UNSR Victoria Tauli-Corpuz

Riesgos y desafíos actuales para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas en América Latina Imprimir

Vicky Tauli-CorpuzIntervención de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.

Reunión de Puntos Focales de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas.

Nueva York, 15 y 16 de octubre de 2017

Introducción

Buenas tardes, soy Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Quisiera reiterar mi agradecimiento a todos los organizadores de este evento por su invitación para participar en este importante panel sobre los desafíos actuales en relación con la prevención de las atrocidades en América Latina.

Como señalé esta mañana, mi mandato se centra fundamentalmente en examinar los obstáculos, desafíos, barreras y buenas prácticas existentes en relación con el disfrute de los derechos de los pueblos indígenas. Mi trabajo está guiado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ('Declaración de la ONU') y otros instrumentos internacionales pertinentes que afirman los derechos de los pueblos indígenas.[1]

La mayoría de los estados de América Latina votaron a favor de la Declaración de la ONU, que representa el consenso internacional actual sobre los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas, en consonancia con tratados internacionales ampliamente ratificados. La mayor parte de los Estados latinoamericanos han ratificado el Convenio nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo ('Convenio169 de la OIT'). Como Partes de los instrumentos interamericanos de derechos humanos, los Estados de la región deben igualmente considerar la jurisprudencia interpretativa de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos en relación con los derechos de los pueblos indígenas. En diferente escala, muchas de las Constituciones de la región reconocen derechos de los pueblos indígenas y permiten la aplicación directa de los instrumentos internacionales de derechos humanos en el nivel nacional. Por lo tanto, en toda América Latina hay firmes cimientos legales para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Pero, pese a ello, la realidad cotidiana de los pueblos indígenas demuestra que existen obstáculos significativos para la aplicación de estos compromisos internacionales de derechos humanos.

La situación actual de los pueblos indígenas en la región en términos sociales, económicos y políticos se ha visto condicionada por procesos históricos que han tenido como resultado la especial vulnerabilidad y los problemas de derechos humanos que sufren. El Preámbulo de la Declaración de la ONU reconoce que "los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y la enajenación de sus tierras, territorios y recursos." El tipo de injusticias históricas mencionadas incluyen la aniquilación de los pueblos indígenas y la destrucción total de culturas, creencias y sistemas de conocimiento, además de otras graves violaciones de los derechos humanos. Hoy en día, para los pueblos indígenas sigue siendo muy real la enajenación de sus tierras y las consecuencias que se derivan de ella, un ejemplo del tipo de circunstancias que el actual marco legal sobre atrocidades debería intentar prevenir.

Los instrumentos legales internacionales que antes mencioné reconocen la especial relación que los pueblos indígenas tienen con sus tierras, territorios y recursos naturales ancestrales, que son la base de sus culturas y de su identidad como pueblos diferentes. También señalan que los Estados tienen la responsabilidad de reconocer legalmente las tierras y recursos naturales indígenas y de protegerlos frente a acciones de agentes estatales o de terceras partes que pudieran afectar a la integridad de las mismas. Además, según estos instrumentos internacionales, los derechos indígenas fundamentales a la propiedad, la cultura, la religión y otros tienen una dimensión colectiva.

De acuerdo con la Declaración, "los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún acto de violencia (...)" (artículo 7). Además de los derechos a no sufrir la destrucción de sus culturas, la propaganda racista o la discriminación, la Declaración se refiere también a los mecanismos eficaces que los Estados deben establecer para evitar y reparar acciones que "tengan por objeto o consecuencia privar a los pueblos indígenas ... de sus valores culturales o su identidad étnica" o "enajenarles de sus tierras, territorios o recursos" (arts. 7 y 8).

Entre los graves problemas a los que los pueblos indígenas se enfrentan actualmente se encuentran los proyectos extractivos, energéticos, de infraestructuras y otros proyectos de inversión desarrollados o propuestos en sus territorios por parte de agencias gubernamentales o empresas privadas. Para muchos pueblos indígenas, estas actividades son manifestaciones actuales de los procesos históricos que les han desposeído de sus tierras y que amenazan su cohesión social y cultural y su supervivencia física. Los pueblos indígenas de la región demandan ser consultados, y que se obtenga su consentimiento libre, previo e informado antes de la aprobación de esos proyectos. Por esta razón la cuestión de la aplicación y regulación nacionales de la consulta y el consentimiento previos, reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y en otras fuentes jurídicas antes mencionadas, se ha convertido en un tema de debate en toda la región.

Representantes gubernamentales y del sector privado han afirmado, en muchos países, que la consulta y el consentimiento no suponen un derecho al veto y, en esta línea de pensamiento, se caracteriza a los pueblos indígenas como contrarios al desarrollo y el progreso nacional. Esto es muy preocupante, ya que los dirigentes indígenas que expresan su oposición y desacuerdo con estas actividades se enfrentan, en muchos casos, a campañas sostenidas de estigmatización, a la criminalización, a amenazas de muerte, acoso e incluso la muerte.

La consulta y el consentimiento son salvaguardas dirigidas a proteger los derechos de los pueblos indígenas y a revertir siglos de exclusión, cuando importantes decisiones que impactaban en sus vidas, tierras y culturas las tomaban otros sin su participación y sin respeto a su libre determinación y otros derechos humanos. Antes de la autorización de esas actividades, deben llevarse a cabo estudios independientes de impacto social, ambiental y cultural, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia interamericana, para evaluar los impactos en todos los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esta es una práctica que debe adoptarse y aplicarse por los gobiernos nacionales como medida que puede ayudar a prevenir o mitigar los graves impactos que producen las actividades extractivas u otras similares.

Otros acontecimientos recientes han amenazado también la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas. Entre ellos están los conflictos armados en países como Guatemala, donde la Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluyó que se habrían cometido actos de genocidio contra el pueblo indígena maya, que representaba a la mayor parte de las víctimas del conflicto armado. Los efectos de este conflicto de 36 años, que concluyó en 1996, todavía perduran, y se sigue pidiendo justicia y reparación. En febrero de 2016, participé en un seminario sobre el caso de Sepur Zarco, en el que 15 mujeres maya habían presentado cargos contra oficiales del ejército por actos de violencia sexual perpetrados en 1982, durante el conflicto. Los militares fueron declarados culpables de crímenes contra la humanidad. Este caso es un ejemplo de la dimensión de género de las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres indígenas. Como señalé en el seminario, es necesario entender las formas concomitantes de discriminación a las que se enfrentan las mujeres indígenas y los contextos particulares en que se producen estos casos de violencia, en particular en relación con disputas territoriales y otras presiones externas que afectan a sus comunidades.

En Colombia, los pueblos indígenas se han visto desproporcionadamente afectados por el conflicto armado. La Corte Constitucional de Colombia determinó en su Auto 004 de 2009 que ciertos pueblos indígenas están en riesgo de extinción debido a los impactos diferenciados causados por la presencia de actores armados en sus territorios, que incluyen los desplazamientos forzados y actos de violencia que amenazaron su supervivencia física y cultural. La Corte ordenó al Gobierno que adoptara planes especiales de salvaguarda étnica, en consulta con estos pueblos indígenas, para, entre otras cosas, prevenir los impactos desproporcionados del conflicto, proteger sus territorios, proteger a los dirigentes indígenas en riesgo debido a su activismo, fortalecer su integridad social y cultural, y desarrollar medidas sobre la verdad, justicia, reparación y no recurrencia.

Medidas específicas similares de protección son también necesarias en otros contextos nacionales en que los pueblos indígenas han sufrido graves amenazas a su supervivencia física y cultural debido a la presencia de narcotraficantes, el crimen organizado, intereses agro comerciales, madereros y mineros legales e ilegales y otros grupos de foráneos que han ingresado en territorios indígenas sin su consentimiento. Estos son riesgos específicos a los que se enfrentan los pueblos indígenas en países que he visitado, como es el caso de Paraguay, Honduras y Brasil. Los gobiernos deben buscar soluciones que resuelvan los problemas multidimensionales que sufren los pueblos indígenas y emprender acciones sistemáticas para salvaguardar las vidas, tierras, territorios, culturas y recursos naturales de los pueblos indígenas.

Los problemas descritos son particularmente graves para los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario y en contacto inicial en las regiones de Amazonía y el Chaco. Estos grupos específicos se enfrentan a gravísimas amenazas para su supervivencia física y cultural debido a su vulnerabilidad inmunológica y a las crecientes presiones sobre sus territorios producidas por actores externos y por actividades extractivas, de desarrollo y de infraestructuras promovidas por los Estado. Estas presiones territoriales han causado una creciente oleada de contactos e interacciones en las regiones fronterizas de Perú y Brasil, algunos iniciados por los propios pueblos indígenas en aislamiento como resultado de las difíciles condiciones en las que se encuentran debido a las incursiones en sus tierras. Recientemente se ha informado en Brasil sobre masacres de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial en la región del Vale do Javarí, presuntamente cometidas por mineros ilegales. El caso ha sido causa de alarma nacional e internacional.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos han publicado directrices e informes especiales que señalan los estándares de derechos humanos aplicables a estos pueblos.[2] Ambos instrumentos establecen los principios de no contacto como expresión del derecho de libre determinación de estos pueblos, de intangibilidad de sus territorios y del principio de precaución, según el cual deben evitarse acciones que pudieran suponer un riesgo potencial para la vida, la salud, el bienestar y otros derechos humanos de estos pueblos indígenas, incluso en el caso de que no se disponga de evidencias científicas concluyentes al respecto.

La situación de derechos humanos de estos pueblos indígenas y el nivel del aplicación de los estándares mencionados fue el tema de una reunión de trabajo en la que participé en Lima, Perú, en Junio de este año. A la reunión asistieron representantes de instituciones gubernamentales e intergubernamentales, representantes indígenas, ONG, expertos y académicos. Las conclusiones resultantes de este evento evidencian la necesidad de que los Estados de la región redoblen sus esfuerzos para proteger los territorios de estos grupos indígenas frente a la presencia y acciones de agentes del Estado y de terceras partes. Junto con una mejor coordinación institucional a nivel nacional, es también necesaria la coordinación interestatal para resolver las amenazas que sufren estos pueblos indígenas a través de las fronteras. Se subrayó también que las comunidades indígenas vecinas y otras comunidades deben estar incluidas en la formulación y aplicación de las medidas de protección para estos pueblos, incluidos los protocolos de salud y de contingencia, los sistemas de alerta temprana y las medidas de prevención de conflictos.

Los participantes expresaron también la necesidad de que las instituciones y organizaciones internacionales de derechos humanos redoblen sus esfuerzos. Se pidió una mayor colaboración entre mi mandato, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos y la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger. Es evidente que la situación de los derechos humanos de estos grupos particulares de pueblos indígenas debería ser parte de la agenda, planes de acción y programas de los organismos políticos de alto nivel de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

La situación de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial refleja la necesidad de evitar que se repita la historia que los pueblos indígenas de América Latina han vivido durante siglos y que ha llevado a la pérdida de vidas y culturas debido a la enajenación violenta, las guerras, la colonización, las enfermedades y otros factores externos.

Tengo la esperanza de que a través del trabajo de la Red Latinoamericana y otras organizaciones internacionales dedicadas a la prevención de atrocidades, se prevengan en el futuro acciones que puedan poner en riesgo la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas.

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NOTAS

[1] A/HRC/RES/33/12.

[2] OACNUDH, Directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial en la región amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay (2012); y ComIDH, Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas: recomendaciones para el pleno respeto a sus derechos humanos (2013).

 

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