UNSR Victoria Tauli-Corpuz

Communications sent, 1 December 2014 to 28 February 2015; Replies received, 1 February to 30 April 2015 Print

Human Rights Council
Twenty-ninth session
15 June - 3 July 2015

A/HRC/29/50

Communications report of Special Procedures*


Communications sent, 1 December 2014 to 28 February 2015;
Replies received, 1 February to 30 April 2015

* The present report is circulated as received.

PDF Full Report

Date
Type
Case N°
Country
Mandates
Summary of the allegation transmitted
Reply
 
08/12/2014
JUA
PER 3/2014
Peru
Indigenous peoples; Toxic waste; Supuesto incumplimiento por el gobierno de las recomendaciones del anterior Relator Especial, Sr. James Anaya, relacionadas con el caso de la contaminación petrolera en territorios indígenas en el denominado Lote 1-AB (actual Lote 192) ubicado en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, departamento de Loreto, donde viven los pueblos indígenas quechuas, kichwas, kukamas y urarinas. Según la información recibida, el remedio acordado no ha conducido a resultados concretos y no se ha llevado a cabo el diálogo previo al proceso de concesión de licencias. A pesar del acuerdo firmado entre organizaciones indígenas y Perupetro (la empresa estatal de derecho privado que promociona, negocia, suscribe y supervisa contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú) en febrero de 2013, Perupetro publicó el 7 de noviembre de 2014 en la prensa nacional que el proceso de licitación del Lote 1-AB comenzaría el 15 de diciembre.
 
22/12/2014
JAL
GTM 8/2014
Guatemala
Disappearances; Human rights defenders; Independence of judges and lawyers; Indigenous peoples; Torture; Truth, justice, reparation & guarantees on non-rec; Violence against women; Alegaciones sobre la posible aplicación de una amnistía por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, retrasos en el proceso judicial y alegaciones relativas a la falta de garantías de imparcialidad e independencia en la selección de magistrados de la Corte Suprema y salas de apelaciones. Según las informaciones recibidas, los retrasos debidos a la anulación de una fase del debate del juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el ex Jefe de Estado Sr. Efraín Ríos Montt; la posible re-victimización de los testigos y víctimas si tuvieran que volver a dar testimonio; la posible aplicación de una amnistía a delitos que constituirían violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y genocidio; así como la falta de garantías para la imparcialidad e independencia de la justicia señaladas en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema y salas de apelaciones, vulnerarían el derecho a la verdad y el acceso a la justicia para las víctimas y familiares de violaciones graves de los derechos humanos cometidas en Guatemala durante el conflicto armado interno. Esta comunicación se refiere a comunicaciones anteriores enviadas el 18 de agosto de 2014, ver A/HRC/28/85, caso no. GTM 5/2014; el 2 de mayo 2014, ver A/HRC/27/72, caso no. GTM 4/2014; el 30 de octubre 2013, ver A/HRC/25/74, caso no. GTM 9/2013; el 17 de mayo 2013, ver A/HRC/24/21, caso, no. GTM 5/2013; y el 15 de marzo 2013, ver A/HRC/24/21, caso no. GTM 2/2013.
26/01/2015
JUA
ECU 1/2015
Ecuador
Freedom of expression; Freedom of peaceful assembly and of association; Human rights defenders; Indigenous peoples; Alegaciones sobre el desalojo repentino e injustificado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) de un inmueble en comodato con el Ministerio de Asuntos Económicos y Sociales (MIES). Según información recibida, el 11 de diciembre de 2014, el Gobierno de Ecuador, mediante el MIES, habría notificado a la CONAIE la terminación unilateral del contrato de comodato presuntamente válido por 30 años (1984 – 2021). El motivo habría sido la necesidad urgente de utilizar el edificio para un programa de desintoxicación. La CONAIE habría recibido un plazo de 15 días hábiles (hasta el 6 de enero de 2015) para desalojar los locales que, además, habría remodelado recientemente, agregando dos nuevas plantas. El edificio sería símbolo importante de las demandas indígenas y sociales de tres décadas en el país. El presunto entorno crecientemente restrictivo e intimidatorio para las organizaciones de la sociedad civil en Ecuador, en particular aquellas en pro de los derechos indígenas, ha sido objeto de cinco comunicaciones previas enviadas el: 30 de noviembre de 2011, referencia A/HRC/19/44, caso ECU 3/2011; 16 de septiembre de 2013, referencia A/HRC/25/74, caso ECU 1/2013; 4 de octubre de 2013, referencia A/HRC/25/74, caso ECU 2/2013, 31 de diciembre de 2013, referencia A/HRC/26/21, caso ECU 4/2013 y el 5 de septiembre de 2014, caso ECU 2/2014. Los Procedimientos Especiales lamentan no haber recibido aún ninguna respuesta a estas comunicaciones.  
23/02/2015
JAL
NIC 1/2015
Nicaragua
Business enterprises; Environment; Freedom of expression; Freedom of peaceful assembly and of association; Human rights defenders; Indigenous peoples; Terrorism; Alegaciones de disolución de asambleas pacíficas con uso excesivo de la fuerza y detención arbitraria de manifestantes acusados de delitos de terrorismo y exposición de personas al peligro, en el marco de protestas pacíficas contra la construcción del canal interoceánico en Nicaragua. Según la información recibida, el proyecto de construcción del canal interoceánico otorgado a la Empresa china HKND Group habría sido aprobado sin estudios del impacto medioambiental y sin consultar con las poblaciones locales directamente afectadas por las obras. A su vez, se nos reporta que hacia fines de diciembre, habrían tenido lugar protestas pacíficas en las carreteras, en contra del proyecto y/o para denunciar irregularidades, las cuales habrían sido violentamente reprimidas por la Policía Nacional. Cerca de 90 personas, entre las que se encuentran los Sres. Octavio Vicente Ortega Arana, Ronald Iván Henrique Delgado, Danilo Lorio, Freddy Antonio Orozco, Jairo Moisés Lazo Gaitán y Manuel Vega, habrían sido arrestadas de forma arbitraria y acusadas de los delitos de terrorismo y exposición de personas al peligro. Ocho días después de los arrestos, todas estas personas habrían sido liberadas. Se expresa preocupación por la dispersión violenta y criminalización de reuniones pacíficas y por el uso excesivo de la fuerza, entre otros.  
 

Victoria Tauli-Corpuz

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