primera línea a esta crisis, todos los trabajadores de la salud deben recibir ropa y equipo de protección adecuados contra el contagio. También es esencial que los responsables de la toma de decisiones les consulten y que se preste la debida atención a sus consejos. Los trabajadores de la salud desempeñan un papel fundamental en la emisión de señales de alerta temprana sobre la propagación de enfermedades como el Covid-19, y en la recomendación de medidas eficaces de prevención y tratamiento.

14. Los Estados Partes tienen la obligación de dedicar el máximo de recursos de que dispongan a la plena realización de todos los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la salud. Dado que esta pandemia y las medidas adoptadas para combatirla han tenido un impacto negativo desproporcionado en los grupos más marginados, los Estados deben hacer todo lo posible por movilizar los recursos necesarios para combatir la COVID-19 de la manera más equitativa posible, a fin de evitar imponer una mayor carga económica a esos grupos marginados. En la asignación de recursos se debe dar prioridad a las necesidades especiales de esos grupos.

15. Todos los Estados Parte deberían adoptar con carácter urgente medidas especiales y específicas, incluso mediante la cooperación internacional, para proteger y mitigar los efectos de la pandemia en los grupos vulnerables como las personas de edad, las personas con discapacidad, los refugiados y las poblaciones afectadas por conflictos, así como en las comunidades y grupos sujetos a discriminación y desventajas estructurales. Esas medidas incluyen, entre otras cosas, el suministro de agua, jabón y desinfectante a las comunidades que carecen de ese acceso; programas específicos para proteger los empleos, los salarios y las prestaciones de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes indocumentados; la imposición de una moratoria a los desalojos o a las ejecuciones de bonos hipotecarios contra los hogares de las personas durante la pandemia; proporcionar programas de socorro social y de apoyo a los ingresos para garantizar la seguridad alimentaria y de los ingresos a todos los necesitados; adoptar medidas especialmente adaptadas para proteger la salud y los medios de vida de los grupos minoritarios vulnerables, como los romaníes, así como de los pueblos indígenas; y garantizar el acceso asequible y equitativo de todos a los servicios de Internet con fines educativos.

16. Todos los trabajadores deberían estar protegidos de los riesgos de contagio en el trabajo, y los Estados deberían adoptar medidas reglamentarias apropiadas para garantizar que los empleadores reduzcan al mínimo los riesgos de contagio de acuerdo con las normas de salud pública de las mejores prácticas. Hasta que se adopten esas medidas, no se puede obligar a los trabajadores a trabajar y éstos deberían estar protegidos contra las sanciones disciplinarias o de otro tipo por negarse a trabajar sin la protección adecuada. Además, los Estados deberían adoptar medidas inmediatas para proteger los empleos, las pensiones y otras prestaciones sociales de los trabajadores durante la pandemia, y para mitigar sus repercusiones económicas mediante, por ejemplo, la subvención de los salarios, la concesión de desgravaciones fiscales y el establecimiento de programas complementarios de seguridad social y protección de los ingresos.[8]

17. De igual forma deben adoptarse medidas reglamentarias para evitar la especulación con los alimentos y los productos de higiene, así como con los medicamentos y suministros esenciales. Entre las medidas recomendadas figuran la supresión de todo el IVA sobre esos suministros durante la pandemia y la subvención de los costos de los alimentos y productos de higiene esenciales para garantizar que sean asequibles para los pobres.

18. La información exacta y accesible sobre la pandemia es esencial tanto para reducir el riesgo de transmisión del virus como para proteger a la población contra una desinformación peligrosa. Esa información también es crucial para reducir el riesgo de conductas estigmatizantes y perjudiciales contra los grupos vulnerables, incluidos los infectados por el coronavirus. Esa información debe proporcionarse periódicamente, en un formato accesible y en todos los idiomas locales e indígenas. También deberían adoptarse medidas para agilizar el acceso a servicios de Internet asequibles y a equipo técnico vital para todos los estudiantes, en particular los de las comunidades y regiones más pobres, a fin de que puedan beneficiarse por igual de los programas de aprendizaje en línea mientras las escuelas y las instituciones de enseñanza superior están cerradas a causa de la pandemia.

19. La pandemia del Covid-19 es una crisis mundial que pone de relieve la importancia crucial de la asistencia y la cooperación internacionales, un principio básico consagrado en el Pacto[9]. Esa asistencia y cooperación internacionales incluyen el intercambio de investigaciones, equipo y suministros médicos y prácticas óptimas para combatir el virus; la acción coordinada para reducir los efectos económicos y sociales de la crisis; y los esfuerzos conjuntos de todos los Estados para asegurar una recuperación económica eficaz y equitativa. Las necesidades de los grupos vulnerables y desfavorecidos, así como de los países frágiles, incluidos los países menos adelantados, y los países en situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto, deberían ser el centro de esos esfuerzos internacionales.

20. Los Estados Parte tienen obligaciones extraterritoriales relacionadas con los esfuerzos mundiales para combatir el COVID-19. En particular, los Estados desarrollados deben evitar decisiones, como la imposición de límites a la exportación de equipo médico, que tengan como resultado la obstrucción del acceso a equipo vital para las víctimas más pobres de la pandemia. Además, los Estados parte deberán asegurarse de que las medidas fronterizas unilaterales no obstaculicen la circulación de los bienes necesarios y esenciales, en particular los alimentos básicos y el equipo sanitario. Toda restricción basada en el objetivo de asegurar el suministro nacional será proporcionada y tendrá en cuenta las necesidades urgentes de otros países.

21. Los Estados también deberían utilizar su poder de voto en las instituciones financieras internacionales para aliviar la carga financiera de los países en desarrollo en la lucha contra la pandemia, con medidas como la concesión a esos países de diferentes mecanismos de alivio de la deuda. 22. Los Estados parte deberían también promover flexibilidades u otros ajustes en los regímenes de propiedad intelectual aplicables para permitir el acceso universal a los beneficios de los adelantos científicos relacionados con el Covid-19, como los diagnósticos, los medicamentos y las vacunas.

22. Las sanciones unilaterales de carácter económico y financiero debilitan los sistemas de atención de la salud y pueden socavar los esfuerzos por combatir el coronavirus, especialmente en el contexto de la adquisición de equipo y suministros médicos. Esas sanciones deberían levantarse para permitir que los países afectados tengan acceso a los recursos que necesitan para combatir eficazmente la pandemia de la salud del Covid-19.[10]

23. Las pandemias son un ejemplo crucial de la necesidad de cooperación científica internacional para hacer frente a las amenazas transnacionales. Los virus y otros patógenos no respetan fronteras. Si no se adoptan medidas adecuadas, una epidemia local puede convertirse muy rápidamente en una pandemia de consecuencias devastadoras. El papel de la OMS en este campo es fundamental y debe ser apoyado. Para combatir eficazmente las pandemias es necesario que los Estados asuman compromisos más firmes en materia de cooperación internacional, ya que las soluciones nacionales son insuficientes. El aumento de la cooperación internacional debería aumentar la preparación de los Estados y de las organizaciones internacionales, especialmente la OMS, para responder a las pandemias, por ejemplo, mediante el intercambio de información científica sobre posibles agentes patógenos. También debería mejorar los mecanismos de alerta temprana, sobre la base de la información oportuna y transparente proporcionada por los Estados sobre las epidemias emergentes que tienen el potencial de convertirse en pandemias. Ello permitiría realizar intervenciones tempranas, basadas en las mejores pruebas científicas, para controlar esas epidemias y evitar que se conviertan en una pandemia. Si se desarrolla una pandemia, el intercambio de los mejores conocimientos científicos y sus aplicaciones, especialmente en el campo de la medicina, resulta crucial para mitigar el impacto de la enfermedad y para acelerar el descubrimiento de tratamientos y vacunas eficaces. Por último, después de la pandemia, se debe promover la investigación científica para aprender las lecciones y aumentar la preparación para posibles pandemias en el futuro.

24. El Covid-19 ha puesto de relieve la función decisiva que desempeñan las inversiones adecuadas en los sistemas de salud pública, los programas integrales de protección social, el trabajo decente, la vivienda, los alimentos, el agua y los sistemas de saneamiento, así como las instituciones para promover la igualdad entre los géneros. Esas inversiones son fundamentales para responder eficazmente a las pandemias de salud mundiales y para contrarrestar las múltiples formas de desigualdad que se entrecruzan entre sí, incluidas las profundas desigualdades de ingresos y riqueza tanto dentro de los países como entre ellos.[11]

25. Por último, el Comité exhorta a todos los Estados Partes a que se aseguren de que la extraordinaria movilización de recursos para hacer frente a la pandemia del Covid-19 dé el impulso necesario para la movilización de recursos a largo plazo con miras al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en el Pacto. Al hacerlo, sentarán las bases para lograr el ideal de la Declaración Universal de Derechos Humanos de conseguir un mundo de “seres humanos libres, liberados del temor y de la miseria”.[12] Los mecanismos para facilitar la cooperación y la solidaridad nacional e internacional, así como las inversiones sustanciales en las instituciones y programas necesarios para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales garantizarán que el mundo esté mejor preparado para futuras pandemias y desastres. El Comité tiene la intención de seguir vigilando los efectos de la pandemia del Covid-19 en los derechos económicos, sociales y culturales mediante el cumplimiento de sus diversos mandatos en virtud del Pacto.

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NOTAS

[1] Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, declaración sobre la promesa de no dejar a nadie atrás: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (E / C.12 / 2019/1 )

[2] Véase la carta a los Estados partes del Presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de fecha 16 de marzo de 2020; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, declaración sobre la deuda pública, medidas de austeridad y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E / C.12 / 2016/1).

[3] Véanse Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general Nº 18 (2005) sobre el derecho al trabajo, Nº 19 (2007) sobre el derecho a la seguridad social y Nº 23 (2016) sobre el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables.

[4] Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general Nº 25 (2020) sobre ciencia.

[5] Véase el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

[6] Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general Nº 3 (1990) sobre la naturaleza de las obligaciones de los Estados partes, párrs. 10-11.

[7] Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general Nº 14 (2000) sobre el derecho al más alto nivel posible de salud.

[8] Sobre la protección de los derechos de los trabajadores en virtud del Pacto en general, véanse las observaciones generales del Comité Nº 18, Nº 19 y Nº 23.

[9] Véase, por ejemplo, los arts. 2 (1), 11 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

[10] Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general Nº 8 (1997) sobre la relación entre las sanciones económicas y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales.

[11] Ver Objetivo de Desarrollo Sostenible 10.

[12] Este compromiso también se reconoce en el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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