UNSR Victoria Tauli-Corpuz

Palabras de apertura. Primera sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos Imprimir





 

 

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PALABRAS DE APERTURA DE LA RELATORA ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS,

SRA. VICTORIA TAULI-CORPUZ

Primer periodo de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental
de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas
con respecto a los derechos humanos

Ginebra, 6 de julio de 2015

Gracias señora Presidenta

Excelencias,

Distinguidos delegados,

Representantes de los pueblos y organizaciones indígenas,

Amigos y colegas,

Es para mí un gran honor y privilegio compartir estas palabras con ustedes en esta histórica reunión. En el día de hoy, me gustaría hacer una reflexión sobre los distintos e importantes temas que este Grupo va a examinar de acuerdo con el mandato otorgado por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 26/9.

Esta reflexión se deriva de mi experiencia en el trabajo con pueblos indígenas en todas las regiones del mundo, primero como defensora de los derechos indígenas, después como miembro y presidenta del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas y, actualmente, en mi capacidad como Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Señora Presidenta,

Los pueblos indígenas han ocupado un lugar destacado en las discusiones relativas a las violaciones de derechos humanos cometidas por corporaciones desde los años 70. Durante décadas, los pueblos indígenas han sido víctimas de las actividades de las corporaciones en sus territorios tradicionales o cerca de ellos, que han expoliado y contaminado sus territorios tradicionales sin su consentimiento, situando a muchos pueblos al borde de la extinción cultural o física. Hoy en día, esa situación apenas ha cambiado. Como se refleja en las comunicaciones que he recibido en mi capacidad de Relatora Especial, los pueblos indígenas y otras comunidades locales siguen sufriendo de manera desproporcionada los impactos negativos de la actividad corporativa, mientras que los dirigentes y activistas de las comunidades sufren una auténtica escalada de la violencia a manos de fuerzas gubernamentales y compañías de seguridad privadas. Muchos de los desplazamientos de los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales y las ejecuciones extrajudiciales de activistas indígenas se producen en comunidades en las que hay enfrentamientos con corporaciones. Mi predecesor en el mandato, el profesor James Anaya, llegó a la conclusión de que las actividades de las empresas extractivas y otras actividades corporativas a gran escala son, actualmente, las principales causas de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en prácticamente todo el mundo.

La adopción por el Consejo de Derechos Humanos de la resolución 26/9, que establece este Grupo de Trabajo, es un acontecimiento significativo. Las Naciones Unidas respondían a una petición generalizada, incluidos los pueblos indígenas, de fortalecimiento de la arquitectura del derecho internacional de derechos humanos para adaptarlo mejor a los desafíos que suponen las violaciones de derechos humanos relacionadas con las corporaciones. Mientras que las tendencias económicas mundiales se caracterizan, cada vez más, por el dominio de las corporaciones, su papel supera la capacidad de cualquier sistema nacional para poder regular sus operaciones de forma eficaz por sí solo. Las cuestiones en juego son globales, y global debería ser la respuesta.

En una de mis primeras declaraciones después de mi nombramiento el año pasado, saludé la adopción de la resolución 26/9, señalando que este era un paso muy necesario para garantizar que las graves violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas en las que están implicadas corporaciones transnacionales y otras empresas se convierten en algo del pasado. Usted mencionó en su carta de invitación para que participase en esta histórica sesión que "los altos niveles de impunidad frente a las malas prácticas corporativas y la falta de procedimientos de reparación para las víctimas siguen siendo un problema que exige y amerita plena atención." Sin duda, esta impunidad debe evitarse a toda costa, y debe subrayarse con contundencia la necesidad de un instrumento más fuerte para responder a este problema.

Con demasiada frecuencia, quienes han visto afectados sus derechos humanos por las operaciones de las empresas, consideradas mucho tiempo externalidades de sus actividades, se encuentran sin verdadero acceso a una reparación eficaz. A menudo, los propios estados carecen de los instrumentos necesarios para exigir las debidas responsabilidades a las corporaciones. Esta es una cuestión que me preocupa especialmente porque la debilidad de los Estados, las corporaciones y las Naciones Unidas para proporcionar una adecuada reparación genera desesperación y desesperanza, generando una tierra fértil para las operaciones de los sindicatos criminales transnacionales.

Un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos podría contribuir a resolver las lagunas y desequilibrios en el orden jurídico internacional que socavan los derechos humanos, y podría ayudar a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidas por corporaciones a acceder a la reparación.

Reconozco que se han producido algunos avances en el área de los derechos humanos y las empresas en los últimos años. En particular, la adopción por el Consejo de Derechos Humanos en 2011 de los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos supuso un significativo paso adelante, en especial en la clarificación de muchos elementos del deber estatal de proteger los derechos humanos frente a violaciones relacionadas con empresas y en el reconocimiento de que las propias empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Los tres pilares en que se basan los Principios Rectores, el marco de 'proteger, respetar y remediar', identifica las diferentes responsabilidades de los distintos actores.

Estoy totalmente de acuerdo con la opinión expresada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en una de sus declaraciones. La búsqueda de un nuevo instrumento legal internacional y la implementación de los Principios Rectores no deben considerarse objetivos contrapuestos sino, más bien, complementarios. Mientras continuamos buscando alternativas viables para resolver las actuales falencias en la responsabilidad empresarial, los Principios deberían seguir utilizándose provisionalmente a la vez que desarrollamos una plataforma para avanzar en la prevención y reparación de las violaciones de derechos humanos en el contexto de las actividades corporativas.

Señora Presidenta,

El mandato establecido por la resolución 26/9 es muy relevante y necesario. Las corporaciones son actores clave en todo el mundo por su influencia en las cuestiones, actividades y marcos políticos, sociales y culturales, incluidos los patrones de producción y consumo y los medios de vida de las comunidades. Dado que las tendencias económicas globales se caracterizan, cada vez más, por el dominio de las corporaciones, su posición supera la capacidad de cualquier estado para regular eficazmente sus operaciones por sí solo.

Como inversores extranjeros, las corporaciones se benefician de un régimen de protección internacional consolidado en normas de tratados de inversión bilaterales o acuerdos de libre comercio y otros acuerdos regionales. Este sistema se aplica a través de un mecanismo de resolución de controversias entre inversores y estados y de normas de gran alcance para el reconocimiento y aplicación de laudos arbitrales. La reforma del régimen internacional de protección de las inversiones, incluido el fondo de los tratados y los mecanismos de resolución de controversias entre inversores y estados, está emergiendo como una preocupación tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados.

Vemos como, con creciente frecuencia, los inversores internacionales y las corporaciones transnacionales tienen derechos bien establecidos y fuertes mecanismos de aplicación de los mismos. Por otro lado, las normas globales y nacionales referidas a las responsabilidades de las corporaciones y otros tipos de negocios se caracterizan como 'derecho blando'. No tienen el alcance de instrumentos legalmente vinculantes que permitan conseguir un equilibrio entre los derechos y las responsabilidades de estos actores. Nos enfrentamos a un contexto en el que las corporaciones carecen aún de responsabilidades legales internacionales proporcionales a su influencia en los asuntos internacionales y nacionales. A la vez, hay lagunas en el marco legal internacional en relación con el deber de proteger los derechos humanos y el acceso a la reparación. El último pilar de los Principios Rectores de la ONU, sobre acceso a un remedio efectivo, reconoce las limitaciones de la reparación en el ámbito nacional y la necesidad de mayor claridad en relación con el acceso a la reparación efectiva.

Un instrumento internacional legalmente vinculante ayudaría de forma significativa a establecer el muy necesario equilibrio en el sistema internacional entre derechos y obligaciones de las corporaciones y de los gobiernos anfitriones. También podría beneficiar potencialmente a diferentes partes interesadas y no solo a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Las empresas que ya respetan los derechos humanos y están trabajando en el desarrollo de buenas prácticas deberían obviamente estar interesadas en apoyar y ayudar a desarrollar este instrumento.

El mandato del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta para a elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre corporaciones transnacionales y otras empresas comerciales en relación con los derechos humanos, es el de regular, en el derecho internacional de derechos humanos, las actividades de dichas corporaciones transnacionales y otras empresas. La mayor parte de los casos en el ámbito de las demandas civiles contra compañías implican cuestiones de derechos económicos, sociales y culturales y daños ambientales. Por tanto, es de esperar que este instrumento tome en cuenta los principios de la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos.

La resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas da un paso más en el camino hacia el fortalecimiento del derecho de derechos humanos, y debe aprovecharse la oportunidad que brinda el Grupo de Trabajo intergubernamental para responder a dos realidades globales y urgentes: la primera, el acceso a la reparación y la segunda la necesidad de mantener la primacía de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales.

En estos momentos, la capacidad de las personas y comunidades afectadas por violaciones de los derechos humanos cometidas por corporaciones para acceder a la reparación es muy escasa y el acceso no afecta a todas las jurisdicciones. Además, en muchos casos las violaciones de los derechos humanos por las corporaciones afectan los intereses jurisdiccionales de más de un país. En este sentido, para que el Grupo de Trabajo intergubernamental pueda progresar realmente en el acceso a la reparación efectiva, el futuro instrumento legal debe clarificar las obligaciones extraterritoriales de los Estados para garantizar dicho acceso en todos los Estados que tengan relación con las corporaciones en cuestión. Por fortuna, los Principios de Maastricht sobre obligaciones extraterritoriales de los Estados en el área de los derechos económicos, sociales y culturales pueden ayudar mucho para clarificar la aplicación del derecho en este contexto y son un valioso recurso que el Grupo de Trabajo intergubernamental podría utilizar como guía.

Una segunda e importante oportunidad que proporciona el Grupo de Trabajo intergubernamental se refiere a la posibilidad de desarrollar un nuevo instrumento internacional, en el contexto de las actividades empresariales, que fortalezca el principio fundamental del derecho internacional que reconoce la primacía de los derechos humanos sobre todos los sistemas de derecho.

Como reconoció el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Declaración sobre Globalización de 1998, "las esferas del comercio, de las finanzas y de las inversiones en modo alguno quedan exentas de esos principios generales [de derechos humanos]".[1] La realidad global para muchas comunidades, y también para muchos Estados, de todos los lugares de mundo es que las corporaciones hoy en día tienen la capacidad, de acuerdo con el derecho internacional mercantil y de inversiones, de demandar a los Estados cuando adoptan leyes encaminadas a mejorar la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. En este contexto, la comunidad internacional no está aplicando las garantías del régimen internacional de derechos humanos.

El trabajo del Grupo de Trabajo Intergubernamental puede beneficiar también a las corporaciones al establecer unas mismas reglas de juego para las inversiones en todos los Estados. En este sentido, el Grupo de Trabajo tiene la oportunidad de desarrollar estándares para todos los Estados que codifiquen en el derecho internacional los avances en la regulación que se están llevando a cabo en algunas jurisdicciones de manera separada. Al proporcionar este tipo de claridad y certeza regulatoria, en el derecho internacional de derechos de humanos, se establece un enfoque uniforme que beneficiará a todas las corporaciones. Este avance también frenará la práctica de algunas corporaciones de buscar jurisdicciones para sus inversiones con débiles regímenes regulatorios, creando así incentivos negativos para que otras corporaciones hagan lo mismo, que tiene como resultado lo que algunos llaman una carrera hacia el abismo. De modo similar, en el ámbito de los Estados este avance en el derecho internacional restringiría la capacidad de los Estados contraparte de debilitar sus regulaciones, exponiendo a sus poblaciones a violaciones de derechos humanos en el proceso de atraer las inversiones.

Obligación de los Estados de proteger

Señora Presidenta,

Esto me lleva a una cuestión crucial. Cualquier discusión sobre un instrumento legal internacional para regular la responsabilidad de los actores corporativos en relación con los derechos humanos no debería desviar la atención de las importantes responsabilidades que incumben a los Estados en el cumplimiento de su obligación de proteger a sus propios ciudadanos frente a las actividades corporativas. Lamentablemente, en las Américas, en Asia y en otras partes del mundo, hoy más que nunca, los Estados son testigos o víctimas silenciosos del abuso corporativo, pero también son, por acción u omisión, responsables hasta cierto punto de estos abusos. La línea que separa el interés corporativo de la política estatal es, a veces, difusa.

En este sentido, espero que las discusiones en este foro contribuirán a que haya avances concretos al respecto.

Petición de consenso

Señora Presidenta,

Hoy me gustaría recordar el espíritu de consenso en que se basaron los Principios Rectores y pedir a todos los participantes, incluidos los Estados Miembros y los actores de la sociedad civil, que revivan ese espíritu. Nadie debería sentirse ajeno a este proceso.

Me alienta ver a representantes de los pueblos y organizaciones indígenas y espero que se preste el adecuado espacio para su participación en futuras sesiones del Grupo de Trabajo.

Señora Presidenta,

Me gustaría concluir reiterando mi gratitud por la oportunidad que se me ha brindado de dirigirme a los distinguidos miembros del Grupo de Trabajo intergubernamental y a todos los presentes. A la vez que les deseo el mayor éxito en sus discusiones esta semana, me gustaría recordarles que no debemos perder de vista el objetivo último de este ejercicio, que no es otro que fortalecer la protección de los derechos humanos frente a las violaciones cometidas en el contexto de las actividades corporativas. Para los pueblos indígenas, como para muchas otras comunidades humanas del mundo, lo que está en juego es de fundamental importancia.

Gracias señora Presidenta y gracias a todos por su amable atención.


 

Notas

[1] Declaración del Comité sobre los Derechos económicos, Sociales y Culturales, La mundialización y sus consecuencias sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (Mayo, 1998) E/1999/22 E/C.12/1998/26

 

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