UNSR Victoria Tauli-Corpuz

Presentación de la Relatora Especial ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas de su informe sobre su misión a México Imprimir

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Presentación de la Relatora Especial de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas Victoria Tauli-Corpuz
de su informe sobre su misión a México

Ciudad de México, México (15 de octubre de 2018)

 

Introducción

Estimadas señoras y señores presentes,

Quisiera expresar mi gratitud por esta oportunidad de hablar el día de hoy y presentar mi informe sobre mi visita oficial a México, que realicé del 8 al 17 de noviembre de 2017.

Quiero manifestar mis respetos a los pueblos indígenas de este país cuyos derechos fueron objeto de mi visita y de este informe, y cuyas sociedades, culturas y tradiciones han contribuido enormemente a la rica historia, cultura y el tejido de diversidad de esta nación.

Mi visita a México tuvo un doble objetivo: evaluar la implementación de las recomendaciones hechas por el anterior Relator Especial Rodolfo Stavenhagen en 2003 y evaluar cómo México ha incorporado sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas.

Con este fin, sostuve reuniones en la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, Chihuahua y Chiapas con representantes de los pueblos indígenas y representantes del gobierno federal, y de gobiernos estatales y municipales. También me reuní con representantes de instituciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y del sistema de las Naciones Unidas en México.

Agradezco la oportunidad de haber conocido a varios representantes indígenas durante mi visita, y a los que me recibieron en sus territorios y viajaron desde lejos para compartir sus historias conmigo. Me inspiró ver su fuerza y determinación para continuar defendiendo sus derechos y los de los demás.

Durante mi visita, observé que los pueblos indígenas continúan enfrentando graves desafíos en el ejercicio de sus derechos humanos. Existe una gran brecha de implementación con respecto a las recomendaciones formuladas por el Relator Especial Stavenhagen y los compromisos internacionales asumidos por México, que incluyen la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, un instrumento internacional de derechos humanos transcendental en el que México desempeñó un papel protagónico en su elaboración y adopción por la Asamblea General.

Una de las principales conclusiones de mi informe es que se debe crear una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación. El diálogo y la confianza son condiciones necesarias para esta nueva relación y para abordar los problemas identificados en el informe. El informe de misión contiene una serie de observaciones y recomendaciones respecto a las siguientes áreas temáticas: reformas en el marco jurídico e institucional; tierras, territorios y recursos naturales; libre determinación y participación política; violencia, impunidad y acceso a la justicia; y preocupaciones relaciona-das con los derechos económicos, sociales y culturales.

Se requieren acciones en estas áreas temáticas por estar estrechamente relacionadas con los problemas y las preocupaciones actuales que enfrentan los pueblos indígenas. Las preocupaciones expresadas reiteradamente por los pueblos indígenas incluían el actual modelo de desarrollo centrado en los megaproyectos (por ejemplo: proyectos extractivos, de energía, turísticos, inmobiliarios, agroindustriales y otros). Un área de preocupación estrechamente relaciona-da es la falta de implementación de las obligaciones del Estado en materia de la consulta previa y culturalmente adecuada y el consentimiento libre, previo e informado. Otras preocupaciones importantes expresadas durante mi visita fueron los conflictos territoriales, los desplazamientos forzados, la criminalización y la violencia que enfrentan los pueblos indígenas que defienden sus derechos. Los pueblos indígenas enfrentan esta situación en un contexto ya existente de profunda desigualdad, pobreza y discriminación que limita su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos.

Observaciones y recomendaciones

Ahora quisiera reseñar las observaciones y recomendaciones en el informe de misión con respecto a estas áreas temáticas.

Marco jurídico e institucional

Se requieren acciones efectivas y coordinadas dentro de toda la estructura federal, estatal y municipal para abordar cada una de las áreas temáticas mencionadas anteriormente, y los problemas y preocupaciones identificados por los pueblos indígenas, a través de reformas legales, políticas e institucionales.

Con respecto al marco jurídico nacional, concuerdo con la recomendación del Relator Especial Stavenhagen de que se reabra el debate sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Este reconocimiento es algo que los pueblos indígenas exigieron repetidamente junto con el respeto del derecho a la autoidentificación (o autoadscripción) de conformidad con la constitución nacional y estándares internacionales. Los derechos de las comunidades equiparables, como dispone la constitución, deberán entenderse y respetarse en este mismo sentido.

El mayor reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas también debería reflejarse a través de modificaciones y reformas de la legislación y las políticas en áreas transversales tales como los asuntos de tierras agrarias; desarrollo energético y minero; agua y producción y seguridad alimentaria; administración de justicia, y otros. Dichas reformas deben implementarse en consulta con los pueblos indígenas.

Las instituciones estatales requieren capacitación y recursos adecuados para responder a las necesidades de los pueblos indígenas en materia de derechos humanos y acceso a la justicia. Con respecto al desarrollo social y económico, las instituciones de Gobierno deben sustituir los programas y las políticas con enfoque asistencialista por aquellos con enfoque de derechos humanos y que promueven el empoderamiento, la libre determinación, y las prioridades y propuestas de los pueblos indígenas.

El sistema judicial debe continuar incorporando en sus sentencias y jurisprudencia los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia y otros tribunales deben agilizar los mecanismos existentes para garantizar la implementación de sentencias dictadas a favor de los pueblos indígenas. Se debe prestar mayor atención a los casos que presentan la posible incompatibilidad de leyes y políticas nacionales con los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Tierras, territorios y recursos naturales

En línea con lo que señaló el Relator Especial Stavenhagen, los derechos sobre la tierra son un asunto crítico fundamental que está en la raíz de muchos de los problemas de derechos humanos que enfrentan los pueblos indígenas. Se debe prestar atención a las limitaciones que el actual régimen agrario presenta para el pleno goce por parte de los pueblos indígenas de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, autoridades representativas y libre determinación. Por consiguiente, se recomienda una reforma integral del régimen jurídico agrario para garantizar la coherencia con los actuales estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, que incluyen la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. Esto conlleva la capacitación de las autoridades, tribunales y otras instituciones agrarias. Asimismo, coincido con la anterior recomendación del Relator Especial Stavenhagen de que la resolución de reclamos de tierras presentados por los pueblos indígenas podría realizarse a través de grupos de trabajo interdisciplinarios compuesto de representantes de pueblos indígenas, sociedad civil y gobierno.

Prioridades de desarrollo, megaproyectos, consulta y consentimiento

Durante mi visita, los pueblos indígenas expresaron su deseo de definir y perseguir su propio desarrollo económico, social y cultural, como elemento esencial para su libre determinación. Afirmaron que estas aspiraciones se han visto limitadas por los modelos actuales de desarrollo impuestos en sus territorios, en particular, el auge de proyectos extractivos, energéticos y otros proyectos de inversión producto de reformas legislativas y de políticas que no fueron consultadas con ellos. Recibí denuncias reiteradas sobre proyectos mineros, hidroeléctricos, de hidrocarburos, eólicos, de energía solar, agroindustriales, infraestructura y turismo que fueron aprobados y ejecutados sin consultas previas y culturalmente adecuadas y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado. Los pueblos indígenas informaron sobre sus esfuerzos para impugnar la legislación minera y otras leyes sectoriales, así como la autorización de proyectos, con resultados limitados. Aun cuando los tribunales han emitido órdenes de suspensión, éstas no se aplican de manera efectiva.

Recibí información sobre distintos desarrollos normativos tales como protocolos institucionales, sentencias judiciales y legislación que incorporan requisitos de consulta. Algunos estados federales adoptaron leyes sobre consulta previa y tuve conocimiento de propuestas legislativas a nivel federal sobre consulta. A pesar de que mediante protocolos institucionales y legislación secundaria en materia energética se han llevado a cabo consultas relacionadas con proyectos particulares, en general, éstas no han cumplido con los estándares internacionales. En muchos casos, porque no eran "previas", ya que se realizaban después de ser emitidos los permisos y autorizaciones para los proyectos. Por otra parte, el carácter de "libre" resulta menoscabado al producirse situaciones de amenazas, criminalización y violencia durante los procesos de consulta, o cuando las graves condiciones socioeconómicas de una comunidad (cuya situación el Estado está obligado a resolver independientemente de la realización o no de un proyecto de desarrollo propuesto) pudiese producir una presión indebida para aprobar un proyecto.

Al igual que en otros países, también existen debates sobre la necesidad de aprobar una ley de consulta. Sobre este tema, he subrayado que la ausencia de una ley nacional sobre consulta no exime al Estado mexicano de implementar procesos de consulta conforme a la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Convenio 169 y otras fuentes internacionales. Quisiera alentar a los pueblos indígenas, al Estado y a otros actores a que consideren otras opciones para implementar los estándares de consulta, como los protocolos autónomos de consulta propios de los pueblos indígenas. Cualquier mecanismo que sea elegido, debe ser el resultado del diálogo y la consulta con los pueblos indígenas basados en estándares internacionales.

Existen otros asuntos vinculados con el tema de la consulta y el consentimiento que requieren atención:

  • Se deben incluir las prioridades y propuestas de los pueblos indígenas en la elaboración y ejecución de leyes, políticas y programas sobre desarrollo agrario, energético, agroindustrial, turístico y otros.
  • El sector empresarial privado también tiene que tomar mayores medidas para ejercer la debida diligencia y evaluar previamente los impactos reales y potenciales de sus actividades sobre los derechos de los pueblos indígenas, utilizando como punto de referencia los actuales estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Estado también tiene la obligación de garantizar que las empresas ejerzan la debida diligencia y que también reparen los daños que ocasionan. La debida diligencia en este sentido tendría que incluir el conocimiento y respeto de los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, consulta y consentimiento, cultura y religión y otros derechos humanos.
  • Las instituciones gubernamentales encargadas de fiscalizar las actuaciones de las empresas y de investigar y sancionar los daños ambientales y de salud causados por las actividades empresariales deben fortalecerse para garantizar la protección de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas.

Los procesos de consulta previa también deben asegurar que los pueblos indígenas obtengan información culturalmente adecuada y accesible sobre los impactos sociales, ambientales y culturales de los proyectos o actividades que puedan afectarles y sobre posibles medidas de mitigación y compensación y beneficios. Estas evaluaciones de impacto deben ser realizadas por entidades independientes, de conformidad con los estándares internacionales, e incorporar los conocimientos de los pueblos indígenas. Esta información debe ser presenta-da a los pueblos indígenas antes de que el Estado asuma compromisos relacionados con dichas actividades.

Con base en los estándares internacionales, recomiendo que las actividades de desarrollo u otras que pudiesen impactar los derechos de los pueblos indígenas no se realicen sin estas garantías y sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados.

Libre determinación y participación política

Los pueblos indígenas aún enfrentan numerosos desafíos para ejercer su derecho a la libre determinación y autonomía reconocidos constitucional e internacionalmente. Durante mi visita, tuve conocimiento de diversas propuestas desarrolladas por los pueblos indígenas para promover su autonomía, libre determinación y participación política.

El reconocimiento de estos derechos varía de estado a estado. Legislaciones estatales y resoluciones de tribunales federales electorales han ratificado los derechos de los pueblos indígenas en estados como Oaxaca, Michoacán, Morelos y Guerrero para elegir a sus autoridades locales y municipales de acuerdo con sus usos y costumbres. En Chiapas, diversas iniciativas, como los gobiernos autónomos y juntas de buen gobierno han coadyuvado a la realización de derechos a la salud, educación y otros sin generar dependencia de apoyos gubernamentales. Estas acciones realizadas por los pueblos indígenas también han ayudado a reducir el crimen en sus comunidades.

Policías comunitarias indígenas en Guerrero y Michoacán ha contribuido a la administración de justicia en lugares donde las autoridades federales y estatales no han estado presentes o han sido ineficientes. Sin embargo, los esfuerzos recientes en Guerrero para debilitar estos avances podrían aumentar los incidentes de criminalización de estas prácticas comunitarias.

Las recomendaciones de mi informe apuntan a la necesidad de promover y fortalecer la autonomía, el autogobierno y los sistemas jurídicos indígenas. Tal como establece el artículo 4 de la Declaración, los pueblos indígenas tienen el derecho a la provisión de los medios para financiar sus funciones autónomas.

Recomiendo canales de diálogo, coordinación y colaboración entre las autoridades del Estado y las instituciones autonómicas indígenas (como las policías comunitarias, los juzga-dos indígenas, juntas de buen gobierno y los municipios autónomos) en todas las áreas de interés mutuo.

También recomiendo que se fortalezca el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a elegir sus propias autoridades en elecciones municipales de acuerdo con sus usos y costumbres, y mayores medidas para promover la participación política indígena en los procesos electorales a través de los distritos electorales indígenas, las candidaturas independientes y el acceso a la justicia electoral. Estas medidas deben garantizar una mayor participación de las mujeres indígenas.

Violencia, impunidad y acceso a la justicia

En cada región que visité durante mi misión, recibí muchas denuncias sobre la grave situación de violencia que enfrentan los pueblos indígenas debido a disputas sobre sus tierras, la expansión de proyectos de desarrollo y la presencia del crimen organizado. La impunidad, la falta de acceso a la justicia y la criminalización son factores que se suman a esta situación.

Existen casos emblemáticos, como la masacre de 46 personas en Acteal, Chiapas en 1997, que afectó desproporcionadamente a mujeres indígenas. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas de esta masacre aún reclaman justicia. Otro caso emblemático es el de los 43 estudiantes que desaparecieron en Ayotzinapa, Guerrero en 2014. Me reuní con padres de estudiantes provenientes de comunidades indígenas que aún exigen investigaciones efectivas sobre el paradero de sus hijos. En estos casos, deben agilizarse las investigaciones para que se brinde justicia y reparación. En el caso de Ayotzinapa, las recomendaciones de organismos internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deben orientar las investigaciones.

En Guerrero, Chiapas y Chihuahua, se dan casos graves de familias y comunidades indígenas en desplazamiento forzado debido a amenazas y violencia perpetradas por grupos criminales que disputan sus territorios. Esto ha ocasionado el aumento de indígenas desplazados en centros urbanos que requieren atención mediante políticas diferenciadas. La situación de violencia e impunidad también se ve agravada por la corrupción y la alegada connivencia entre el crimen organizado y algunas autoridades federales, estatales y municipales.

También recibí denuncias sobre abusos cometidos contra pueblos indígenas durante operativos militares realizados en el marco de actividades del gobierno contra el crimen organizado. Se alega impunidad en varios casos de muertes arbitrarias de personas indígenas debido al uso desmedido de la fuerza por parte de oficiales militares y también de violencia sexual contra mujeres indígenas.
En mi informe, hago un llamado a que se desarrollen medidas de protección para los pueblos indígenas. En el caso de pueblos e individuos indígenas en situaciones de riesgo por su labor en defensa de sus derechos, deben desarrollarse medidas de protección colectivas y culturalmente apropiadas en consulta con ellos. Los factores subyacentes de riesgo también deben abordarse mediante acciones institucionales coordinadas.

También deben desarrollarse medidas concertadas de protección para los pueblos indígenas afectados por el crimen organizado y grupos armados en sus territorios. Al respecto, debe haber colaboración con policías comunitarias indígenas u otras instituciones indígenas. Cabe recordar, como establece el artículo 30 de la Declaración ONU sobre los pueblos indígenas, que cualquier presencia militar en territorios indígenas debe ser consultada con los pueblos indígenas afectados. Deben adoptarse medidas para garantizar que dicha presencia militar no resulte en violaciones de derechos humanos.

Se deben agilizar las investigaciones y sanciones penales de las personas responsables de amenazas, agresiones y asesinatos de indígenas. Esto también incluiría los delitos cometidos por agentes policiales y militares contra civiles indígenas, que deben ser procesados en el fuero civil. Grupos paramilitares y otros grupos armados que cometan violaciones de derechos humanos en territorios indígenas deben ser desmantelados, desarmados y sancionados penalmente.

En el área de acceso a la justicia, tomé nota de los programas gubernamentales para salvaguardar el derecho al debido proceso y otros derechos de individuos indígenas que enfrentan cargos ante el sistema de justicia penal. Estos programas deben ser reforzados y dotados de recursos suficientes. Asimismo, se debe prestar especial atención al desarrollo de mecanismos que faciliten el acceso a la justicia para los pueblos indígenas que buscan la protección de sus tierras, territorios y recursos naturales en contextos de megaproyectos, conflictos agrarios y casos de daños ambientales y de salud.

Además, se deben adoptar medidas para que el sistema penal de justicia no sea utilizado para criminalizar a los pueblos indígenas, o aquellos que les asisten, en la defensa legítima de sus derechos.

Derechos económicos, sociales y culturales

Los pueblos indígenas enfrentan obstáculos significativos en la realización de sus derechos económicos, sociales y culturales. Un factor importante es la discriminación histórica y estructural que ha resultado en la marginación, la pobreza multidimensional y la ausencia de servicios básicos suficientes y culturalmente adecuados. Esta situación se refleja en las problemáticas que afectan a ciertos sectores indígenas como las mujeres, la niñez y juventud, los migrantes, los damnificados y los desplazados forzados.

En mi informe, cité datos oficiales que reflejan la situación de desventaja de los pueblos indígenas con respecto a índices de pobreza, niveles educativos, laborales, de salud y esperanza de vida y otros indicadores. Recibí constantes denuncias sobre el alcance limitado de los programas gubernamentales porque no se desarrollaron con la participación de los pueblos indígenas, no fueron culturalmente adecuados y tenían un enfoque asistencialista. Sin embargo, estos mismos programas enfrentaron serios desafíos debido a una reducción del 51 por ciento del presupuesto asignado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que fue la principal institución encargada de las políticas relacionadas con los indígenas. Tengo entendido que hay discusiones en torno a la creación de una nueva institución para atender a los pueblos indígenas. Espero que se dé prioridad a la provisión de recursos financie-ros, técnicos y humanos suficientes para esta nueva institucionalidad para que pueda coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas.

En mis reuniones con mujeres indígenas, me informaron sobre las diversas formas de discriminación que enfrentan por razones de etnicidad y género dentro y fuera de sus comunidades. Esto limita su acceso a la propiedad, la justicia, servicios de salud y otros derechos. La realidad actual en muchas comunidades indígenas, donde los hombres han migrado, requiere cambios que permitan una mayor participación de las mujeres indígenas en asuntos sociales, culturales y políticos.

El acceso a la justicia para las mujeres es particularmente grave dado el aumento de los femicidios en las áreas indígenas y el alto nivel de impunidad existente en el país respecto a es-tos crímenes. Otra grave preocupación es la violencia obstétrica. Mujeres indígenas denuncia-ron casos de discriminación y negligencia contra ellas al requerir atención obstétrica, lo que ha resultado en lesiones graves y muertes. La estigmatización, la discriminación y la prohibición contra las parteras indígenas fue otra preocupación, aunque fui informada de las medidas adoptadas en varios estados y a nivel federal para promover el respeto de estas prácticas.

La situación de la niñez y juventud indígenas es muy preocupante. La ausencia de políticas sociales efectivas y oportunidades económicas en áreas controladas por el crimen organizado y el narcotráfico, como en Guerrero y Chihuahua, ha resultado en situaciones en las que los jóvenes indígenas se ven obligados a unirse a estos grupos o ser torturados, desaparecidos o asesinados.

En vista de las medidas de seguridad y protección recomendadas anteriormente y para garantizar el acceso a la justicia y reparación por violaciones de derechos humanos, se deben tener en cuenta factores de género y la situación de la niñez, juventud y otros sectores vulnerables indígenas en estas medidas.

Los pueblos indígenas también denunciaron la discriminación que enfrenta la juventud indígena en el acceso a la educación y a instalaciones educativas y a personal adecuadas. La discriminación también se refleja en la inefectiva fiscalización de actividades que generan impactos ambientales y de salud que han producido enfermedades graves y muertes de niños, jóvenes y mujeres indígenas, como el uso de agroquímicos en Sonora que ha afectado a comunidades yaquis. Esta es otra área en la que el fortalecimiento de la respuesta institucional respecto a la educación, salud y protección ambiental es crucial.

Se requieren políticas específicas diferenciadas para abordar de manera integral la situación de personas, familias y comunidades indígenas que, por falta de oportunidades económicas o por la violencia y el desplazamiento, han tenido que migrar a centros urbanos o trabajar como jornaleros en otras regiones del país. Los migrantes indígenas de México y América Central que transitan por territorio mexicano para migrar a los Estados Unidos también requieren atención especial. Estos sectores enfrentan múltiples formas de discriminación y debido a que enfrentan barreras para acceder a la justicia, son vulnerables a la discriminación, la explotación y la marginación. Se debe prestar especial atención a la situación de las mujeres y niñez en estos sectores poblacionales particulares, como indico en mi informe.

En mi informe, también tomé nota de los impactos diferenciados de desastres naturales sobre los pueblos indígenas, lo que incluyó fenómenos meteorológicos en Guerrero en 2013 y terremotos en 2017 en la Ciudad de México y el Istmo de Tehuantepec. El Estado mexicano debe brindar una atención culturalmente adecuada a estos sectores poblacionales afectados por desastres naturales, sin condicionamientos ni discriminatorias. Se debe dar prioridad y apoyo a las propuestas de los mismos pueblos indígenas para superar los problemas de salud, vivienda y alimentación generados por estos desastres naturales.

Muchos de los desplazamientos de los pueblos indígenas en el contexto de conflictos territoriales o políticos locales, la presencia del crimen organizado y los megaproyectos se han prolongado y no existen políticas efectivas y coordinadas para orientar los esfuerzos para facilitar el retorno a sus comunidades.

Durante mi visita, recibí información sobre graves casos de desplazamiento en Chiapas debido a conflictos políticos y territoriales que involucran a grupos paramilitares. Ello incluyó el caso de más de 5,000 personas indígenas (incluidas mujeres embarazadas, niños y ancianos) en los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, quienes fueron desplazadas forzosamente en noviembre de 2017.

Recomiendo que se preste atención urgente a la situación de indígenas desplazados mediante políticas integrales y coordinadas. Conforme a los estándares internacionales, incluidos los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, las respuestas estatales deben garantizar que las personas desplazadas internas tengan un adecuado nivel de vida mediante servicios básicos culturalmente adecuados. El Estado debe crear las condiciones y propiciar los medios que permitan a los desplazados indígenas el retorno voluntario, con seguridad y dignidad.

La resolución de esta problemática también requiere abordar los factores subyacentes que generan la situación de violencia y conflicto que conduce al desplazamiento. Esto incluye medidas decididas para investigar y sancionar a los responsables de la violencia contra los pueblos indígenas y para garantizar justicia y reparación. En casos particularmente graves, como el conflicto que afecta a Chenalhó y Chalchihuitán, las autoridades relevantes deben garantizar que las medidas adoptadas no generen más conflicto entre comunidades indígenas.

Conclusión

En mi informe, recomiendo que los pueblos indígenas continúen desarrollando y fortaleciendo sus propias iniciativas legales, políticas y de libre determinación, teniendo en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos como marcos de referencia. Los esfuerzos de los pueblos indígenas en esa línea pueden contribuir enormemente a los debates y discusiones nacionales sobre temas relacionados con la seguridad, administración de justicia, desarrollo y gobernanza.

Teniendo en cuenta el cambio de administración en el país, creo que se presenta una importante oportunidad para incorporar las visiones y propuestas de los pueblos indígenas para el mejoramiento de su actual situación y realidad, así como la de la sociedad mexicana en general. En ese sentido, cabe recordar los compromisos y obligaciones internacionales de derechos humanos que México ha asumido como Estado en materia de los derechos de los pueblos indígenas. Tal como se mencionó anteriormente, México ha tenido un papel protagónico en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas dentro de las Naciones Unidas.

Espero que las observaciones, conclusiones y recomendaciones en este informe puedan servir a los pueblos indígenas, la sociedad civil, las instituciones del Estado y otros actores, como las agencias de las Naciones Unidas y de la cooperación internacional, en los debates necesarios para abordar la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en México.

Quisiera animar a los pueblos indígenas a utilizar mi informe como parte de sus acciones de incidencia a nivel nacional e internacional. Tal como se recomienda en el informe, el sistema de las Naciones Unidas, en particular la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, podría colaborar con los pueblos indígenas y el Gobierno en el seguimiento a estas recomendaciones, teniendo en cuenta las propuestas de los pueblos indígenas para tal fin.

Quisiera concluir agradeciendo de nuevo a todos los que hicieron posible mi visita, incluidos los pueblos indígenas, el Gobierno de México, organizaciones de la sociedad civil, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México y otras agencias de la ONU y organismos internacionales. Tengo la esperanza y el optimismo de que México puede asumir un papel de liderazgo en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, tanto a nivel nacional como internacional.

Gracias.

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