UNSR Victoria Tauli-Corpuz

Declaración de la Relatora Especial, Victoria Tauli-Corpuz, en el 18 ° período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas Imprimir

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Declaración de la Sra. Victoria Tauli-Corpuz
Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas
18º período de sesiones del Foro Permanente
de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
Nueva York, 24 de abril de 2019

Señora Presidenta del Foro Permanente,
Señora Presidenta del EMRIP,
Miembros distinguidos del Foro Permanente,
Excelencias, representantes indígenas, señoras y señores,

Es un honor para mí dirigirme al Foro Permanente y a todos los que asisten al diálogo interactivo sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Permítame felicitarla, señora Presidenta, por ser elegida para este puesto y ofrecerle mi continua cooperación con el Foro.

En mi intervención de hoy, me gustaría ofrecer una actualización sobre mi trabajo como Relatora Especial desde que informé el año pasado, y explicar algunas de las actividades en las que he participado en cuatro áreas de trabajo interrelacionadas: la preparación de informes temáticos; la realización de visitas a los países; la respuesta a casos de presuntas violaciones de derechos humanos; y la asistencia técnica y promoción de las mejores prácticas.

Trabajos temáticos 2018

Como mencioné en mi intervención el año pasado, en septiembre de 2018, presenté al Consejo de Derechos Humanos un informe temático sobre el tema de los ataques y la criminalización contra los pueblos indígenas y la disponibilidad de medidas de prevención y protección. [1]

El informe documenta una escalada preocupante en la criminalización y el hostigamiento que sufren los pueblos indígenas, en particular cuando defienden y ejercen sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. En este informe, evalué las causas de fondo y los factores impulsores de la situación actual de la criminalización, presenté un mapeo de las tendencias globales y proporcioné algunos ejemplos de situaciones especialmente preocupantes. Califiqué a la situación de criminalización e impunidad contra los pueblos indígenas como una "crisis global".

Las violaciones de los derechos humanos a menudo surgen cuando los líderes indígenas y los miembros de la comunidad expresan su preocupación por los proyectos extractivos, de agronegocios, infraestructura, hidroeléctricos o madereros a gran escala que afectan sus tierras y territorios y que se realizan sin las consultas adecuadas o sin su consentimiento libre, previo e informado. También he considerado la criminalización de los pueblos indígenas al ejercer sus derechos de autogobierno, incluido el ejercicio de sus sistemas de justicia y algunas de sus prácticas económicas y culturales, tales como el cultivo, la caza y la recolección, entre otros, como se describe en el documento de Informe anual del Foro Permanente [2]

Es urgente adoptar un enfoque de tolerancia cero a la violencia y los asesinatos de defensores de derechos humanos indígenas. Se deben realizar investigaciones inmediatas e imparciales de los ataques. La rendición de cuentas de los responsables de estas violaciones de derechos humanos es crucial. La impunidad generalizada es un factor clave para la perpetuación de esta situación y aumenta exponencialmente la vulnerabilidad de las víctimas.

La lucha contra la criminalización requiere una revisión exhaustiva de las leyes nacionales y la revocación de la legislación y los procedimientos penales que violan el principio de legalidad y contradicen las obligaciones internacionales de derechos humanos. Esto debería incluir la revisión de las leyes antiterroristas y de seguridad nacional y la legislación que se utiliza para declarar ciertas actividades económicas como de "interés público", "interés general" o "prioridad nacional" que justifican la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Disposiciones que, en la práctica, tipifican como delito la libertad de expresión y reunión, deben ser derogadas. La criminalización a menudo es precedida por campañas de estigmatización y agravio contra líderes indígenas claves, defensores de derechos humanos e incluso organizaciones indígenas. Estos actos están respaldados por el racismo y la discriminación y generalmente están dirigidos a los pueblos indígenas que defienden sus derechos a sus tierras, territorios y recursos y sus formas de vida. Debería insistir en subrayar la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en este sentido.

Los actores que no sean los Estados también tienen que asumir sus responsabilidades para revertir esta grave situación. Las empresas privadas tienen la responsabilidad de ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos en todas las operaciones, adoptar compromisos políticos claros a tal efecto y realizar evaluaciones continuas del impacto en los derechos humanos con la plena participación de las comunidades indígenas afectadas en sus operaciones. También deben considerar cuidadosamente las implicaciones de derechos humanos y las responsabilidades involucradas en sus reclamaciones contra Estados en casos de incumplimiento de contratos o licencias debido a preocupaciones de derechos humanos. Por su parte, los donantes internacionales y las instituciones financieras deben adoptar salvaguardas coherentes con las normas internacionales de derechos humanos en todos los proyectos que financian o apoyan, y monitorear constantemente su implementación efectiva.

Con respecto a las medidas de prevención y protección para los defensores de derechos humanos indígenas, he enfatizado la necesidad de considerar la naturaleza colectiva de los impactos de la violencia y la criminalización en el caso de los pueblos indígenas. Tales medidas deben ser culturalmente apropiadas, sensibles al género y desarrolladas conjuntamente con las comunidades involucradas. Se debe priorizar el apoyo a las medidas de protección lideradas por la comunidad.

Quisiera recalcar mi opinión respecto a que la situación de violencia y criminalización que sufren los pueblos indígenas a nivel mundial requiere un esfuerzo urgente y concertado de todos los involucrados en la promoción y protección de los derechos humanos. Por mi parte, continuaré prestando especial atención a este tema en mis visitas a los países, las comunicaciones y el compromiso con los pueblos indígenas y los representantes del Estado.

En mi informe a la 73ª sesión de la AGNU [3], proporcioné algunos comentarios preliminares sobre el tema de los sistemas de autogobierno que los pueblos indígenas están implementando en todo el mundo. Los sistemas de gobierno indígenas han demostrado su resistencia durante siglos a pesar de la colonización y los intentos de socavarlos en el contexto de la construcción de una nación, la homogeneidad cultural y religiosa o el crecimiento económico. Estos sistemas de gobierno indígenas están estrechamente vinculados a la generación, transmisión y protección de los conocimientos tradicionales. Siguen siendo esenciales para garantizar el bienestar de los pueblos indígenas y, por lo tanto, forman parte del ejercicio de su derecho a la libre determinación y a decidir sus propios caminos de desarrollo.

Mi informe proporciona una visión general inicial del marco legal internacional sobre el derecho a la autonomía y el autogobierno de los pueblos indígenas, y revisa algunos ejemplos de la amplia diversidad de sistemas de gobernanza indígena que existen en todo el mundo. El informe destaca que el desarrollo sostenible solo puede lograrse garantizando la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

También presenté un informe al Consejo de Derechos Humanos que resume los debates de una reunión celebrada en Lima, en coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial [4]. La situación particular de estos pueblos indígenas ha recibido la atención tanto del sistema de las Naciones Unidas, incluidos los Relatores Especiales y el propio Foro Permanente, como del sistema interamericano de derechos humanos. Me complace que hayamos podido cooperar para avanzar en las discusiones sobre cómo asegurar que se garanticen los derechos fundamentales de estos pueblos indígenas, incluido su derecho de no ser contactados. Las conclusiones resaltan la necesidad de redoblar los esfuerzos para mejorar la protección de los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, en línea con las normas internacionales. También es necesario desarrollar e implementar adecuadamente políticas diferenciadas dirigidas a los pueblos indígenas en contacto inicial, especialmente en la creación de salud.

Me gustaría alentar a los Estados miembros y al sistema internacional de derechos humanos a que presten atención a este asunto y cooperen plenamente con los gobiernos interesados, las organizaciones de pueblos indígenas y los expertos para implementar las normas específicas de derechos humanos sobre el tema, particularmente considerando recientes acontecimientos preocupantes en algunos países amazónicos.

Informe temático en curso

Ahora me gustaría comentar brevemente sobre las cuestiones temáticas en las que estoy trabajando actualmente.

Mi próximo informe al Consejo de Derechos Humanos se centrará en los sistemas de justicia indígena. Los propios sistemas de justicia de los pueblos indígenas son un tema que ha sido abordado de forma recurrente por los titulares de mandatos, incluso a través de visitas a países, comunicaciones y seminarios y conferencias. El mantenimiento de las propias instituciones y normas de justicia consuetudinarias de los pueblos indígenas es un aspecto esencial de su derecho a la libre determinación. Si bien las funciones jurisdiccionales indígenas han sido reconocidas en la legislación y en la práctica a nivel nacional en varios países, el funcionamiento de la jurisdicción indígena aún es controvertido y el pluralismo legal aún no es una realidad. El diálogo y la comprensión intercultural en profundidad entre las autoridades de justicia estatales e indígenas es vital.

Las principales preocupaciones planteadas por los pueblos indígenas a este respecto son: la falta de reconocimiento efectivo y apoyo a sus sistemas de justicia por parte de las autoridades estatales; activas actitudes discriminatorias y perjudiciales contra sus sistemas de justicia, y la falta de métodos efectivos de coordinación y cooperación entre sus sistemas de justicia y las autoridades estatales de justicia ordinaria. Relacionada con este tema está la cuestión de los obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas cuando intentan acceder al sistema de justicia común, que incluye, entre otros, la falta de interpretación para aquellos que solo hablan su lengua materna durante las audiencias. La falta de acceso a la justicia está directamente relacionada con la impunidad en los casos de violencia y criminalización que mencioné anteriormente.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) contiene disposiciones claras y relevantes sobre estos dos aspectos de los pueblos indígenas y la justicia. Los artículos 5 y 34 afirman el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus instituciones políticas, legales, económicas, sociales y culturales y a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales, incluidos sus sistemas jurídicos o sus costumbres, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. La Declaración también afirma el derecho de los pueblos indígenas a "procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos" (Artículo 40).

Como ustedes saben, he solicitado opiniones y contribuciones sobre este tema a los Estados miembros, los pueblos indígenas y otros actores. Les ruego a todos que me brinden información útil que pueda contribuir a la elaboración del informe.

Finalmente, presentaré en octubre próximo mi último informe a la Asamblea General. Tengo la intención de proporcionar más puntos de vista sobre el autogobierno y la autonomía de los indígenas, y comentar sobre los temas principales que han aparecido en el curso de mi trabajo para el mandato. Para la preparación del informe, tuve el honor de organizar un Seminario internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía y el autogobierno como una manifestación del derecho a la autodestrucción (del 11 al 13 de marzo de 2019), junto con el Foro Permanente, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Seminario fue coordinado por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y apoyado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de México, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca y la Fundación Tebtebba.

El Seminario brindó valiosas reflexiones sobre los avances y los desafíos en la consolidación de la autodeterminación y autonomía indígena en muchas regiones del mundo. Tomaré en cuenta los valiosos aportes y discusiones que tuvieron lugar durante la reunión en la elaboración de mi informe.

Visitas a los países

Señora presidenta,

Después de la sesión de 2018 del UNPFII, realicé una visita de país a Guatemala. [5] Durante mi misión, observé que los pueblos indígenas en el país, a pesar de constituir la mayoría de la población, continúan enfrentando el racismo y la discriminación, lo que se refleja en su falta de acceso a la justicia, a la participación política y al disfrute de sus derechos sociales, económicos y culturales. El informe del país examina las causas fundamentales de esta situación, incluida la impunidad, la corrupción, la debilidad institucional y el legado de violencia del largo conflicto armado interno. El hecho de no implementar adecuadamente los Acuerdos de Paz, en particular el Acuerdo de Derechos e Identidad de los Pueblos Indígenas de 1995, ha socavado el progreso en muchas áreas.

Presenté mi informe sobre la visita de Guatemala al 39º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2018. Desde entonces, he estado haciendo un seguimiento con preocupación sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en el país, que he abordado a través de un número de comunicaciones y comunicados públicos.

Mi visita a Ecuador en noviembre del año pasado tuvo lugar en el décimo aniversario de la adopción de la Constitución de Montecristi de 2008. Por lo tanto, pensé que sería oportuno evaluar el progreso en la implementación de los compromisos constitucionales con respecto a la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, y la implementación efectiva de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a la luz de las obligaciones internacionales del Ecuador en materia de derechos humanos. También quise hacer un seguimiento de las observaciones y recomendaciones destacadas de mis predecesores, Rodolfo Stavenhagen en 2006 y James Anaya en 2009. En mi declaración de final de misión, [6] resalté el diálogo que el nuevo Gobierno ha iniciado con los indígenas. pueblos y sus resultados alentadores.

Mi declaración también reflejó las principales preocupaciones expresadas por los pueblos indígenas durante mi misión con respecto a la situación actual. Ha habido pocos avances en la adopción de medidas concretas para abordar las cuestiones clave que afectan a sus derechos fundamentales, en particular con respecto a sus tierras y recursos, el respeto por sus propias autoridades, incluidos los sistemas de justicia indígena o la implementación de consultas y el consentimiento libre e informado previo. . Destacé mi preocupación por las medidas anunciadas por el Gobierno con respecto a la activación de las antiguas concesiones mineras y petroleras, así como el otorgamiento de nuevas concesiones, teniendo en cuenta estas actividades extractivas realizadas sin la consulta o el consentimiento adecuados, que fueron denunciados por los pueblos indígenas como la fuente principal. de graves violaciones de sus derechos humanos.

El informe de la misión, que se presentará en la sesión de 42 del CDH el próximo mes de septiembre, también evalúa la situación específica de los pueblos indígenas con poblaciones pequeñas; los pueblos indígenas cerca de la frontera norte, los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, y las mujeres indígenas. Espero mantener un diálogo abierto y fructífero con el Gobierno de Ecuador para la implementación de las recomendaciones que contiene.

Como comenté el año pasado, he estado haciendo esfuerzos especiales para buscar invitaciones para realizar visitas a países en las regiones de África y Asia, y seguiré haciéndolo por el resto de mi mandato. Deseo solicitar respetuosamente a los Estados miembros de esas regiones que entablen un diálogo con el mandato y consideren la posibilidad de enviarme invitaciones oficiales.

Agradezco al gobierno de Timor Oriental su invitación, que me ha permitido realizar mi primera misión oficial en un país asiático del 7 al 16 de abril de 2019. Mi declaración de final de misión aborda una variedad de temas, incluida los sistemas de justicia tradicional y formal, tierras y territorios, conservación, cambio climático, educación, pobreza y desnutrición.

Estoy impresionada por el orgullo que los timorenses sienten por su patrimonio cultural y la forma en que las prácticas indígenas se han traducido en importantes logros en la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Estos pueden servir como ejemplos inspiradores para otros países. Para la mayoría de los timorenses, las prácticas consuetudinarias son una parte integral de la vida cotidiana y desempeñan un papel central en la resolución de conflictos entre individuos y comunidades, como conflictos de tierras, conflictos entre comunidades y la gestión de recursos naturales. Estas prácticas se centran en mantener la armonía comunitaria y ambiental, en contraste con el sistema de justicia formal, que se enfoca en el perpetrador. Asegurar la justicia para todos es un objetivo clave del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y Timor-Leste podría proporcionar lecciones importantes para otros países.

Sin embargo, hay prácticas de justicia consuetudinarias que deben modificarse para cumplir con las normas de derechos humanos, como los castigos físicos y las audiencias comunitarias públicas que son claramente inadecuadas para los delitos relacionados con las víctimas vulnerables de violencia doméstica y abuso infantil. Deseo recordar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas afirma el derecho a mantener y fortalecer las instituciones jurídicas y los sistemas jurídicos o las costumbres indígenas, con la advertencia de que deben cumplir las normas internacionales de derechos humanos.

Las prácticas de justicia consuetudinaria de los pueblos indígenas no son estáticas y, según mi experiencia, las comunidades indígenas están generalmente abiertas a incorporar garantías de derechos humanos en sus prácticas. Este cambio debe provenir de las comunidades indígenas, pero puede fomentarse mediante una mayor concienciación sobre los estándares jurídicos internacionales y nacionales a través de un diálogo culturalmente apropiado. En este sentido, deseo señalar que dicho diálogo debe apuntar al intercambio mutuo de cómo ambos sistemas pueden abordar sus deficiencias y aumentar el conocimiento de los procedimientos y las mejores prácticas en los sistemas respectivos.

Otra preocupación planteada durante mi visita es que Timor Leste sigue enfrentando la tasa más alta de desnutrición crónica en el sudeste asiático y entre las más altas del mundo. Las estadísticas indican que casi la mitad de todos los niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. Insto al Gobierno a que asigne recursos adecuados al Plan de Desarrollo Estratégico 2011-2030 y la Hoja de ruta de los ODS de 2017 y a que aumente la producción de cultivos indígenas para abordar la incidencia de la desnutrición.

La educación está intrínsecamente vinculada al logro de desarrollos relacionados con la reducción de la pobreza y la salud. En este sentido, pido al Gobierno que tome más medidas para revitalizar y promover las más de 30 lenguas indígenas en Timor-Leste y para ampliar la educación en la lengua materna a fin de mejorar los resultados educativos.

El informe completo de mi misión se presentará al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019.

Promoción de Buenas Prácticas y Asistencia Técnica.

Desde el 2018 de abril hasta el presente, he realizado varios comentarios técnicos, a solicitud de instituciones gubernamentales o pueblos indígenas, en particular sobre el tema de los derechos de consulta y consentimiento libre, previo e informado, y el acceso de los pueblos indígenas a la justicia. También he realizado varias visitas académicas por invitación de instituciones nacionales de derechos humanos, instituciones académicas, organizaciones indígenas y de la sociedad civil y organismos gubernamentales, incluso a Australia, Canadá, Colombia, México, Noruega y Malasia. Estas visitas me han permitido participar mejor en el diálogo sobre temas particulares que afectan los derechos de los pueblos indígenas, e intercambiar información sobre las mejores prácticas para avanzar en la implementación de los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros instrumentos pertinentes de derechos humanos. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible estas fructíferas visitas y a las oficinas de país de la OACDH por su apoyo para obtener lo mejor de ellas.

Comunicaciones

Continué examinando casos de presuntas violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas y me dirigí a los países involucrados y otros actores a través del procedimiento de comunicaciones, ya sea de forma independiente o conjuntamente con otros procedimientos especiales. Los casos examinados se incluyen en el informe conjunto de comunicaciones de los procedimientos especiales, que se presenta en cada sesión del Consejo de Derechos Humanos. Consejo [7]. En 2018, el mandato emitió 55 comunicaciones a más de 20 países diferentes, así como a otras entidades, como corporaciones privadas y organizaciones intergubernamentales.

También publiqué varios comunicados de prensa públicos [8] sobre una variedad de temas diferentes, incluido el trato degradante de los papuanos indígenas por parte de la policía y el ejército indonesios en Papua Occidental; el colapso de una presa de relaves en Minas Gerais, Brasil; las enmiendas a la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala; niños migrantes indígenas detenidos en los Estados Unidos de América; la adopción del Acuerdo de Escazú; un fallo judicial que reconoce a los mayas ixil como víctimas de genocidio en Guatemala; la condena de siete personas involucradas en el asesinato de Berta Cáceres en Honduras; la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas en la implementación del Acuerdo de París sobre el cambio climático; y varios casos específicos de asesinatos, violencia y criminalización de individuos y comunidades indígenas que defienden sus derechos.

Algunas de las comunicaciones y comunicados de prensa han tenido un impacto inmediato. En enero de 2018, junto con otros procedimientos especiales, emití un comunicado de prensa para llamar la atención sobre las violaciones contra Sengwer en relación con un importante proyecto de cambio climático en el Bosque de Embobut en Kenia. En un plazo de 48 horas, la Comisión Europea, que financiaba el proyecto, decidió suspender el proyecto a la espera de una evaluación de impacto sobre los derechos humanos. Seguiré vigilando la situación del Sengwer. En mi reciente visita a México, fui visitado por dos ex detenidos que son líderes indígenas que expresaron su agradecimiento a mis comunicaciones que resultaron en su liberación de la detención.

Señora presidenta,

Quisiera concluir recordando que celebramos el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En enero pasado tuve el honor de participar en el lanzamiento de esta celebración invitada por la UNESCO. En la ocasión comenté la importancia de nuestras lenguas maternas indígenas, que reflejan la maravillosa variedad y riqueza de nuestras culturas. Las lenguas indígenas son parte del conocimiento indígena, nuestro precioso patrimonio colectivo. Permítanme enfatizar que la única forma de garantizar que se protejan y transmitan es garantizando la supervivencia y el bienestar de los pueblos indígenas que las crearon y las utilizan todos los días. Esto solo se logrará a través de la plena implementación de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Les agradezco a todos por su amable atención y espero una rica discusión sobre estos temas durante nuestro diálogo interactivo.

_________________

NOTAS

[1] A / HRC / 39/17

[2] E / C.19 / 2019/5. Parr. 38 y siguientes.

[3] A / 73/176

[4] http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/39/17/Add.1 A / 73/39/1 7 / Add.1

[5] A / HRC / 39/17 / Add.3, ver http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/39/17/Add.3

[6] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23864&LangID=E

[7] https: //spcommreports.ohchnorg/

[8] https: //www.ohchr.org! Es / NewsEventsfPages / NewsSearch.aspx? MID = SR Pueblos indígenas

 

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