UNSR Victoria Tauli-Corpuz

Communications sent, 1 June to 30 November 2015; Replies received, 1 August 2015 to 31 January 2016 Print

Human Rights Council
Thirty-first session
Agenda items 3, 4, 7, 9 and 10
A/HRC/31/79
19 February 2016

Communications sent, 1 June to 30 November 2015;
Replies received, 1 August 2015 to 31 January 2016

PDF Full Report

 

Date
Type

Case No

Country

Mandate(s)

Summary of the allegation transmitted Reply
22/06/2015UA

TZA 1/2015

United Republic of Tanzania      

Indigenous peoples;  

Alleged attacks against Maasai communities in Tanzania resulting in gross and continued violations of their individual and collective human rights. According to the information received, on 18 January 2015, triggered by the burial of a farmer from Morogoro municipality in the Mvomero district, Maasai pastoralists as well as Datoga pastoralists, often mistaken for Maasai, have been targeted through a series of organized assaults. These assaults have created an environment of fear among the Maasai living in the region. Maasai representatives have requested protection from district and regional authorities to stop the escalation of violence. No protection has reportedly been provided to affected communities from settlers who cultivate lands legally registered to the Kambala, Mvomero district, and Mabwegere, Kilosa district, communities. Echoing the Maasai authorities’ fear of escalation of violence, during the February 2014 Parliamentary session, a Member of Parliament expressed concern that the assaults on Maasai in Morogoro could lead to genocide. On 7 February 2015, the Prime Minister committed to visit the region; however, despite the continued recurrence of violent episodes, the visit has yet to take place. 07/09/2015
03/07/2015UA

BLZ 1/2015

Belize                 

Indigenous peoples;  

Allegations concerning the arrest and detention of 12 Maya people from the village of Santa Cruz in Toledo District, Belize, for their actions to remove from their village lands a non-Maya individual who was building a housing structure on ancient Maya ruins, in violation of Maya customary law and despite repeated requests to remove the structure. According to the information received, despite repeated attempts to involve local police in the removal of the non-Maya individual, on 20 June 2015, the non-Maya individual threatened villagers during a fajina (traditional meeting). The Mayan authorities handcuffed the individual and released him the next day. On 24 June 2015, local police removed 12 Mayan representatives from their homes and charged them with unlawful detention and some of them, in addition, with aggravated assault. The alcalde (local leader) of Santa Cruz and the spokesperson for the Maya Leaders Alliance were also charged with unlawful imprisonment. Concern is expressed that the arrest and detention of the Maya villagers was prompted by retaliation for their legal work to have their rights to their traditional lands recognized and protected by the Government.  
22/07/2015JAL

MEX 7/2015

México               

Freedom of expression; Freedom of peaceful assembly and of association; Human rights defenders; Indigenous peoples;

Alegaciones de amenazas de muerte, vigilancia e intento de secuestro contra defensores y defensoras de derechos humanos. Según la información recibida, el 10 de febrero de 2014, la Sra. Ruiz Martínez y los Sres. Carlos Sánchez y Mariano López Gómez recibieron amenazas de muerte por teléfono. El 10 de abril de 2014, un colega habría recibido una llamada advirtiéndole de la intención de secuestrar a la Sra. Ruiz Martínez. El mismo día, la Sra. Ruiz Martínez habría sido perseguida por dos mujeres que habrían intentado privarla ilegalmente de su libertad. El 8 de julio de 2014, la organización Código-DH habría recibido dos llamadas amenazantes. El 5 de noviembre de 2014, el Sr. Sánchez y las Sras. Ruiz Martínez y Jiménez Salinas habrían recibido llamadas amenazantes relacionadas con su trabajo. El 11 de noviembre de 2014, los Sres. Rodrigo Flores Peñaloza y Mariano López Gómez habrían sido amenazados de muerte, el segundo con arma de fuego. El 16 de abril la Sra. Bettina Cruz y el Sr. Flores Peñaloza habrían sido agredidos y perseguidos. Desde el 3 de diciembre de 2014 hasta el 20 de abril de 2015, se habrían registrado un total de 22 incidentes contra los integrantes de Codigo DH. La organización fue objeto de dos comunicaciones anteriores con fecha de 16 de mayo de 2012, véase A/HRC/21/49, caso no. MEX 12/2012; y el 26 de noviembre de 2013, véase A/HRC/25/74, caso no. MEX 10/2013. 13/10/201513/10/2015
14/08/2015JUA

MEX 10/2015

México               

Human rights defenders; Indigenous peoples; Water and Sanitation;

Presuntos impactos causados por el Acueducto Independencia en los derechos sustantivos de 5 comunidades indígenas que constituyen el Pueblo Yaqui y que se encontrarían asentadas a lo largo del río Yaqui. De acuerdo con la información recibida, no hubo un proceso de consulta adecuada con las comunidades del Pueblo Indígena Yaqui en el contexto de la construcción y operación del acueducto. Este fue afirmado en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que clarificó que el manifiesto de impacto ambiental de 2011 quedo insubsistente dado que la autoridad no cumplió con su deber de organizar una consulta previa, libre e informada al pueblo Yaqui que se ve directamente afectado por el proyecto. En seguimiento a la sentencia de la SCJN, en agosto de 2013, se empezó la implementación de un proceso de consulta al pueblo Yaqui, que según la información recibida no habría cumplido con los estándares internacionales en la materia, más específicamente el carácter previo, libre e informado del proceso. Además, hasta la fecha el acueducto sigue operando, causando una violación grave a sus derechos al agua. Además, hay alegaciones de criminalización de la oposición indígena al proyecto. Según se informa, algunos líderes de la comunidad Yaqui, entre los cuales, Mario Luna Romero, Tomas Rojo Valencia y Fernando Jiménez Gutiérrez habrían sido objeto de órdenes de aprehensión por parte de la Procuraduría Estatal, en el contexto de una serie de amenazas y actos de hostigamientos directos a desalentar la oposición indígena al acueducto.  
17/08/2015JAL

USA 16/2015

United States of America             

Cultural Rights;   Freedom of religion; Indigenous peoples;

Alleged desecration of Mauna Kea Sacred Mountain located in Hawai’i for the construction of the Thirty Meter Telescope. According to the information received, the construction violates United States of America’s international obligations to protect the human rights of indigenous peoples to participate in cultural life, to freedom of religion and belief and to be meaningfully involved in decision making-processes that impact on their human rights. It is alleged that the decision to adopt the project was made without appropriately consulting the people for whom the mountain has high cultural and religious value, and that no serious consideration was given to alternative locations for the construction. 18/11/2015
24/08/2015UA

ECU 5/2015

Ecuador             

Indigenous peoples;  

Situación de conflicto y enfrentamientos que se están produciendo en su país a partir de la declaración de un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) el día 10 de agosto. Se alegan presuntos allanamientos de moradas cometidos en Saraguro, Provincia de Loja, que no se justificarían por el estado de excepción. De acuerdo a la información recibida, se habría detenido a unas 31 personas en la comunidad de Saraguro, algunas de las cuales se encontraban en sus domicilios. Se han recibido alegaciones de maltrato y abusos en las detenciones. Preocupación por la información recibida sobre la situación de conflictividad social existente y resaltar la dificultad de acceder a información veraz y contrastada de lo que ha sucedido y está sucediendo en diferentes puntos del país como señal de la preocupante situación en la que se podrían producir nuevas y graves violaciones de derechos humanos. 22/09/2015
27/08/2015JAL

PER 4/2015

Peru                    

Hazardous substances and wastes; Indigenous peoples;

Carta de seguimiento respecto a la aplicación de los acuerdos del Acta de Lima para la reparación de las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas afectados por la explotación petrolera del Lote 192 y al proceso de consulta llevado a cabo para la nueva licitación en la zona. Según la información recibida, la ejecución por parte del Gobierno del Perú de las medidas acordadas con las Federaciones indígenas representantes de las comunidades indígenas del Lote 192, en el Departamento de Loreto, para la reparación de las graves violaciones de derechos humanos, resultado de 44 años de explotación petrolera en los territorios indígenas, está siendo lenta, limitada y no se han realizado las acciones previstas sobre los temas centrales de titulación de tierras, estudios de salud y remediación ambiental de la grave situación en la zona. En relación con el proceso de consulta a las comunidades afectadas acordado por el Gobierno con las Federaciones indígenas, se alega que el Estado no ha tenido en cuenta las propuestas presentadas por las comunidades de manera cabal y que dichas consultas no se han realizado con la necesaria buena fe, por lo que es necesario establecer un nuevo proceso de diálogo para superar el fracaso de las conversaciones anteriores antes de la nueva e inminente licitación del Lote. La grave situación de contaminación y sus impactos en los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas en el área fue motivo de dos comunicaciones anteriores, el 5 de diciembre de 2014, véase A/HRC/29/50, caso no. PER 3/2014 y el 28 de mayo de 2015, véase A/HRC/30/27, caso no. PER 1/2015. 26/10/201501/12/201507/12/2015
28/08/2015UA

BRA 6/2015

Brazil                 

Indigenous peoples;  

Allegations regarding the occupation of several properties located in the city of Antônio João, in the state of Mato Grosso do Sul, by the Guarani and Kaiowá people who consider this action to be a reclaiming of their traditional lands, which were recognised as such by a Presidential Decree of 2005. According to the information received, the occupation is being carried out by hundreds of Guarani and Kaiowá people, including elders, women and children, who consider this action to be a reclaiming of their traditional lands (Tekoha Ñanderu Marangatu), which were recognised as such by a Presidential Decree of 2005. There have been allegations of gunshots and violence, including by armed gunmen. Kaiowá and Guarani occupiers have now declared their intention to remain occupying those lands, until their land-claims are settled. The National Public Security Force (Força Nacional de Segurança Pública) has reportedly not yet intervened and it is feared that without their presence the conflict may escalate, possibly resulting in the loss of lives. A previous communication concerning the situation of the Kaiowá and Guarani communities of in the State of Mato Grosso do Sul was sent on 5 August 2015, see above, case no. BRA 4/2015. 18/09/2015
15/09/2015JUA

PHL 5/2015

Philippines        

Human rights defenders; Indigenous peoples;

Allegations concerning the extrajudicial killings of five indigenous family members and three human rights defenders working on indigenous issues in the Mindanao region. According to the information received, on 18 August 2015, five indigenous family members from the Manobo tribe in Bukidnon, Northern Mindanao, including a political and spiritual adviser (known as datu) and one child, were summarily killed. On 1 September 2015, three human rights defenders working on indigenous issues were summarily killed in Liango, Surigao del Sur. They were Mr. Emerito Samarca, the Executive Director of the Alternative Learning Center for Agriculture and Livelihood Development, Mr. Dionel Campos, a member of the Manobo tribe and the chairperson of the Malahutayong Pakigbisog Alang sa Sumusunod (MAPASU), an indigenous peoples organization leading the protests against human rights violations, and Mr. Bello Sinzo, a Manobo tribal chieftain. It is reported that the killings of these eight individuals were carried out by members of Government controlled forces, namely members of the Philippine Army’s 36th Infantry Battalion and Special Forces with members of the Magahat-Bagani Force, and soldiers from the 3rd Special Forces Company of the 1st SF Battalion (within the 403rd Infantry Brigade) respectively.  
17/09/2015JUA

MEX 11/2015

México               

Arbitrary detention;   Human rights defenders;   Independence of judges and lawyers;   Indigenous peoples;

Alegaciones sobre la detención de un abogado, representante legal de comunidades indígenas en la defensa de sus derechos. Según las informaciones recibidas, el 22 de julio de 2015, el abogado Sr. Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez habría acompañado en su calidad de abogado, a miembros de la comunidad indígena de Ayotitlán en la municipalidad de Cuautitlán, estado de Jalisco, quienes se habrían acercado a las instalaciones de la compañía minera Consorcio Minero Benito Juárez Pena Colorada S.A. Una decisión judicial de cesación habría sido otorgada en 2013 en respuesta a un amparo presentado por el Sr. Mosqueda Sánchez. El Sr. Mosqueda Sánchez y miembros de la comunidad se habrían apersonado y habrían presentado copia del amparo. En respuesta, habrían sido hostigados y golpeados por la policía del Estado de Jalisco. El Sr. Mosqueda Sánchez había sido detenido en ese momento y el 30 de julio de 2015 habría sido formalmente acusado de la comisión de delitos graves.  
21/09/2015JAL

PHL 4/2015

Philippines        

Education;   Indigenous peoples;

Allegations concerning a government directive to close community schools and disruption of classes in Mindanao, regions XI and XII, due to systematic attacks reportedly committed by state and alleged paramilitary forces on schools. According to the information received, an official communication from the Department of Education of 12 May 2015 has instructed the closure of at least 24 community schools in Davao (region XI) and Caraga (region XIII), affecting more than 2,800 indigenous children, and their replacement by schools with military personnel as “para-teachers”. Additionally, other community schools in Mindanao have been increasingly disrupted or suspended due to alleged systematic attacks on schools and harassment of teachers, students and parents reportedly perpetrated by state and alleged paramilitary forces, often in collusion with local authorities. 07/01/2016
09/10/2015JUA

BRA 7/2015

Brazil                 

Human rights defenders; Indigenous peoples; Summary executions;

Alleged killing, attempted killing, attacks, death threats and harassment of human rights defenders and indigenous leaders of the Guarani-Kaiowá community in Mato Grosso do Sul, Brazil. According to the information received, on 29 August 2015, indigenous leader Mr. Semião Fernandes Vilhalva, aged 25, was killed by a gun shot during a land recuperation operation in the municipality of Antônio João. On 2 September 2015, indigenous leaders Mr. Tonico Benites, Mr. Eliseu Lopes and Mr. Genito Gomes were followed by two unidentified men in a car near the city of Dourados. The following day, four unknown individuals asked in the community about their whereabouts. On 18 September 2015, unidentified armed men violently attacked the indigenous community in Pyelito kue-Mbarakay, in Iguatemi. They were also searching for community leader Mr. Lide Solano Lopes, who managed to escape. On 19 September 2015, unidentified men attempted to repossess the land in the Tekoha Potrero Guasu indigenous community, in Paranhos, beating several members of the community and shooting and wounding its leader, Mr. Elpídio Pires. Judicial harassment and criminalisation was reported against Ms. Inayê Lopes and Mr. Ismarte Martim for defending their communities’ rights to their ancestral lands. Two earlier communications were sent on 5 and 28 August 2015 respectively regarding the situation of the Kaiowá and Guarani communities in Mato Grosso do Sul, see above, case nos. BRA 4/2015 and BRA 6/2015. 09/12/2015
09/10/2015JAL

IDN 8/2015

Indonesia           

Freedom of expression; Freedom of peaceful assembly and of association; Indigenous peoples; Summary executions;

Alleged excessive use of force by Indonesian security forces in Papua Province resulting in the death of nine individuals, of which seven minors, and injuries to several others. According to the information received, on 8 December 2014, Indonesian security forces shot at a group of demonstrators who were protesting against the ill-treatment of a boy by army personnel in Ipakiye Village, Paniai District, Papua Province. Mr. Simon Degei, aged 18, and three 17-year-old boys died as a result and 17 other members of the indigenous community were injured. On 25 June 2015, a junior high school student was killed and another one injured when members of the Indonesian security forces shot at a group of youth who were requesting a monetary fine to passers by on a road in Desa Ugapuga, Kamu Timur District, Dogiyai Regency, in Papua Province. On 17 July 2015, the Indonesian National Police killed a 15 year old boy and injured eleven other individuals following the burning of a mosque in Karabuga, Tolikara Regency, in Papua Province. On 28 August 2015, members of the Indonesian military forces shot at a crowd after they had complained to them for having driven too fast past a street gathering in Timika, Mimika Regency, in Papua Province. Mr. Yulianus Okoare, aged 18, and Mr. Imanuel Marimau, aged 23, died as a result and four others were wounded. On 28 September 2015, the police killed a 17 year old boy and wounded another in GorongGorong, Timika, after the two students had been reported to the police as troublemakers and their fathers had been accused of being members of the Free West Papua Movement.  
23/10/2015AL

BLZ 2/2015

Belize                 

Indigenous peoples;  

Allegations concerning the lack of implementation of Maya property and other rights arising from customary land tenure, and the ongoing criminal charges concerning Maya villagers arrested on 24 June 2015. According to the information received, the Maya individuals arrested on June 24 2015 are still subject to ongoing criminal charges, and due to appear again in Court on 26 October 2015. In the meantime, construction work seems to be continuing, affecting the indigenous heritage archaeological area of Uxbenká. Updated information has also been received concerning the lack of progress with regard to the implementation of the order by the Caribbean Court of Appeals issued on 22 April 2015 requiring the Government of Belize to identify and protect Maya property and other rights arising from customary land tenure. The Government of Belize has reportedly not yet met with Maya representatives to begin implementation of the order nor has it taken measures not to interfere with this right unless consultation occurs. A previous communication on this subject was sent on 3 July 2015, see above, case no. BLZ 1/2015.  
24/11/2015JUA

BRA 10/2015

Brazil                 

Business enterprises; Environment; Hazardous substances and wastes; Health;   Indigenous peoples; Water and Sanitation;

Alleged detrimental human rights impact caused by the collapse of an ore tailing waste dam in Bento Rodrigues, a sub-district of Mariana municipality in Minas Gerais state belonging to Samarco Mining S.A., a joint venture between Vale S.A. and BHP Billiton Brazil Ltda. According to the information received, 50 million cubic metres of iron ore waste washed away the entire Bento Rodrigues district of 600 inhabitants and the advancing toxic ‘mud wave’ continues to contaminate the soil, rivers, flora and fauna of the entire ecosystem of the region in its downstream path of 850 kilometres towards the sea. From the source of the contamination to the mouth of the sea, around 6 million people are affected by this disaster. The environmental damage to the region is said to be irreparable as the flood waters have produced a dense toxic mud that has entered the River Doce, contaminating it with very high levels of hazardous substances. All cities in the flood path have had water cuts and many residents have had to be taken to hospital for respiratory irritation and intoxication of heavy metals. 11 bodies had been found and 12 persons are still officially missing.  
24/11/2015UA

NIC 5/2015

Nicaragua         

Indigenous peoples;  

Alegaciones sobre la creciente situación de violencia en la Región Autónoma Costa Caribe Norte, en la Mosquitia de Nicaragua. Según la información recibida, los enfrentamientos tienen su origen en la presencia de terceros en territorios del pueblo miskito y sus comunidades, debido a la falta de un proceso real y efectivo de saneamiento de dichos territorios, de acuerdo a lo que señala la ley número 28 (Estatuto de Autonomía) y la ley número 445 sobre el régimen de propiedad comunal. La tensión creciente ha desembocado en diversos incidentes violentos, que han tenido ya como resultado asesinatos, heridos y desplazados, además de daños a los bienes de los comunitarios. Como consecuencia de la violencia reinante en la zona, la información recibida señala un gran número de desplazados, ahora refugiados en las ciudades de Bilwi y Waspan y en la vecina Honduras. Debido a la situación, los miembros de las comunidades no han podido recolectar sus cosechas, por lo que podría estarse produciendo una situación de emergencia humanitaria.  
28/12/2012AL

MEX 36/2012

México               

Indigenous peoples;  

Alegaciones de posibles impactos negativos sobre los derechos humanos del pueblo indígena ikojts (o huave) a raíz de la construcción de un parque eólico en San Dionisio del Mar, Oaxaca. Según la información recibida, en años recientes, el Gobierno federal mexicano y el gobierno estatal de Oaxaca han promovido un proyecto eólico que afectaría las tierras tradicionales de la comunidad de San Dionisio del Mar y de las demás comunidades que conforman el pueblo ikojts, las cuales son formalmente reconocidas como tierras comunales bajo el régimen agrario nacional. Se alega que el proyecto eólico en San Dionisio del Mar no fue debidamente autorizado por la asamblea comunitaria, la cual es la principal entidad representativa compuesta por miembros de la comunidad. La principal preocupación expresada por miembros del pueblo ikojts en relación con el proyecto eólico gira en torno a los posibles impactos ambientales que generaría la construcción del proyecto eólico sobre el mar, las lagunas, las áreas costeras y los manglares de los que dependen para sus actividades tradicionales de pesca a lo largo del Golfo de Tehuantepec y el complejo lagunar Huave. 29/01/201313/10/2015
07/11/2013JAL

CAN 4/2013

Canada              

Freedom of peaceful assembly and of association; Human rights defenders; Indigenous peoples;

Allegations concerning discrimination in funding and retaliation acts against Ms Cindy Blackstock, Executive Director of the First Nations Child and Family Caring Society of Canada. According to the information received, in 2007, the First Nations Child and Family Caring Society of Canada filed a complaint against the Government of Canada before the Canadian Human Rights Tribunal alleging discrimination in the funding provided to First Nations for child welfare. Reportedly, after the case was filed in 2007, Ms Blackstock and the First Nations Child and Family Caring Society of Canada experienced what they perceived as several forms of retaliation by the Government of Canada. This allegedly included the monitoring of Ms Blackstock’s personal Facebook page, her professional meetings and presentations, and her Indian Status registry. 10/01/201410/01/201409/10/2015
26/01/2015JUA

ECU 1/2015

Ecuador             

Freedom of expression; Freedom of peaceful assembly and of association; Human rights defenders; Indigenous peoples;

Alegaciones sobre el desalojo repentino e injustificado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) de un inmueble en comodato con el Ministerio de Asuntos Económicos y Sociales (MIES). Según información recibida, el 11 de diciembre de 2014, el Gobierno de Ecuador, mediante el MIES, habría notificado a la CONAIE la terminación unilateral del contrato de comodato presuntamente válido por 30 años (1984 – 2021). El motivo habría sido la necesidad urgente de utilizar el edificio para un programa de desintoxicación. La CONAIE habría recibido un plazo de 15 días hábiles (hasta el 6 de enero de 2015) para desalojar los locales que, además, habría remodelado recientemente, agregando dos nuevas plantas. El edificio sería símbolo importante de las demandas indígenas y sociales de tres décadas en el país. El presunto entorno crecientemente restrictivo e intimidatorio para las organizaciones de la sociedad civil en Ecuador, en particular aquellas en pro de los derechos indígenas, ha sido objeto de cinco comunicaciones previas enviadas el: 30 de noviembre de 2011, referencia A/HRC/19/44, caso ECU 3/2011; 16 de septiembre de 2013, referencia A/HRC/25/74, caso ECU 1/2013; 4 de octubre de 2013, referencia A/HRC/25/74, caso ECU 2/2013, 31 de diciembre de 2013, referencia A/HRC/26/21, caso ECU 4/2013 y el 5 de septiembre de 2014, caso ECU 2/2014. Los Procedimientos Especiales lamentan no haber recibido aún ninguna respuesta a estas comunicaciones. 02/07/2015
 

Victoria Tauli-Corpuz

On line

We have 165 guests online
You are here  : Home Cases Case 2016 Communications sent, 1 June to 30 November 2015; Replies received, 1 August 2015 to 31 January 2016