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Observaciones sobre cómo fortalecer el acceso a la justicia y la protección frente a la violencia en el caso de las mujeres indígenas Imprimir

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Observaciones sobre cómo fortalecer el acceso a la justicia
y la protección frente a la violencia en el caso de las mujeres indígenas

Presentación de Victoria Tauli-Corpuz,
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas

para el

Seminario sobre "Experiencias en litigio de los casos de violencia contra las mujeres
y el acceso de las mujeres a la justicia en Centroámerica" - Guatemala

Febrero de 2016

Introducción

El actual proceso del caso Sepur Zarco en Guatemala representa un momento histórico de importancia para subrayar la necesidad de garantizar el acceso a la justicia para las mujeres indígenas, que han sido uno de los sectores de la población más vulnerables tanto en Guatemala como en otros lugares del mundo. Como señaló la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, las mujeres indígenas mayas constituye la mayoría de las mujeres víctimas de violación durante el conflicto armado del país, lo que generó un profundo trauma y vergüenza en las mujeres y en sus comunidades (CEH, p. 35),[1] un aspecto más de la violencia y el genocidio sufrido por el pueblo maya durante el conflicto armado. Pero hay que señalar que las mujeres indígenas en Guatemala han sido víctimas de la violencia y de otras violaciones de sus derechos humanos antes, durante y después del conflicto armado, lo que hace necesario que se consideren los obstáculos socioeconómicos, culturales y de otro tipo, tanto históricos como actuales, que han permitido y permiten los actos de violencia contra las mujeres indígenas e impiden su acceso a la justicia.

Para poder enfrentar estos factores interrelacionados, son necesarios esfuerzos concertados de los representantes de los pueblos indígenas, la sociedad civil y los representantes del Gobierno, que tengan en cuenta dichos factores concomitantes y también el carácter tanto individual como colectivo de los problemas y de las reparaciones necesarias. En este documento, presentaré unas observaciones sobre los estándares de derechos humanos relevantes en relación con los derechos de los pueblos indígenas, incluido su derecho al acceso a la justicia, sobre la necesidad de comprender las dimensiones culturales y colectivas de las violaciones de los derechos, sobre la violencia racista, sexual y de género contra las mujeres indigenas, y plantearé algunas recomendaciones sobre reparación y posibles reformas necesarias para enfrentar estas formas de violencia contra las mujeres indígenas.

Normas internacionales pertinentes sobre los derechos de los pueblos indígenas

De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, los pueblos indígenas tienen el derecho al pleno disfrute, como colectivo y como individuos, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas en el derecho internacional sobre los derechos humanos (artículo 1). Esto incluye el derecho de las personas indígenas a "la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona", e incluye también los derechos colectivos de los pueblos indígenas a "vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y a no [ser] sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún acto de violencia [...]" (artículo 7). La Declaración señala que "[l]os Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación" (artículo 22). Además, la Declaración afirma que los derechos y libertades en ella reconocidos se deben garantizar por igual al hombre y a la mujer indígenas (artículo 44).

La Declaración afirma el derecho de los pueblos indígenas a "procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos." Las decisiones deberán además tener en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistema jurídicos de los pueblos indígenas, y las normas internacionales de derechos humanos (artículo 40). Es importante señalar que un componente esencial de la norma internacional del acceso a la justicia aplicable a los pueblos indígenas es la especial consideración de sus culturas, lenguas, tradiciones y de su particular situación socio-económica. Según la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, los Estados deben garantizar a los pueblos indígenas el derecho a la tutela judicial efectiva teniendo en cuenta sus especificidades, sus características sociales y económicas además de su situación de especial vulnerabilidad, sus derechos consuetudinarios, valores y costumbres.[2]

En un caso relativo a una mujer maya y a su hija, que desaparecieron durante el conflicto armado en Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que los familiares de las víctimas tuvieron que enfrentarse a obstáculos sociales, culturales y lingüísticos cuando intentaban conseguir que las autoridades llevaran a cabo investigaciones sobre el destino de las víctimas. La Corte afirmó que para garantizar el acceso a la justicia de los familiares sin obstáculos ni discriminación, "el Estado debe asegurar que [...] puedan comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales iniciados, facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces para tal fin" y deberá también garantizar que las víctimas "no tengan que hacer esfuerzos desmedidos o exagerados para acceder a los centros de administración de justicia encargados de la investigación [de su] caso."[3]Cuando se han producido violaciones de los derechos humanos de personas indígenas, incluidos casos de violencia contra mujeres y niñas indígenas, la Corte Interamericana ha dictaminado también que la obligación del Estado de "reparar en un caso que involucre víctimas pertenecientes a una comunidad indígena, puede requerir de medidas de alcance comunitario."[4]

Consideraciones particulares en relación con la situación de las mujeres indígenas

Me gustaría ahora subrayar algunas observaciones pertinentes que realicé en mi informe de 2015 ante el Consejo de Derechos Humanos en relación con los derechos de las mujeres y las niñas indígenas. En dicho informe, señalé la necesidad de que se prestara atención al vínculo entre los derechos individuales y colectivos y cómo las formas concomitantes de discriminación y vulnerabilidad contribuyen a las actuales violaciones de los derechos de las mujeres indígenas.[5] Como es bien sabido, las mujeres indígenas sufren el racismo, la discriminación y la discriminación de género a diferentes niveles, por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas. Y el racismo, la discriminación y la marginación históricamente sufridos por los pueblos indígenas hace que las mujeres indígenas sean particularmente vulnerables a diferentes formas de violencia, incluida la violencia sexual y la esclavitud sexual. Esta violencia racista, de género y sexual contra las mujeres indígenas no ha sido examinada con suficiente atención, y no se ha hecho justicia para la mayoría de las víctimas de tales crímenes.

Por ello, es importante entender las particulares experiencias históricas de las comunidades indígenas y el fuerte elemento intergeneracional de muchas de las formas de violencia y abusos que han sufrido las mujeres y niñas indígenas. Estas incluyen los ataques pasados y presentes contra las culturas, tierras, recursos naturales, autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas.[6]Como señalé en mi informe, miembros del ejército han utilizado la violencia sexual como un arma para debilitar la determinación de los pueblos indígenas en casos de disputas sobre derechos a las tierras y los recursos.[7] Entiendo que los actos de violencia contra las mujeres mayas que se alegan en el caso de Sepur Zarco se produjeron en un contexto en el que, antes de los hechos en cuestión, miembros del ejército hicieron desaparecer a los maridos de las víctimas que intentaban que se reconociesen los derechos a las tierras de sus comunidades.

Debe entenderse el fuerte vínculo que mantienen los miembros de los pueblos indígenas, incluidas las mujeres, con sus tierras y comunidades ancestrales. Además, el papel y el lugar que ocupa la mujer en las sociedades, culturas y cosmovisiones indígenas es importante para poder evaluar la magnitud del impacto de los actos de violencia sexual y otras violaciones de derechos humanos en las mujeres indígenas. El cómo se percibe la violencia sexual y de otro tipo contra las mujeres desde el punto de vista de cada cultura indígena específica tiene también implicaciones para las mujeres víctimas y supervivientes. Las consecuencias pueden variar desde un efecto de desmoralización individual y colectiva por causa de la violencia, al socavamiento de los roles y relaciones culturales y familiares o a formas más profundas de estigmatización social dentro de las comunidades de las propias mujeres indígenas. En cualquier caso, la violencia perpetrada se extiende también a las familias y comunidades de las mujeres. Por lo tanto, el tejido social y cultural de muchos pueblos y comunidades indígenas puede verse gravemente afectado en formas que son fundamentalmente distintas al caso de otros sectores de la población.

Formulación de las reformas y reparación necesarias para beneficiar a las mujeres indígenas

Es evidente que, de acuerdo con sus compromisos internacionales de derechos humanos, el estado de Guatemala debe adoptar medidas para reparar las violaciones de derechos humanos sufridas por mujeres indígenas, incluidos los obstáculos a los que se enfrentan para acceder a la justicia. Como recomendó la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias en su informe de 2011 (A/HRC/17/26), los Estados deben adoptar un enfoque holístico para hacer frente a la violencia contra las mujeres basado en la indivisibilidad y universalidad de todos los derechos humanos, que reconozca las múltiples interconexiones entre las distintas formas de violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, y que responda a las formas múltiples y concomitantes de discriminación. Para encontrar soluciones a estos problemas, el Estado podría colaborar y consultar a las mujeres indígenas, las organizaciones de los pueblos indígenas y a la sociedad civil.

En muchos países, la discriminación y el racismo siguen insertos en las sociedades dominantes, incluidas las instituciones estatales como la policía, el ejército o los sistema de justicia. Esta es una realidad a la que hay que enfrentarse de forma holística y sistémica. Deben evaluarse las actitudes, comportamientos y prácticas discriminatorias y sexistas de hombres militares y policías tienen cuando se examinan las situaciones de violencia contra las mujeres indigenas. Es necesario reconocer los efectos pasados y presentes de la colonización en las vidas de las mujeres indígenas. Debe explorarse con mayor detenimiento y resolverse la desigualdad estructural a la que se enfrentan y las causas profundas de la violencia de género, racista y sexual que sufren, para que puedan alcanzarse soluciones duraderas.

Al formular reparaciones para las mujeres indígenas que han sido victimas de la violencia, es necesario no solo garantizar el enjuiciamiento y sanción de las personas responsables de los actos de violencia, sino también considerar los daños materiales e inmateriales sufridos por las mujeres indígenas, que pueden exigir reparaciones individuales y, en algunos casos, colectivas. Las reparaciones colectivas deberían incluir la eliminación de los impedimentos legales, socioeconómicos y de otro tipo que sufren los miembros de los pueblos indígenas, incluidas las mejes, cuando intentar conseguir justica por la violación de sus derechos humanos. También deberían incluir medidas para resolver problemas de derechos colectivos sobre las tierras, los recursos naturales y otros que, muchas veces, subyacen a los episodios de violencia contra las mujeres indígenas.

Debe alentarse un debate para que se lleven a cabo amplias reformas políticas, legales e institucionales que garanticen el acceso de las mujeres indígenas a la justicia, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares, sus características sociales, su situación de especial vulnerabilidad y sus culturas, valores y costumbres. En mi último informe anual recomendaba el establecimiento de tribunales especiales que puedan responder de manera culturalmente apropiada a las necesidades individuales de las mujeres indígenas que buscan justicia por violaciones de sus derechos humanos. Dichos tribunales podrían responder de manera sistémica a las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres indígenas y mantener vínculos y coordinación efectivos con los sistemas de justicia indígena.[8]

En algunos casos presentados ante el sistema interamericano en relación con la violencia contra las mujeres indígenas, se han solicitado o sentenciado diversas formas de reparación por la Corte Interamericana que implican reformas legales, políticas y programáticas específicas, además de atención médica y de salud. Los siguientes comentarios se basan parcialmente en algunas de las reparaciones propuestas.[9]

La prestación de asistencia legal especializada o programas de asistencia legal para mujeres indígenas que quieran exigir justicia en tribunales estatales u otros foros para ejercer sus derechos u obtener reparaciones, serían un avance importante para mejorar el acceso a la justica. Podrían establecerse divisiones especiales dentro de los organismos de administración de justicia del Estado, como el Ministerio Público o la Fiscalía, para investigar y juzgar casos que involucren a mujeres indígenas víctimas de violencia. Todas estas instituciones requerirían, por supuesto, de los recursos técnicos y financieros necesarios, y deberían además ser accesibles a las mujeres indígenas desde un punto de vista geográfico y cultural.

Podrían promoverse programas especiales de capacitación para funcionarios del Estado para que pudieran evaluar, prevenir e investigar casos de violencia y adoptar medidas adecuadas. Además, deberían desarrollarse protocolos específicos para investigar actos de violencia sexual y de otro tipo contra las mujeres indígenas que fueran sensibles desde el punto de vista cultural y que incorporasen los estándares internacionales para la investigación y recopilación de evidencias en este tipo de casos. Estos programas y protocolos podrían desarrollarse con la ayuda de representantes de las mujeres indígenas para garantizar que se tienen debidamente en cuenta sus perspectivas y sus culturas y cosmovisiones particulares.

A través de medidas legales, de política u otras debería promoverse también la adecuada atención médica, psicológica y de otro tipo que necesitan las mujeres víctimas de violación y sus familias, para así facilitar su recuperación y la reinserción en sus comunidades. Estos servicios de salud deberían desarrollarse en coordinación y consulta con las mujeres indígenas y contar con recursos para el personal e instalaciones necesarios. El personal encargado de estos servicios debería proceder de las comunidades indígenas o recibir capacitación cultural adecuada. Además, me gustaría subrayar que cuando los casos de violencia contra las mujeres han llevado a la ruptura de las relaciones familiares o comunitarias, deberían apoyarse medidas para promover la restauración de la armonía para las mujeres indígenas y otros miembros de la comunidad indígena, teniendo en cuenta las prácticas tradicionales culturales, ceremoniales y de otro tipo de la propia comunidad indígena y sus cosmovisiones.

Son también necesarios programas de educación permanentes sobre derechos humanos para los miembros de la policía y el ejército en los que se incluyan modos de erradicar las actitudes y prácticas racistas, discriminatorias y sexistas y de prevención de las múltiples formas discriminación que experimentan las mujeres indígenas. Estos programas deberían promover el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas (incluido el respeto a sus derechos a sus tierras y recursos, culturas y a la consulta y el libre consentimiento informado previo), y sobre la protección de los derechos de las mujeres.

Por último, es también importante promover campañas eficaces de sensibilización entre el Gobierno y la población en general sobre el problema de la violencia contra la mujer y las formas concomitantes de violaciones de los derechos humanos y de discriminación que sufren las mujeres indígenas.

Conclusión

Como se indicó anteriormente, las mujeres indígenas sufren diversas formas concomitantes de discriminación que las hace vulnerables a la violencia sexual, la esclavitud sexual y otras violaciones graves de los derechos humanos. La solución a estos problemas debe basarse en el conocimiento de las historias, culturas y otras circunstancias específicas de las mujeres indígenas como miembros de pueblos y comunidades indígenas. Los daños sufridos se producen a nivel individual y colectivo y, por ello, las medidas que deben adoptarse para reparar estas violaciones deben tener un enfoque tanto individual como colectivo, dependiendo de cada circunstancia.

El caso de Sepur Zarco, que se juzga en estos momentos en los tribunales de Guatemala, debería servir como base para un mayor diálogo y sensibilización en el nivel nacional no solo sobre las persistentes heridas y el legado del conflicto armado, sino también sobre la necesidad de adoptar las muy necesarias reformas legales, de políticas y de otro tipo para responder a la violencia contra las mujeres indígenas y a la discriminación que sufren como miembros de los pueblos indígenas. Es una oportunidad para reestructurar las dinámicas y relaciones sociales, culturales y políticas existentes que han perpetuado los actos de violencia contra miembros de los pueblos indígenas, incluidas las mujeres indígenas. Por lo tanto, es una oportunidad y un paso esencial para conseguir una justicia reparadora para los pueblos indígenas en Guatemala y en otros países.

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NOTAS

[1] Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala: Memoria del Silencio – Conclusiones y Recomendaciones (1999), p. 35.

[2] Corte IDH., Caso comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 63; y Corte IDH, Case de la comunidad indígena de Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Sentencia de 29 de marzo de 2006, párrafos 82,83.

[3] Corte IDH., Caso Tiu Tojín vs. Guatemala, Sentencia de 26 de noviembre de 2008, párrafo 100.

[4] Corte IDH, Case Rosendo Cantú y otros vs. México, Sentencia de 31 de agosto de 2010, párrafo 206; Aloeboetoe y otros vs.Surinam, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, párr. 96,97; caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala, Sentencia de 19 de noviembre de 2004, párr. 86; y Caso de la comunidad Moiwana vs.Surinam, Sentencia de 15 de junio de 2005, párr. 194.

[5] A/HRC/30/41, párr. 8.

[6]A/HRC/30/41, párr. 12.

[7]A/HRC/30/41, párr. 47(c).

[8]A/HRC/30/41, párr. 78(e).

[9] Para más información, véase, por ej., Corte IDH, Caso de Rosendo Cantú y otros vs. México, Sentencia de 31 de agosto de 2010, párr. 230-268, 295(9)-(25).

 

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