UNSR Victoria Tauli-Corpuz

Informe: Situación de los pueblos indígenas en Honduras Imprimir

onuNaciones Unidas
Asamblea General
Consejo de Derechos Humanos
33º período de sesiones
Tema 3 de la agenda
A/HRC/33/42/Add.2
21 de julio 2016

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Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas
sobre su visita a Honduras


Nota de la Secretaría

La Secretaría tiene el honor de transmitir al Consejo de Derechos Humanos el informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a Honduras. Dicho informe se basa en la información recibida por la Relatora Especial durante su visita al país del 2 al 10 de noviembre de 2015 y en investigación independiente.

Los pueblos indígenas de Honduras viven una situación crítica a causa de la desprotección de sus derechos sobre sus tierras, territorios, y recursos naturales y los actos de violencia que enfrentan por reivindicar sus derechos en un contexto general de violencia e impunidad y de falta de acceso a la justicia. A ello se une la desigualdad, la pobreza y la carencia de servicios sociales básicos adecuados, como la educación y la salud.

Urgen medidas inmediatas y decididas de protección, incluyendo la prevención, investigación y sanción de los responsables de asesinatos, amenazas y hostigamientos de miembros de pueblos indígenas, así como de los responsables de actos que atentan contra los derechos sobre sus tierras, recursos naturales y otros derechos humanos. El marco jurídico, político e institucional debe ser considerablemente reformado y fortalecido para hacer frente a esta situación de manera seria y eficaz, incluida la coordinación interinstitucional del Gobierno para asegurar la aplicación transversal de los compromisos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. Todo lo anterior requiere la mayor asignación de recursos públicos y una mayor voluntad política. Es imprescindible la participación seria y comprometida de la comunidad internacional y de los organismos internacionales de derechos humanos para ejercer una veeduría internacional de tales esfuerzos y para proporcionar la asistencia técnica y financiera necesaria.

Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a Honduras*

Índice

I. Introducción

II. Los pueblos indígenas en Honduras

III. Marco jurídico, político e institucional

IV. Preocupaciones principales

A. Violencia e impunidad
B. Acceso a la justicia
C. Tierras, recursos naturales y gobernanza
D. Proyectos de inversión
E. Áreas protegidas
F. Desarrollo económico, social y organizativo

V. Conclusiones y recomendaciones

Anexo**

Observaciones sobre la situación de Río Blanco 22


 

I. Introducción

1. El presente informe examina la situación de los pueblos indígenas en Honduras y hace recomendaciones al respecto, con base en la información recibida por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas durante su visita al país del 2 al 10 de noviembre de 2015, e investigación independiente.

2. Durante su visita, la Relatora Especial mantuvo reuniones en Tegucigalpa con representantes del Gobierno de la República de Honduras incluyendo: la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños; la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural; el Instituto Nacional Agrario; el Instituto de la Propiedad; el Instituto de Conservación Forestal; la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas; el Instituto Hondureño de Geología y Minas; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH); el Fondo Hondureño de Inversión Social; la Sub-Dirección General de Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños; la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social; la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso Nacional; así como con representantes de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. En Puerto Lempira, se reunió con autoridades municipales y departamentales y representantes de la Fiscalía General y CONADEH. Asimismo, se reunió con representantes de los pueblos indígenas lenca, maya chortí, nahua, tolupán, garífuna, pech, tawahka y miskito, en Tegucigalpa, Puerto Lempira, Auka, Río Blanco, La Esperanza y La Ceiba.

3. La Relatora Especial quisiera agradecer al Gobierno de Honduras su cooperación y que le permitiese llevar a cabo su visita de manera libre e independiente. También quisiera expresar su más profunda gratitud a los pueblos indígenas por la invitación a visitar sus territorios, la hospitalidad que le brindaron y la información que le proporcionaron. Agradece también a las personas y organizaciones indígenas que ayudaron en la organización de su agenda y a quienes viajaron desde sus comunidades de origen para participar en las distintas reuniones. Finalmente, desea agradecer al equipo de las Naciones Unidas en el país y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por su ayuda para garantizar el éxito de su visita.

II. Los pueblos indígenas en Honduras

4. No existen datos precisos o actualizados sobre la población indígena en Honduras. Según el censo nacional de 2001, el 7% de una población total de unos 6 millones era indígena o afrodescendiente. Según un censo realizado por organizaciones indígenas en 2007, la población indígena y afrodescendiente sería el 20%, aproximadamente 1,5 millones de una población nacional de 7,6 millones de personas. El 80% de la población indígena vive en sus tierras tradicionales y el 20% en zonas urbanas.

5. Entre los pueblos indígenas de Honduras existen diversos grados de preservación de sus idiomas y de sus estructuras sociales y culturales debido a distintas experiencias y niveles de contacto con la colonización europea y los subsiguientes gobiernos y sociedades no indígenas. Durante su visita, la Relatora Especial pudo constatar el fuerte arraigo que sienten los miembros de los pueblos indígenas a su identidad como pueblos diferenciados y su deseo de mantener y fortalecer sus culturas, idiomas, saberes, territorios y formas de gobernanza.

6. Los pueblos indígenas de Honduras representan una rica diversidad cultural a lo largo del país. Estos pueblos, su ubicación y población, según el censo de 2001, son:

• El pueblo lenca (279.507 miembros) que habita principalmente en los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira y Santa Bárbara en el occidente del país;
• El pueblo maya chortí (34.463 miembros) en los departamentos occidentales de Copán y Ocotopeque;
• El pueblo tolupán (9.617 miembros) en los departamentos centrales de Yoro y Francisco Morazán;
• El pueblo garífuna (46.448 miembros) en el litoral Atlántico desde el departamento de Cortés hasta Gracias a Dios;
• El pueblo nahua (20.000 miembros según datos no oficiales) en el departamento oriental de Olancho;
• El pueblo pech (3.848 miembros) en los departamentos de Colón, Olancho y Gracias a Dios;
• El pueblo tawahka (2.463 miembros) en los departamentos orientales de Olancho, Colón y Gracias a Dios;
• El pueblo miskito (51.607 miembros) en el departamento de Gracias a Dios.

7. Cada pueblo indígena cuenta con una o más organizaciones o federaciones que representan los intereses de sus miembros o de sectores particulares de su población. Durante los años 90, los pueblos y organizaciones indígenas realizaron movilizaciones políticas o "peregrinaciones" en Tegucigalpa para llamar la atención del Gobierno y de la sociedad nacional hacia sus reivindicaciones por sus territorios, culturas, idiomas y el acceso a la salud, educación y otros servicios sociales. Como resultado de esas movilizaciones se produjeron ciertos avances en la titulación de tierras indígenas, se ratificó el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y aumentó la cobertura educativa y sanitaria en comunidades indígenas.

III. Marco jurídico, político e institucional

8. La legislación nacional hondureña ofrece un débil y deficiente reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas. El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas es escaso en comparación con las tendencias constitucionales que se han dado en las últimas décadas a lo largo de América Latina. La única mención en la Constitución de derechos que corresponden a los pueblos indígenas se encuentra en el artículo 346, que establece el deber del Estado de "dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas". Otras disposiciones constitucionales se refieren a deberes estatales de fomentar la riqueza antropológica, culturas nativas y expresiones folklóricas en el país (arts. 172 y 173).

9. La Constitución establece que los tratados internacionales forman parte del derecho interno (art. 15) y que "[e]n caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero" (art. 18). Honduras ha ratificado los principales tratados universales y regionales de derechos humanos, así como el Convenio núm. 169 de la OIT (en 1995), y votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ("la Declaración"). Sin embargo, no existe una legislación secundaria que permita la real aplicación de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales referidos.

10. Según la legislación agraria, las comunidades indígenas que acrediten la ocupación de sus tierras pueden obtener títulos de dominio pleno extendidos por el Instituto Nacional Agrario (INA)1. La legislación forestal "reconoce el derecho sobre las áreas forestales a favor de los pueblos indígenas y afro-hondureños, situados en las tierras que tradicionalmente poseen, de conformidad a las Leyes Nacionales y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo"2.

11. Un motivo de preocupación es la Ley de Propiedad (2004) que establece la regularización de tierras indígenas dirigida por el Instituto de la Propiedad. La ley reconoce las formas tradicionales de tenencia de las tierras indígenas y el carácter de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de éstas3. Sin embargo, permite a las comunidades "poner fin [al] régimen comunal [de tierras], autorizar arrendamientos a favor de terceros" o autorizar contratos para inversiones de desarrollo4. La ley otorga derechos de posesión a favor de terceros que obtuvieron título dentro de tierras comunales y hayan poseído esas tierras, así como derechos de indemnización por mejoras realizadas si poseen títulos anulables, y en caso de no tener título alguno, "podrán negociar su permanencia con la comunidad pagando el canon de arrendamiento que acuerden"5. Según representantes indígenas, estas disposiciones atentan contra las garantías de inalienabilidad de las tierras indígenas según los estándares internacionales y legitiman la presencia de terceros sin el consentimiento de los pueblos indígenas.

12. En 1994 se creó la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural como un organismo especializado del Ministerio Público para conocer las denuncias sobre violaciones de los derechos de los pueblos indígenas y velar por la aplicación de estándares internacionales y por la observancia del debido proceso de personas indígenas que enfrentan procesos penales. Esta Fiscalía ha atendido numerosas denuncias relacionadas con asesinatos de líderes indígenas, usurpación de tierras y aprobación de proyectos de desarrollo sin consulta previa.

13. La Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH), adscrita a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, está encargada de la formulación, coordinación e implementación de programas y políticas para pueblos indígenas en las áreas de desarrollo social y económico. Antes de 2014 tenía el rango de Secretaría. El cambio en 2014 fue percibido por representantes indígenas como una disminución de los recursos y apoyo político para asuntos indígenas. La DINAFROH señaló a la Relatora Especial que su presupuesto no ha sido reducido, sino que ha aumentado.

14. La DINAFROH ha promovido las siguientes iniciativas legislativas y de políticas públicas que, según informa, fueron consensuadas con representantes indígenas y serán sometidas para la correspondiente aprobación del ejecutivo y legislativo: la Política Pública contra el Racismo y la Discriminación Racial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, que incluye temas de participación social y política, educación y salud intercultural, tierras y recursos naturales y acceso a la justicia; el proyecto de ley especial de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes (que incluye disposiciones sobre la titulación, ampliación, saneamiento y delimitación de tierras indígenas, educación, recursos naturales, patrimonio cultural, justicia y una nueva institucionalidad para asuntos indígenas); y un anteproyecto de ley marco de consulta y consentimiento libre, previo e informado a los pueblos indígenas y afrohondureños. La Relatora Especial observó el escaso o nulo conocimiento de estas iniciativas por parte de los representantes indígenas y funcionarios del Estado con los que se entrevistó. Resulta preocupante, además, que organizaciones indígenas hayan rechazado públicamente el anteproyecto de ley de consulta referido por no haber sido ampliamente consultado con todas las organizaciones indígenas del país. Asimismo, diversas organizaciones indígenas han presentado sus propias iniciativas legislativas sobre consulta previa.

15. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos informó sobre su plan de acción para el período de 2014-2020, el cual propone medidas de atención para grupos vulnerables, entre los que incluye a los pueblos indígenas, con un mayor acceso y mejoramiento de su sistema de denuncias y quejas y la coordinación entre entidades estatales y sociedad civil para definir planes de acción a favor de dichos grupos. Otros objetivos serían la formación en derechos humanos a los servidores públicos, sector privado y sociedad civil, y la fiscalización de servicios públicos y programas sociales brindados por el gobierno central y las municipalidades. Según lo informado, la institución ha acompañado a pueblos indígenas en casos de denuncias sobre problemas de tierra y a personas indígenas en procesos penales.

16. En relación con la educación, un acuerdo presidencial de 1994 reconoció el "carácter pluricultural y plurilingüistico de la sociedad hondureña" y creó un programa nacional para promover la educación bilingüe intercultural6. La Subdirección General de Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños asumió las funciones de este programa, que incluyen supervisar la formación de docentes indígenas, dirigir la elaboración de materiales educativos y velar por que en los centros poblacionales indígenas, la educación se realice "en lengua materna, con docentes nativos y especializados, con el objeto de contribuir a la preservación y fortalecimiento de la lengua, la cosmovisión e identidad de los pueblos indígenas [...]"7.

17. La reciente reforma administrativa y creación de ministerios sectoriales no parece haber mejorado la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas en el accionar estatal, debido a una coordinación deficiente y a la debilidad institucional.

IV. Preocupaciones principales

18. Los pueblos indígenas enfrentan problemas sistémicos que impiden el pleno goce de sus derechos. La desprotección de sus tierras, territorios y recursos naturales y la impunidad y deficiente acceso a la justicia son problemas fundamentales que los colocan en una situación de total indefensión ante actos de violencia por distintos actores. Asimismo, enfrentan una precaria situación socioeconómica de pobreza multidimensional relacionada con la extrema desigualdad, la corrupción y la carencia de servicios sociales básicos.

A. Violencia e impunidad

19. Honduras es uno de los países más violentos del mundo y los indígenas se encuentran inmersos en esa violencia e inseguridad generalizada. Según diversas estadísticas, la tasa de homicidios en Honduras por cada 100.000 habitantes osciló entre 85,6 y 90,4 en 2012, mientras que en 2014 fue alrededor de 688. Ejercer una labor de defensa de derechos humanos en Honduras aumenta el riesgo de ser víctima de violencia.

20. Los asesinatos de dirigentes indígenas que defienden sus tierras, incluyendo numerosos dirigentes tolupanes, garífunas, lencas, chortís y pech, figuran entre los casos que más se han denunciado ante la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, junto con casos de lesiones, tentativa de homicidio y violencia contra mujeres indígenas. El reciente asesinato de la dirigente lenca Berta Cáceres, quien encabezó protestas contra proyectos hidroeléctricos en la región lenca (ver anexo), llamó la atención mundial a esta problemática.

21. Resulta extremadamente preocupante el hecho de que muchos de los dirigentes indígenas asesinados, como la Sra. Cáceres, eran beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para salvaguardar sus vidas e integridad personal. Estos sucesos han ocurrido a pesar de una ley de protección para defensores de derechos humanos9, aprobada en abril de 2015, que establece mecanismos de respuesta institucional a solicitudes de protección para defensores de derechos humanos, incluyendo medidas de alerta temprana para atender situaciones de riesgo. Asimismo, dada la alta presencia del ejército y la policía militar en el país, preocupan los testimonios recibidos sobre la connivencia de fuerzas policiales y militares con intereses privados, empresariales e incluso con el crimen organizado en territorios indígenas, todo lo cual agrava la violencia e impunidad que enfrentan los indígenas.

22. El pueblo tolupán ha registrado el mayor número de líderes asesinados, con alrededor de 100 asesinatos en las últimas décadas. Miembros de la tribu tolupán de San Francisco de Locomapa informaron sobre la persecución, criminalización y asesinatos sufridos al oponerse a actividades madereras, mineras e hidroeléctricas en sus tierras, tituladas desde 1864. Durante una protesta contra actividades mineras, tres dirigentes de Locomapa (Yoro) fueron asesinados en agosto de 2013 por individuos al servicio de una empresa. Varios dirigentes tolupanes de Locomapa tuvieron que huir de sus comunidades tras ser amenazados. En diciembre de 2013, la CIDH dictó medidas cautelares en las que se solicitaba al Estado la protección de la vida e integridad personal de miembros de la tribu y sus familiares.

23. Sin embargo, continúan las amenazas y la violencia, y los responsables del triple asesinato de 2013 siguen en libertad pese a la orden de captura emitida contra ellos. En abril y agosto de 2015, fueron asesinados dos dirigentes tolupanes de Locomapa. En febrero de 2016, un dirigente tolupán de Locomapa y cuatro campesinos fueron asesinados presuntamente por sicarios contratados por intereses económicos locales. Estos asesinatos también permanecen impunes.

24. También se recibió información sobre la violencia enfrentada por tolupanes de la tribu de Candelaria por un conflicto con terratenientes. La Relatora Especial escuchó el testimonio de una mujer tolupán cuyos hijos y otros familiares fueron asesinados, secuestrados, amenazados y agredidos físicamente debido a ese conflicto, por lo que ella tuvo que exiliarse de su comunidad al denunciar esa situación.

25. Miembros del pueblo lenca en Santa Elena (La Paz) que se oponen al proyecto hidroeléctrico Los Encinos enfrentan violencia, persecución, amenazas y asesinatos por miembros de la fuerza pública y personas afines al proyecto. En 2015, se reportaron varios asesinatos de indígenas lencas en el marco de este conflicto, así como ataques contra mujeres y niños. En diciembre de 2015, un joven lenca, familiar de líderes opuestos al proyecto, fue asesinado. El mes anterior, la CIDH dictó medidas cautelares en las que ordenaba medidas de protección para dirigentes lencas opuestos al proyecto y sus familiares.

26. Los pueblos indígenas son también vulnerables a la violencia relacionada con el narcotráfico, el crimen organizado y la consiguiente respuesta estatal. En mayo de 2012, en la comunidad miskita de Ahuas, murieron cuatro comunitarios, incluyendo mujeres embarazadas, y otros resultaron lesionados, en un operativo antidrogas de agentes hondureños y estadounidenses. Los sobrevivientes del ataque y familiares de las víctimas rechazaron la versión oficial según la que personas en la embarcación que los transportaba habían disparado contra los agentes. Asimismo, han intentado sin éxito obtener una reparación adecuada y justicia por parte de ambos gobiernos.

27. En diciembre de 2015, en Iriona (Colón), dos jóvenes garífunas fueron asesinados por militares que dispararon sin provocación contra vehículos que transportaban personas no armadas porque sospechaban que eran narcotraficantes. Este hecho ha indignado al pueblo garífuna que ha reclamado el retiro de fuerzas militares de sus territorios.

28. El pueblo tawahka vive una situación de grave inseguridad provocada por ganaderos, madereros y narcotraficantes que venden y compran ilegalmente sus tierras. Se ha informado que comunidades tawahkas enteras han huido de sus tierras y que la supervivencia física y cultural de ese pueblo se encuentra amenazada.

29. También se han señalado los problemas relacionados con la trata y prostitución de mujeres, niños y niñas indígenas como parte de las actividades del crimen organizado en o alrededor de territorios indígenas.

B. Acceso a la justicia

30. Los pueblos indígenas han denunciado la falta de acceso a la justicia para hacer valer sus derechos. Un problema fundamental es el desconocimiento de los operadores de justicia de los derechos, culturas y lenguas de los pueblos indígenas, además del racismo y discriminación que los indígenas han sufrido históricamente. Otros problemas fundamentales y generalizados incluyen la incapacidad institucional para investigar delitos y la grave ausencia de independencia del poder judicial. Ello ha resultado en una impunidad estructural que con relación a los homicidios cometidos en Honduras afecta, según cifras oficiales, al 80% de los casos; según organizaciones de la sociedad civil, esa cifra es de hasta el 98%10. La desconfianza en la justicia nacional se ha hecho patente con respecto a las investigaciones de la muerte de la dirigente lenca Berta Cáceres y los llamados para que se conforme una comisión internacional de expertos independientes para supervisar los procesos de investigación realizados por las autoridades nacionales.

31. También debe señalarse el uso indebido del aparato de justicia por parte de particulares y agentes estatales que pretenden las tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas. Ello ha resultado en la criminalización de indígenas que, debido a la inexistencia de mecanismos eficaces de justicia, han recurrido a la protesta pacífica. En este contexto, algunas fuentes señalan que al menos 27 dirigentes indígenas han sido procesados por delitos como usurpación de tierras y daños a la propiedad privada, entre otros11. Esta situación refuerza la percepción de que el sistema de justicia realmente no beneficia a los indígenas.

32. Debe destacarse el importante papel que pudiera jugar la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural como mecanismo para acceder a la justicia. Sin embargo, la Relatora Especial pudo constatar la escasez de recursos financieros y humanos con que cuenta esta institución para desempeñar sus funciones. Se pueden señalar algunas acciones legales impulsadas por esta entidad. En el caso del proyecto Agua Zarca, en diciembre de 2015 un militar fue condenado por el homicidio del dirigente lenca Tomás García durante una manifestación pacífica contra ese proyecto, quedando pendiente la individualización de la pena. En noviembre de 2015, se emitió un auto formal de procesamiento contra un militar por el delito de amenazas y daños en perjuicio de tolupanes en Locomapa. En julio de 2015, se dictó un requerimiento fiscal, orden de captura y de desalojo en contra de colonos en Auka. Asimismo, se iniciaron procesos penales en contra de los militares responsables del asesinato de garífunas en Iriona en diciembre de 2015. La efectividad de estas acciones depende del seguimiento y ejecución por parte de las correspondientes autoridades judiciales y policiales. No obstante, esta Fiscalía y otras entidades requieren mayores recursos para dar respuesta al gran número de denuncias de delitos contra los indígenas.

33. Con respecto a la administración de justicia local, se ha denunciado la politización del nombramiento de los funcionarios judiciales, así como algunos casos, como en la Mosquitia, en que personas ligadas al narcotráfico evaden la justicia por crímenes cometidos contra indígenas mediante el soborno de jueces, fiscales o policías. Ello ha resultado en la muerte de indígenas que presentaron denuncias contra narcotraficantes ante autoridades locales. Representantes indígenas manifestaron que los operadores de justicia en regiones con alta población indígena, como la Mosquitia, deberían provenir de las comunidades indígenas y estar sujetos a auditoría de las propias comunidades.

34. Los pueblos indígenas también reclaman el respeto y reconocimiento de sus propios sistemas y autoridades de justicia. Por ejemplo, representantes miskitos expresaron su deseo de establecer procesos de coordinación entre el poder judicial y los operadores de justicia de los consejos territoriales miskitos para que estos últimos pudieran resolver casos a nivel comunitario conforme a su derecho consuetudinario.

C. Tierras, recursos naturales y gobernanza

35. Durante la época colonial y principios de la época republicana, algunos pueblos indígenas obtuvieron títulos comunales. Varias comunidades tolupanes y pech obtuvieron títulos sobre tierras ancestrales a mediados del siglo XIX. A lo largo del siglo XX, algunas comunidades obtuvieron títulos o derechos de usufructo u ocupación bajo el régimen agrario. A partir de las movilizaciones indígenas de los años 90, aumentó la titulación de tierras indígenas colectivas. Según datos del INA, desde 1993 hasta 2015 se emitieron 505 títulos a favor de comunidades indígenas que suman una extensión de 1.322.774,50 hectáreas.

36. Algunos procesos de titulación en los 90 incluyen la titulación de tierras lencas en el primer municipio indígena, San Francisco de Opalaca, creado en 1994, y la titulación de comunidades tawahka dentro de la Reserva de Biosfera Tawahka Asangni, decretada en 1999 para la protección del pueblo tawahka y de la biodiversidad, con administración conjunta del Gobierno, las municipalidades locales y los Tawahka 12.

37. La titulación de tierras miskitas comenzó en 2010 con un programa de titulación ejecutado por el INA y el Instituto de Propiedad, bajo el Programa de Administración de Tierras de Honduras, financiado por el Banco Mundial. Asimismo, un decreto legislativo de 2013 posibilitó la titulación de tierras a nombre de comunidades miskitas y garífunas dentro de la Reserva de Biosfera del Río Plátano13. En el caso de los miskitos, la titulación se ha hecho a nombre de distintos consejos territoriales conformados por varias comunidades según su propia forma de organización territorial. Según el INA, se han titulado 1.099.701,59 hectáreas a favor de 11 de los 12 consejos territoriales existentes.

38. Representantes indígenas informaron sobre solicitudes de titulación aún pendientes, como en el caso de comunidades nahua y pech en Olancho, así como solicitudes de ampliación de títulos de comunidades garífunas, tolupanes, tawahka y pech para incluir sus hábitats funcionales. En el caso del pueblo maya chortí, el Gobierno firmó un acuerdo ejecutivo en 1997 comprometiéndose a adquirir 14.700 hectáreas para titular a nombre de comunidades chortís en los departamentos de Copán y Ocotepeque. Sin embargo, hasta la fecha solo se han titulado 4.995,74 hectáreas. Los chortís han exigido reiteradamente al Gobierno que asigne el presupuesto necesario para la compra y titulación de tierras, con vistas a cumplir íntegramente los compromisos que había asumido. Se ha informado que, en algunos casos, el incumplimiento de estos compromisos ha permitido a particulares obtener órdenes judiciales para desalojar a comunidades chortís asentadas en tierras ancestrales.

39. Representantes indígenas denunciaron que aun cuando tienen tierras tituladas, se enfrentan a reclamaciones contrapuestas de particulares que buscan la desmembración de tierras indígenas mediante procedimientos legales y administrativos y la compra de tierras, vendidas ilegalmente por individuos indígenas. Algunas autoridades municipales han estado implicadas en las ventas ilegales de tierras indígenas y han aprobado o participado en actividades madereras, mineras y agrícolas en esas tierras. Entre las comunidades tituladas que enfrentan este tipo de problemas se incluyen las comunidades lencas de Lepaterique y Llanos de la Candelaria, y varias tribus tolupanes en Yoro que tienen títulos desde el siglo XIX. En la Mosquitia, esta problemática también está vinculada a actividades de narcotráfico y blanqueo de dinero.

40. El saneamiento territorial es un asunto de extrema urgencia para resolver la presencia de terceros en tierras tituladas. Los miembros de la comunidad miskita de Auka (parte del Consejo Territorial Wamakklisinasta, titulado en 2013) informaron sobre los terceros en sus tierras que obtuvieron títulos u otros permisos otorgados ilegalmente por autoridades municipales o mediante ventas ilegales. Debido a las actividades ganaderas y de narcotráfico de los terceros, sus bosques han sido deforestados y sus miembros no pueden acceder a sitios tradicionales de cultivo y caza, generando una situación de inseguridad alimentaria y problemas de salud junto con amenazas de muerte contra dirigentes comunitarios.

41. Al no realizarse el saneamiento territorial solicitado reiteradamente, miembros de la comunidad retuvieron a 27 colonos en marzo de 2015. El Gobierno envió una comisión especial para resolver la situación. Se firmó un acuerdo entre representantes de la comunidad, el pueblo miskito, el gobierno departamental, la Secretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, en el que a cambio de la liberación de los colonos, el Gobierno se comprometió a investigar y sancionar a los responsables de la venta de tierras y de la destrucción ambiental, finalizar el proceso de saneamiento y devolver a los colonos a sus lugares de origen. Otro punto del acuerdo fue la invitación del Gobierno a la Relatora Especial para realizar la visita a Honduras.

42. Tras la firma del acuerdo, algunos colonos salieron del territorio y el INA y otras instituciones realizaron investigaciones preliminares sobre el terreno. Sin embargo, aparte de la visita de la Relatora Especial, los miembros de la comunidad reportaron que no tenían información precisa sobre la implementación de los demás puntos del acuerdo ni sobre la resolución de los cargos penales por secuestro contra los comunitarios que retuvieron a los colonos, y señalaron el aumento de la presencia de terceros en la zona en meses recientes. Por su parte, el Gobierno señaló que había decidido indemnizar a los terceros para que abandonaran las tierras ocupadas, por lo que estaban pendientes de la aprobación del presupuesto necesario por la autoridad correspondiente.

43. Además de la titulación y saneamiento de sus tierras, los pueblos indígenas también han demandado el reconocimiento y fortalecimiento de sus sistemas propios de gobernanza, que incluyen el reconocimiento de sus instituciones, de su gestión de los recursos naturales, el ejercicio de sus sistemas tradicionales de justicia, y los recursos necesarios para ejercer dichas funciones. Los representantes indígenas señalaron que la titulación de sus tierras no conlleva un reconocimiento de sus derechos a administrar sus recursos naturales.

44. Representantes del Gobierno informaron de que diversos donantes internacionales tienen interés en apoyar programas para fortalecer la gobernanza indígena y su administración de tierras y recursos naturales. Por otro lado, representantes indígenas han intentado incorporar garantías de derechos territoriales y de gobernanza en el marco de las negociaciones entre Honduras y la Unión Europea (UE) sobre acuerdos voluntarios de asociación bajo la iniciativa de la UE para la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (AVA-FLEGT). Esta iniciativa pretende detener la tala ilegal de madera y mejorar la gobernanza forestal a nivel mundial.

D. Proyectos de inversión

45. Los pueblos indígenas manifestaron que diversos proyectos energéticos, extractivos, agroindustriales, turísticos y de infraestructura han vulnerado sus derechos. Afirmaron que estas actividades se han realizado sin observar los estándares internacionales sobre consulta previa. En muchos casos se habrían realizado únicamente procesos de divulgación de información, o consultas posteriores a la aprobación de una concesión.

1. Proyectos energéticos

46. En años recientes, el Gobierno de Honduras ha promovido una política energética que favorece las fuentes de energía renovable mediante proyectos hidroeléctricos y eólicos, entre otros, con el fin de reducir el uso de combustibles fósiles. En 2010, un decreto legislativo aprobó 40 contratos para proyectos hidroeléctricos, 21 de los cuales afectarían a comunidades lencas, garífunas, pech, tawahkas, miskito y tolupanes que no fueron consultadas previamente.

47. Uno de esos proyectos fue la represa Agua Zarca en la región de Río Blanco (Intibucá), que generó una situación altamente conflictiva que resultó en amenazas, hostigamiento, criminalización y muertes de dirigentes indígenas lencas opuestos al proyecto. En el apéndice al presente informe, la Relatora Especial hace una serie de observaciones sobre la situación de Río Blanco.

48. La Relatora Especial fue informada sobre otras represas sobre las que no se hicieron consultas y que afectarían a comunidades lencas, entre ellas, las de San Rafael, Chinacla, Gualcarque y Los Encinos. Asimismo, se estarían construyendo unas cuatro represas que afectarían a varias tribus tolupanes en Yoro que no fueron informadas ni consultadas previamente. Según la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, se han dictaminado autos de procesamiento por delitos de abuso de autoridad contra funcionarios que otorgaron licencias ambientales para diversos proyectos hidroeléctricos sin haber realizado procesos de consultas previas, entre ellos, el proyecto Agua Zarca, el proyecto La Aurora que afectó fuentes de agua de comunidades lencas en La Paz, y una represa en el río Wampu que afectaría al pueblo pech.

49. Otro proyecto controvertido es la serie de represas Patuca I, II y III en la Mosquitia. Se ha iniciado la construcción de la represa Patuca III en el departamento de Olancho cuyo embalse afectó poblaciones no indígenas. Ello ha resultado en la colonización ilegal de tierras tawahkas por no existir un plan adecuado de reasentamiento para dichas poblaciones. Preocupa gravemente que el complejo de represas afecte el nivel del agua de los ríos utilizados por comunidades tawahka y miskito para su subsistencia y como medio de transporte y que inunde sus bosques ancestrales. Según la información, no se realizaron procesos de consulta adecuados con esos pueblos indígenas ni estudios apropiados para evaluar los impactos sobre sus derechos territoriales.

50. Se recibió también información sobre la construcción del proyecto eólico Cerro de Hula en Santa Ana (Francisco Morazán), donde se alega que las autoridades municipales y la autoridad ambiental no habrían consultado a las comunidades lencas locales. Según lo informado, la empresa desarrolladora persuadió a individuos indígenas para que firmasen contratos de arrendamiento de sus tierras advirtiéndoles que de lo contrario sus parcelas serían expropiadas. Las comunidades indígenas han exigido a la empresa varias medidas de compensación por daños ambientales causados por el proyecto. Estas peticiones no han sido atendidas y se teme que se podrían producir daños ambientales adicionales si el proyecto llegara a ampliarse a otros municipios vecinos donde existen comunidades indígenas.

2. Proyectos extractivos, agroindustriales, turísticos y de infraestructura

51. El aumento de concesiones mineras en Honduras, incluyendo la minería a cielo abierto, también ha sido denunciado. Según información obtenida, se han concesionado alrededor de 97 proyectos de extracción de metales y 193 de productos no metálicos y más de 500 proyectos mineros se encuentran en etapa de trámite o solicitud de aprobación.

52. Representantes del Gobierno afirmaron que el otorgamiento de concesiones y licencias para proyectos mineros requiere la realización de consultas y el apoyo de comunidades locales. Sin embargo, la Ley General de Minería de 2013 dispone que deben realizarse consultas ciudadanas antes del otorgamiento de permisos de explotación, lo que ocurriría después del otorgamiento de derechos de prospección y exploración, cuando ya existe una relación contractual entre el Gobierno y una empresa.

53. Representantes indígenas informaron sobre proyectos mineros realizados sin consulta previa, incluyendo los proyectos Cuaca I, II y III en Olancho que afectarían al pueblo nahua y la explotación de antimonio en Locomapa, Yoro que afectaría al pueblo tolupán. También se mencionó la extracción minera en la cuenca media del río Patuca por personas extranjeras que operan sin la autorización del Gobierno o el consentimiento del pueblo tawahka.

54. Otra preocupación es el contrato firmado en 2013 entre el Gobierno y la empresa British Gas para la exploración y explotación de hidrocarburos en un área superior a 35.000 kilómetros cuadrados en las costas de la Mosquitia sin haberse consultado a los pueblos indígenas de la región. Luego de las reclamaciones del pueblo miskito, el Gobierno y la empresa iniciaron un proceso de consulta con representantes miskitos, quienes desarrollaron un "protocolo biocultural" para regir dichas consultas. Estas se han centrado en condiciones y garantías exigidas por los miskitos para la protección de sus derechos, estudios de impacto y beneficios durante la fase de exploración, y la realización de otra serie de consultas antes del inicio de las fases de perforación y explotación. Se ha señalado que no se han producido procesos de consulta similares con otros pueblos indígenas potencialmente afectados por las actividades hidrocarburíferas. Representantes del Gobierno indicaron que la experiencia adquirida en las negociaciones con el pueblo miskito sobre la actividad petrolera, que aún no han resultado en un acuerdo, servirá como base para futuras consultas con pueblos indígenas sobre proyectos mineros.

55. Los pueblos indígenas del litoral Atlántico y la Mosquitia han sido afectados por proyectos agroindustriales, principalmente de cultivo de palma africana, promovidos por poderosos sectores económicos. Se reporta que la comunidad garífuna de Nueva Armenia (Atlántida) ha sufrido amenazas, agresiones y destrucción de viviendas y cultivos por particulares que pretenden sembrar palma aceitera en tierras reclamadas por la comunidad. También se han reportado conflictos vinculados con proyectos turísticos en tierras tituladas a favor de comunidades garífunas o que estas reclaman como ancestrales, como en los casos de la comunidad de Barra Vieja (Atlántida), afectada por el complejo turístico Indura Beach Resort y la comunidad de Río Negro afectada por la construcción del muelle turístico Banana Coast en la bahía de Trujillo.

56. Otra gran preocupación es la propuesta creación de ciudades modelo bajo la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico14 que comprende la construcción de infraestructuras para zonas con un régimen legal y económico propio y sus propias fuerzas de seguridad. Las ciudades modelo afectarían a 24 comunidades garífunas entre las regiones del río Sico y la bahía de Trujillo, incluyendo por desplazamientos forzosos. Se informó sobre los planes para la reubicación de 3.500 personas de la comunidad garífuna de Puerto Castilla para facilitar la construcción y ampliación de infraestructura para una ciudad modelo en Trujillo. Miembros de esa comunidad informaron que no fueron consultados sobre el proyecto y se han opuesto a su reubicación, tras haber sufrido dos reasentamientos en décadas anteriores.

E. Áreas protegidas

57. También existen preocupaciones sobre la creación de áreas protegidas superpuestas a territorios indígenas y las consiguientes restricciones de acceso a tierras y recursos naturales. En el caso del pueblo garífuna, 26 de 47 comunidades se encuentran dentro de las zonas núcleo o de amortiguamiento de áreas protegidas. La creación de los parques nacionales Punta Izopo y Cuero y Salado, entre otros, sin consultar previamente a las comunidades garífunas afectadas, ha supuesto serias restricciones a sus actividades de pesca, caza y recolección en dichas áreas, y en ciertos casos, su desalojo.

58. Representantes indígenas manifestaron que los planes de manejo conjunto de áreas protegidas promovidos por el Gobierno no reconocen ni protegen los derechos territoriales de los pueblos indígenas afectados, ni sus propias formas de uso y administración de los recursos naturales. Según informaron, al no tener derechos sobre los recursos forestales y otros en las zonas declaradas como áreas protegidas dentro de sus territorios, los indígenas tienen que pagar permisos a autoridades municipales y forestales para poder extraer madera para la construcción de sus viviendas y otras actividades tradicionales. En la Mosquitia y otras regiones, se ha denunciado que policías decomisan la madera extraída por familias indígenas y, en algunos casos, exigen sobornos. Se ha reportado que comunitarios miskitos han sido encarcelados por la policía luego de decomisarles la madera, o por cazar animales para su subsistencia.

59. Se ha denunciado que el establecimiento de áreas protegidas no ha impedido la tala ilegal de madera, actividades extractivas y el narcotráfico en tierras indígenas. Tal sería la situación de la Reserva de Río Plátano, en donde las tierras ancestrales de los miskitos se ven afectadas por actividades madereras y el narcotráfico. Igual situación enfrenta el pueblo tawahka pese a la creación de la Reserva de la Biosfera Tawahka Asangni.

F. Desarrollo económico, social y organizativo

60. Honduras es considerado un país de ingreso medio-bajo con un alto grado de inequidad económica y pobreza. Aunque existen medidas para mejorar los niveles de desarrollo humano en el país, subsisten problemas por superar en las áreas de acceso a la salud, educación, igualdad de género, medioambiente y otros. Esta problemática es más pronunciada para los pueblos indígenas. Un problema señalado es la falta de datos oficiales desglosados recientes sobre los pueblos indígenas y su situación socioeconómica, y sobre la eficacia e idoneidad cultural de los programas sociales implementados en regiones indígenas.

1. Situación económica y laboral, y de mujeres, jóvenes y niños

61. El 72% de los hogares indígenas, en comparación con el 41,6% de hogares a nivel nacional, no puede cubrir los costos de la canasta básica alimentaria, lo que los sitúa en la línea de pobreza extrema. Los pueblos tolupán (93,9%), chortí (87,4%) y pech (84,4%) registran los peores porcentajes. El 88,7% de la población infantil indígena vive en la pobreza, y más del 88% de niños tolupanes, lencas y pech sufren pobreza extrema. La tasa de desempleo para la población indígena mayor de 18 años es del 44,7%. El 83,6% de las personas desempleadas son mujeres. El ingreso promedio de los indígenas equivale a un 36,8% del promedio mensual nacional, mucho menor para los tolupanes, chortís, pech y lencas15. Asimismo, enfrentan una situación de discriminación que los hace vulnerables a condiciones laborales injustas y precarias.

62. Se recibió información sobre los buzos miskitos que han muerto o tienen discapacidades severas por la actividad de la pesca de langosta. Hace muchos años que se están exigiendo al Gobierno, inclusive mediante una demanda ante el sistema interamericano, compensaciones para las víctimas y sus familiares, incluyendo servicios de salud, becas y viviendas, además de una mayor regulación laboral. El Gobierno informó sobre inspecciones de las embarcaciones que contratan a los buzos, instalación de cámaras hiperbáricas en ciertas zonas, e iniciativas para reglamentar la pesca submarina, además de servicios sociales para los buzos y sus familiares. Sin embargo, parece que las becas, viviendas y los servicios médicos disponibles son insuficientes para cubrir las necesidades reales de los buzos discapacitados y sus familiares. La falta de oportunidades económicas y adecuada regulación, hacen que sigan aumentando el número de casos de buzos que mueren o quedan discapacitados.

63. Un problema reiterado fue la falta de servicios para proporcionar documentos de identidad para personas indígenas, lo que impide su acceso a los servicios sociales y el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Los familiares de buzos miskitos que murieron sin dichos documentos no reciben los beneficios sociales que pudieran corresponderles.

64. Representantes del Gobierno informaron sobre programas sociales como "Vida Mejor" que proporcionan alimentos, viviendas, "eco-fogones" y medicinas, y como bonos diferenciados para familias indígenas pobres, y el Programa de Pueblos Indígenas, Afrohondureños y Cambio Climático. Asimismo se ha dado apoyo, materiales escolares y alimentos a niños indígenas. Sin embargo, se ha denunciado la insuficiencia palmaria de dichos programas y casos de favoritismo político en los programas sociales destinados a ciertas comunidades o familias, o casos en que dichos programas no llegan a las comunidades indígenas.

65. Por otro lado, los pueblos indígenas demandan el apoyo a sus propios modelos y propuestas económicas y ser los beneficiarios directos del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales en sus territorios. Según varios testimonios, la desposesión de tierras y recursos en las comunidades ha producido una falta de oportunidades para las generaciones jóvenes que los convierten en presas fáciles del crimen organizado o les obligan a emigrar.

2. Educación

66. Los niveles de analfabetismo en la población indígena son iguales a los de la población nacional (14,9%), pero para las mujeres tolupanes, pech y chortís, son más elevados (29,5%, 36,3% y 39,6% respectivamente). El promedio de años de escolaridad para los pueblos indígenas es de 5,7 años, frente a un promedio nacional de 7,5 años, y es inferior a cinco años en el caso de los chortís, pech, tolupanes y lencas16. Ello se debe a factores como deficiencias en la oferta educativa y presiones socioeconómicas que llevan a los niños y jóvenes indígenas a dejar sus estudios para contribuir económicamente a sus familias.

67. Según datos oficiales, existen 919 centros educativos en comunidades indígenas y afrohondureñas (183 de nivel prebásico y 736 de nivel básico), que atienden a un total de 92.962 niños. 4.019 docentes trabajan en estos centros educativos y reciben capacitación en educación intercultural bilingüe. Se tiene previsto desarrollar el componente bilingüe en 424 de esos centros educativos, atendiendo a 41.649 niños en comunidades indígenas que hayan conservado su lengua, mientras que en los demás centros habrá un enfoque intercultural y la enseñanza de términos indígenas.

68. La Subdirección General de Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños está desarrollando sistemas de indicadores y evaluación de la educación bilingüe incluyendo pruebas de competencia en lengua materna. En la última década se desarrollaron materiales educativos en las lenguas miskito, garífuna, pech, tawahka, tol, lenca y chortí. Mediante un programa de formación docente, se formaron 2.578 maestros en educación intercultural bilingüe entre 2007 y 2012. Asimismo, se está impulsando un profesorado en educación intercultural bilingüe a nivel universitario.

69. Representantes indígenas manifestaron que subsisten problemas en la educación impartida en sus comunidades debido a carencias de materiales, personal e infraestructura. En la Mosquitia, se resaltó el estado de deterioro de las escuelas y la ausencia de centros de educación media y superior. Se informó que por el abandono en muchas regiones indígenas, la calidad educativa es muy deficiente, y que por la falta de recursos en las escuelas, a los padres se les cobra por los materiales y otros gastos. Otra preocupación reiterada fue la falta de oportunidades laborales para los maestros indígenas capacitados, dado que el nombramiento para estos puestos parece estar motivado políticamente.

70. Representantes indígenas también informaron sobre los desafíos en la implementación de la educación intercultural bilingüe. Se informó que en la Mosquitia, donde la mayoría de los estudiantes hablan su lengua indígena, la educación se imparte en español. Asimismo, se requiere mayor apoyo para las comunidades que han perdido su lengua indígena y desean recuperarla. Representantes indígenas también informaron que los materiales educativos nacionales no contienen información sobre los pueblos indígenas, sus idiomas, culturas y aportes al país.

3. Salud

71. La situación de salud de los pueblos indígenas en Honduras es precaria debido a factores como la pobreza, la discriminación, el aislamiento geográfico y la falta de servicios de salud adecuados en las comunidades indígenas.

72. Según cifras disponibles, la mortalidad neonatal (de niños menores de un año) es para niños indígenas de 43,5 por cada 1.000 nacimientos vivos, superior a la media nacional de 35,1 por 1.000, y la mortalidad infantil (de niños menores de 5 años) es de 62,9 por 1.000, superior a la media nacional de 49,7 por 1.000. Las principales causas de muerte incluyen enfermedades prevenibles como la neumonía, las enfermedades parasitarias y la desnutrición. La desnutrición crónica afecta al 38% de la población infantil indígena menor de 5 años, mientras que la media nacional es de 30%. Entre la niñez lenca, tolupán y chortí, los niveles superan el 55%. En la población adulta, la esperanza de vida varía por pueblo; por ejemplo, es de 52 y 57 años respectivamente para los hombres y mujeres tolupanes, y 38 y 43 años respectivamente para los hombres y mujeres tawahkas. El promedio nacional es de 65 y 70 años respectivamente para hombres y mujeres. Los niños y adultos indígenas padecen de una alta incidencia de infecciones respiratorias, desnutrición, diarrea, malaria, dengue, tuberculosis y la enfermedad de Chagas. Existen índices elevados de VIH/SIDA en las poblaciones garífuna, miskita y tawahka 17.

73. Según fuentes de información, los indígenas utilizan servicios estatales como centros de salud rural y centros médicos odontológicos en sus comunidades o cerca de ellas, y clínicas u hospitales públicos y privados fuera de sus comunidades. Se registra un número significativo de personas que deciden no buscar atención médica (13% según una encuesta), o que prefieren obtenerla en sus viviendas o comunidades (5%). Se ha reportado que un promedio de 96% de comunidades indígenas tienen acceso a diversos tipos de practicantes de medicina tradicional 18.

74. La Relatora Especial escuchó muchos testimonios sobre la falta de instalaciones, personal y medicamentos en los centros de salud en territorios indígenas, y factores socioeconómicos que impiden el acceso a la salud. En la Mosquitia, representantes indígenas han exigido más centros de salud en sus comunidades y un hospital regional. Manifestaron que la falta de personal y de atención médica adecuada en la región ha resultado en el aumento de muertes maternas y de personas que se han resignado a morir por no poder cubrir gastos de transporte y tratamientos médicos en centros poblacionales lejanos. Para mejorar el acceso a servicios de salud y otras necesidades, han exigido reiteradamente al Estado la construcción de carreteras en ciertas áreas. En la región lenca, se informa que por falta de acceso a servicios médicos algunas personas acuden a centros de salud en El Salvador.

75. Otro problema reportado es la falta de respeto a las prácticas ancestrales de salud y la falta de coordinación con funcionarios de salud para incorporar dichas prácticas y las cosmovisiones indígenas sobre salud.

4. Capacidad organizativa, medios de comunicación, y patrimonio cultural

76. La Relatora Especial pudo observar la existencia de graves divisiones entre organizaciones representativas indígenas. Dirigentes indígenas manifestaron reiteradamente que las autoridades estatales y otros actores han promovido divisiones entre los pueblos indígenas mediante la creación de organizaciones indígenas paralelas o la influencia indebida sobre líderes indígenas, lo que genera desconfianza en las comunidades y debilita la defensa de sus derechos e intereses.

77. Los pueblos indígenas también han protestado por la falta de apoyo a sus propios medios de comunicación, en particular sus radios comunitarias. Se han denunciado actos de hostigamiento por autoridades estatales en contra de radios comunitarias lencas y garífunas presuntamente por el papel que juegan dichas emisoras en promover los derechos de los pueblos indígenas. Preocupa que las normas en materia de telecomunicaciones pongan en desventaja a las radios comunitarias y que ello resulte en su clausura.

78. Otro tema que se planteó fue el derecho de los pueblos indígenas a participar en la administración y los beneficios derivados de sitios de patrimonio ancestral administrados por el Gobierno o instituciones internacionales. Se informó sobre los esfuerzos en ese sentido del pueblo chortí en relación con el parque arqueológico maya de Copán y de los pueblos pech, tawahka y miskito con respecto a la Ciudad Blanca.

V. Conclusiones y recomendaciones

79. Los pueblos indígenas de Honduras viven una situación crítica a causa de la desprotección de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, y los actos de violencia que enfrentan por reivindicar sus derechos.

80. Urgen medidas inmediatas y decididas de protección, incluyendo la prevención, investigación y sanción de los responsables de asesinatos, amenazas y hostigamientos de miembros de pueblos indígenas, así como de los responsables de actos que atentan contra los derechos sobre sus tierras, recursos naturales y otros derechos humanos. El marco jurídico, político e institucional debe ser considerablemente reformado y fortalecido para hacer frente a esta situación de manera seria y eficaz, incluida la coordinación interinstitucional del Gobierno para asegurar la aplicación transversal de los compromisos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas.

81. Todo lo anterior requiere la asignación de más recursos públicos y una mayor voluntad política. También es imprescindible la participación seria y comprometida de la comunidad internacional y de los organismos internacionales de derechos humanos para ejercer una veeduría internacional de tales esfuerzos y para proporcionar la asistencia técnica y financiera necesaria.

Marco jurídico, político e institucional

82. Todos los organismos del Estado dedicados a los pueblos indígenas, en particular la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural y la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, deben fortalecerse considerablemente y dotarse de los recursos necesarios para responder a las necesidades de los pueblos indígenas en materia de acceso a la justicia, protección de tierras y recursos naturales y otros derechos. Otra institución clave que requiere mayores recursos es el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos si quieren cumplirse los importantes objetivos delineados en su plan de acción (párr. 15).

83. Se deben realizar procesos de formación y capacitación de funcionarios públicos y el sector privado en los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, con especial atención a alcaldes municipales, operadores de justicia locales y nacionales, y miembros de fuerzas policiales, militares y fuerzas privadas de seguridad. Lo anterior debe ser acompañado de procesos eficaces de monitoreo, supervisión y evaluación de esos mismos agentes estatales y privados en relación con el respeto e implementación de esos estándares internacionales.

84. En relación con las distintas iniciativas legislativas y de políticas públicas sobre pueblos indígenas (párrs. 12 a 17), se recomienda asegurar que estas sean debidamente consultadas con la más amplia gama de entidades representativas de los pueblos indígenas del país, e incluir sus propias propuestas legislativas y políticas. Conforme al artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las consultas relacionadas con estas medidas legislativas, o de otra índole, deben contar con el consentimiento libre, previo e informado de los indígenas antes de su adopción.

85. Es necesario examinar la compatibilidad de la actual legislación y políticas en las áreas de propiedad, recursos naturales, minería, hidrocarburos, proyectos energéticos, ciudades modelo, turismo, áreas protegidas, materia forestal y agroindustria, con las obligaciones internacionales asumidas por Honduras en materia de pueblos indígenas, teniendo en cuenta el rango constitucional de los instrumentos internacionales de derechos humanos. La aplicación de dichas normas no debe menoscabar los derechos consagrados en los instrumentos internacionales sobre pueblos indígenas. Su modificación o reforma deben consultarse con los pueblos indígenas conforme a los estándares internacionales.

Violencia, impunidad y acceso a justicia

86. Se necesitan mayores recursos para fortalecer el aparato de justicia con respecto a la investigación, procesamiento y sanción de agentes estatales o particulares responsables de asesinatos y otras formas de violencia contra miembros de pueblos indígenas, incluyendo la violencia contra mujeres y niños indígenas. Ello debe incluir procesos de investigación y sanción de agentes policiales, militares y de fuerzas privadas de seguridad involucrados en tales actos de violencia.

87. Se recomiendan procesos especiales de investigación y sanción penal en casos particularmente graves como la situación de los tolupanes en Locomapa (párr. 22), enfocadas no solo en los autores de los asesinatos sino también en la problemática de tierras que subyace la violencia contra los tolupanes. Con respecto al asesinato de Berta Cáceres, se recomienda que el Gobierno solicite y acepte la asistencia técnica de organismos internacionales y expertos independientes tal como han solicitado los familiares de la Sra. Cáceres y miembros de organizaciones indígenas y de la sociedad civil.

88. La política penal debe tener en cuenta las causas subyacentes de las protestas relacionadas con tierras u otras reivindicaciones de los pueblos indígenas con el fin de promover soluciones a dichas causas y no imponer a manifestantes indígenas penas innecesarias o excesivas.

89. Se deben ampliar, fortalecer y dotar con los recursos necesarios los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos, incluidos los beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH, para incluir a los dirigentes indígenas y sus familiares, dedicados a la defensa de los derechos de sus pueblos. Las medidas de protección deben ser desarrolladas en consulta con los beneficiarios indígenas. Urgen sistemas eficaces de alerta temprana y acción urgente desarrollados con los pueblos indígenas para prevenir los ataques en contra de miembros y dirigentes de pueblos indígenas.

90. Con respecto a la presencia del narcotráfico y crimen organizado en tierras indígenas, urgen medidas de seguridad desarrolladas en consulta con los mismos pueblos para proteger sus vidas, integridad personal, tierras y culturas. Debe prestarse particular atención a la situación de las mujeres, niños y jóvenes indígenas.

91. Las políticas y acciones antidroga, incluyendo la presencia de fuerzas policiales y militares nacionales o extranjeras, deben ser consultadas con los pueblos indígenas que pudieran ser afectados, y debe garantizarse que no resulten en violaciones de los derechos a la vida, culturas, tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas. Los abusos cometidos por agentes antidrogas deben ser investigados y sancionados. En el caso de la masacre en Ahuas (párr. 26), deben tomarse las medidas necesarias a nivel nacional e internacional para asegurar que las víctimas y sus familiares obtengan justicia y reparaciones justas y adecuadas.

92. La Relatora Especial recomienda que en las regiones con alta población indígena se aumente la formación de funcionarios de justicia sobre los derechos de los pueblos indígenas y las lenguas y culturas indígenas locales. Es necesario desarrollar, conjuntamente con los pueblos indígenas en dichas regiones, medidas para facilitar el nombramiento de funcionarios judiciales, preferiblemente provenientes de comunidades indígenas, y cuyas acciones sean fiscalizadas por los mismos indígenas.

93. Asimismo, se recomiendan medidas legislativas o de otra índole para reconocer los sistemas de justicia y jurisdicción indígena, y para desarrollar mecanismos de coordinación entre las jurisdicciones indígenas y ordinarias.

Tierras, recursos naturales y gobernanza

94. Deben redoblarse los esfuerzos para responder a las solicitudes pendientes de los pueblos indígenas con respecto a la delimitación, demarcación, titulación, ampliación y saneamiento de sus tierras. Es necesario el cumplimiento de los compromisos firmados con el pueblo chortí respecto a la adquisición y titulación de tierras y resolver las solicitudes de los pueblos garífuna, tawahka y tolupán, entre otros, para la ampliación de tierras tituladas (párrs. 35 a 44). Como dispone el Convenio núm. 169 de la OIT, el reconocimiento legal de las tierras debe incluir no sólo las áreas de asentamiento sino también "la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera" (art. 13, párr. 2). Asimismo, los pueblos indígenas tienen el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras (art. 15, párr. 1).

95. Se recomiendan acciones coordinadas entre instituciones judiciales, agrarias, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural y otras instituciones para desarrollar y fortalecer mecanismos específicos y permanentes que permitan a los pueblos indígenas presentar sus demandas y obtener reparación por violaciones a los derechos sobre sus tierras y recursos naturales, conforme al Convenio núm. 169 de la OIT (arts. 12 y 14) y la Declaración (arts. 27, 28 y 40). Deben incluirse medidas para resolver con celeridad los casos de superposición de títulos otorgados a terceros en tierras indígenas, así como prevenir y sancionar la desmembración y ventas ilegales de tierras indígenas.

96. Se requieren medidas prontas y eficaces para el saneamiento de territorios indígenas titulados y para la investigación y sanción penal de las personas responsables de invasión y degradación ambiental en territorios indígenas. Asimismo, urge la plena e inmediata aplicación del acuerdo firmado con la comunidad de Auka para evitar el deterioro de esa situación conflictiva.

Proyectos de inversión

97. Los pueblos indígenas deben ser incluidos en la planificación del desarrollo nacional y de la política energética teniendo en cuenta los estándares internacionales relativos a la protección de sus culturas, tierras y recursos tradicionales; consulta previa y consentimiento libre, previo e informado; la realización de estudios de impacto social, cultural, ambiental y de derechos humanos; y la definición consensuada de medidas de mitigación, indemnización y beneficios. Dichos estándares se aplican en el caso de los proyectos energéticos, extractivos, agroindustriales, turísticos, de ciudades modelo y otros que afecten o pudieran afectar a los pueblos indígenas.

98. En relación con el proyecto Patuca III y otros proyectos energéticos y de inversión (párrs. 46 a 50) la Relatora Especial señala que se requieren consultas previas adecuadas que proporcionen a los pueblos indígenas información accesible sobre los impactos sociales, ambientales y culturales de dichos proyectos, y posibles medidas de mitigación, indemnización y beneficios. No debe procederse sin que se hayan implementado dichas garantías y se haya obtenido el consentimiento libre, previo e informado de todos los pueblos indígenas afectados. Los pueblos indígenas cuyas tierras, recursos naturales u otros derechos hayan sido vulnerados por la ejecución de dichos proyectos deben obtener justicia y reparación.

99. Por su parte, el sector privado tiene el deber de ejercer la debida diligencia y evaluar previamente los impactos reales y potenciales de sus actividades sobre los derechos humanos. La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos existe con independencia de la capacidad o voluntad del Estado de cumplir sus obligaciones de derechos humanos y es adicional a la obligación de cumplir la normativa nacional19. Es recomendable que antes de solicitar permisos y firmar contratos relacionados con proyectos de inversión, las empresas realicen estudios sobre la presencia de pueblos indígenas en o alrededor de sitios propuestos para proyectos, y sobre los derechos a tierras, recursos naturales y consulta previa que pudieran corresponder a los pueblos indígenas bajo estándares internacionales.

Áreas protegidas

100. El establecimiento de áreas protegidas también requiere la consulta previa y el consentimiento de los pueblos indígenas directa e indirectamente afectados y la consideración de los derechos que les corresponden según la normativa nacional e internacional. La gestión de áreas protegidas existentes o propuestas debe realizarse con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas afectados, respetando sus propias formas de uso y administración de los recursos naturales en sus territorios ancestrales. La Relatora Especial insta a que se tomen las medidas necesarias para facilitar el acceso y utilización de los pueblos indígenas de sus tierras y recursos naturales actualmente en áreas protegidas sin costo o sanción alguna.

Desarrollo económico, social y organizativo

101. Es necesario actualizar y sistematizar la información censal sobre la población indígena y su situación socioeconómica, y desarrollar métodos para evaluar el alcance y eficacia de los políticas y programas sociales a favor de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta también la situación de las mujeres y niñez indígenas. También deben ampliarse los programas para proporcionar documentos de identidad a personas indígenas.

102. En consulta y coordinación con autoridades y organizaciones indígenas, se deben impulsar medidas adecuadas para mejorar el desarrollo e implementación de programas y políticas de educación, salud y desarrollo económico en los territorios indígenas, y designar mayores recursos para tal fin. Ello incluye medidas para ampliar la cobertura educativa y de salud, con la infraestructura, materiales y personal necesarios. Es necesario asegurar la efectiva implementación de la educación intercultural bilingüe para fortalecer y, en los casos necesarios, recuperar las lenguas indígenas. Los materiales educativos nacionales deben incluir información precisa sobre los pueblos indígenas, sus derechos, culturas, lenguas y aportes. Deben desarrollarse medidas para reconocer las prácticas ancestrales de salud e incorporarlas en los servicios de salud en regiones indígenas.

103. Se insta al Gobierno a proporcionar recursos para que los pueblos indígenas puedan desarrollar e implementar sus propios modelos e iniciativas económicas. Asimismo, se recomiendan medidas para apoyar y promover los medios de comunicación de los pueblos indígenas. También es necesario que los pueblos indígenas participen plena y efectivamente en la administración y los beneficios derivados de sitios de patrimonio ancestral.

104. La Relatora Especial exhorta al Gobierno a que se adopten las medidas necesarias para regular y controlar eficazmente la actividad de pesca submarina y para cumplir con las demandas de los buzos miskitos y sus familiares, incluidos los servicios de salud y otros servicios sociales necesarios e indemnizaciones.

105. Se deben brindar los recursos necesarios para que los pueblos indígenas puedan desarrollar su capacidad organizativa respetando sus propias estructuras, culturas y autonomía. Deben evitarse las acciones que dividen a los pueblos y organizaciones indígenas. Por otro lado, la existencia de divisiones internas no debe ser un pretexto para no adoptar medidas para resolver los problemas de derechos humanos que aquejan a los pueblos indígenas.

Otras recomendaciones

106. La Relatora Especial recomienda que el Gobierno y países donantes y socios comerciales promuevan e implementen iniciativas que favorezcan los derechos de los pueblos indígenas en Honduras, en consulta con los mismos, particularmente con respecto a tierras, recursos naturales, gobernanza, desarrollo socioeconómico y capacidad organizativa. En ese sentido, debe asegurarse que las iniciativas de AVA-FLEGT (párr. 44) y las iniciativas privadas que promuevan en el país, garanticen los derechos de los pueblos indígenas, y su participación.

107. Asimismo, se recomienda que los órganos de Naciones Unidas en Honduras, incluida la oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en cooperación con el Gobierno y los pueblos indígenas, proporcionen asistencia técnica al Estado para poner en práctica las recomendaciones contenidas en el presente informe. Los órganos de las Naciones Unidas también deben asegurar que la planificación e implementación de sus programas y actividades en Honduras sean consultadas con los pueblos indígenas cuando estas puedan tener algún impacto sobre sus derechos e intereses.

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Anexo

Observaciones sobre la situación de Río Blanco

I. Introducción

1. La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, presenta sus observaciones y una serie de recomendaciones sobre la situación en la región de Río Blanco, Intibucá en Honduras a raíz de la aprobación e inicio de construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y su impacto sobre los derechos humanos de miembros y comunidades del pueblo indígena lenca. Las observaciones se basan en la información recabada por la Relatora Especial durante y después de su visita a Honduras llevada a cabo del 2 al 10 de noviembre de 2015. El presente documento complementa el informe sobre la situación de los pueblos indígenas de Honduras ("informe de país") que será presentado por la Relatora Especial al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2016.

2. La situación de Río Blanco ha llamado la atención internacional debido al asesinato, ocurrido el 3 de marzo de 2016, de la reconocida líder lenca Berta Cáceres quien encabezó protestas contra el proyecto Agua Zarca. Desde un principio ha preocupado que su labor de defensa de los derechos del pueblo lenca, particularmente en relación con este proyecto, haya sido la causa de su asesinato. Las investigaciones en curso hasta el momento han tenido como resultado la captura de cinco personas que han sido acusadas por el crimen, algunas con vínculos directos con la empresa desarrolladora del proyecto.

3. El caso de Río Blanco es emblemático de la situación de violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia que amenaza a los pueblos indígenas de Honduras, particularmente en relación con proyectos de inversión. El presente informe analiza la información recibida sobre el proyecto Agua Zarca en el marco de la visita a Honduras,a las numerosas denuncias recibidas sobre el accionar de funcionarios locales y nacionales, agentes policiales y militares, empleados de la empresa desarrolladora y personas favorables al proyecto, y la investigación del asesinato de la Sra. Cáceres. Asimismo, analiza los estándares aplicables respecto a los derechos de los pueblos indígenas y la responsabilidad empresarial, y concluye con una serie de recomendaciones dirigidas al Estado, las empresas e instituciones financieras.

4. El objetivo primordial del informe es llamar la atención del Gobierno de Honduras, el sector empresarial del país, los países donantes, y las instituciones internacionales financieras sobre los impactos generados por proyectos de inversión sobre las tierras, recursos naturales, culturas, espiritualidad, convivencia social y las vidas e integridad personal de los pueblos indígenas de Honduras. Por ello, se espera que se adopten medidas decididas y eficaces para evitar la repetición de sucesos similares en Honduras, y para garantizar justicia y reparación en los casos de violaciones cometidas contra dirigentes y miembros de los pueblos indígenas en el contexto del desarrollo de proyectos de inversión.

II. Antecedentes

Aprobación y primera fase del proyecto

5. El proyecto Agua Zarca es parte de una serie de alrededor de 40 proyectos hidroeléctricos (21 de los cuales afectarían a comunidades lencas, garífunas, pech, tawahka, miskitas y tolupanes) cuyos contratos se aprobaron mediante un decreto legislativo de septiembre de 2010 que no fue consultado previamente con los pueblos indígenas concernidos. La aprobación de estos contratos fue antecedida por reformas legislativas en 2009 y 2010 que permitieron las concesiones de recursos hídricos a favor de terceros y la derogación de normas nacionales que anteriormente prohibían los proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas. Esto se produjo en el contexto de una política estatal a favor de fuentes de energía renovables que apoyaba la realización de proyectos hidroeléctricos o eólicos, entre otros.

6. El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca supone una concesión de 20 años a favor de la empresa hondureña Desarrollo Energéticos S.A. (DESA). La información pública al inicio del proyecto indicaba que se desarrollaría en el municipio de San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara. El proyecto tendría una capacidad de 14,46 a 21,3 megavatios, según distintas fuentes, y utilizaría las aguas del río Gualcarque. La empresa DESA contrató a la empresa china SINOHYDRO para realizar la construcción de la represa. En 2012, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinó 24,4 millones de dólares al proyecto mediante una inversión estructurada con el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Fondo Mezzanine de Infraestructura para Centroamérica (CAMIF) b. El CAMIF es un fondo de capital privado que invierte en empresas y proyectos de tamaño mediano en Centroamérica y otros países. Entre los principales contribuyentes al CAMIF se encuentra la Corporación Financiera Internacional (CFI), perteneciente al grupo Banco Mundial.

7. En 2011, DESA comienza a adquirir tierras en la región de Río Blanco, municipio de Intibucá, departamento de Intibucá, supuestamente de propiedad privada y municipal, para la construcción de la represa. Sin embargo, las tierras eran parte del territorio ancestral de comunidades lencas de Río Blanco, que incluyen las comunidades de La Tejera, El Barreal, Valle de Ángeles, La Unión, San Bartolomé, El Naranjo, San Pedro y San Antonio. A principios del siglo XX, las tierras fueron reconocidas como tierras colectivas ejidales a título del municipio de Intibucá, que históricamente ha tenido una población predominantemente indígena. Esta designación se debió a los esfuerzos de la familia del Presidente Luis Bográn para beneficiar a las comunidades lencas de Río Blanco que históricamente se enfrentaron a pretensiones de familias no indígenas del vecino municipio de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, que querían apoderarse de sus tierras. También se ha informado sobre la existencia de títulos antiguos a favor de comunidades lencas en Río Blanco.

8. En la primera década de este siglo, el gobierno municipal de Intibucá comenzó a otorgar títulos de dominio pleno a favor de varios particulares no indígenas que ostentaban la posesión de tierras en Río Blanco. Según la información, se vendieron tierras sin la autorización de las asambleas comunitarias, que son las autoridades propias de las comunidades lencas. Según información recibida, parece que esas ventas ocurrieron, en varios casos, mediante coerción e intimidación de los habitantes indígenas. En la mayoría de los casos, las comunidades indígenas no tuvieron conocimiento sobre las ventas de tierras a favor de los particulares.

9. En 2011, empleados de DESA y el alcalde municipal de Intibucá realizaron reuniones de socialización en Río Blanco para informar sobre el proyecto y sus beneficios, como la construcción de carreteras y escuelas. La mayoría de los miembros de las comunidades de Río Blanco expresaron su rechazo al proyecto durante esas reuniones y en las más de 150 asambleas indígenas celebradas. Las comunidades se opusieron porque el proyecto afectaría sus tierras comunales, cultivos, fuentes de agua y hábitat funcional. Se denunciaron impactos a las tierras utilizadas por la comunidad de La Tejera para actividades de agricultura en las riberas del río Gualcarque. En la cosmovisión lenca, el río Gualcarque es sagrado por ser el hogar de seres espirituales femeninos. Por tanto, la concesión de las aguas del río para la represa también representaba un sacrilegio para la cultura lenca.

10. En 2012 y 2013, habitantes de Río Blanco denunciaron la presencia de empleados de DESA y SINOHYDRO en tierras comunales que habrían comenzado la construcción de la represa. Los empleados destruyeron cultivos tradicionales y también cercaron fuentes de agua comunitarias con el fin de abastecer de agua a la empresa. Asimismo, guardias de seguridad impedían a los comunitarios el acceso al río para la realización de actividades tradicionales de riego, pesca y uso doméstico.

11. Miembros de las comunidades de Río Blanco iniciaron actos de protesta, incluyendo la toma de la carretera construida por DESA que servía de acceso al sitio de construcción, con el apoyo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una organización lenca fundada por Berta Cáceres. Como respuesta, se enviaron efectivos del ejército para custodiar permanentemente las instalaciones del proyecto y se produjeron varios intentos de desalojo de los manifestantes. En junio de 2013, durante una manifestación pacífica frente las instalaciones de la represa, un militar disparó contra el dirigente lenca Tomás García y su hijo, matando al Sr. García e hiriendo gravemente al hijo.

12. El proyecto generó divisiones en las comunidades de Río Blanco y afectó la convivencia social con comunidades aledañas. En septiembre de 2013 se había firmado un acuerdo entre el Gobierno, la empresa y comunidades de Río Blanco por el que, a cambio de su aceptación del proyecto, recibirían indemnizaciones y programas sociales por parte de la empresa. Sin embargo, según la información recibida, algunas de las personas que firmaron el acuerdo provenían de comunidades no indígenas de Santa Bárbara, y las personas que representaban a las comunidades de Río Blanco no estaban autorizadas por sus respectivas asambleas comunitarias. Por lo tanto, miembros de las comunidades de Río Blanco han mantenido su oposición al proyecto y han rechazado los acuerdos que supuestamente demostraban la aceptación del proyecto por parte de todas las comunidades indígenas de Río Blanco.

Acciones legales y criminalización

13. A raíz de la aprobación de los contratos para el proyecto Agua Zarca y otras represas que afectaban a pueblos indígenas, COPINH interpuso denuncias ante distintas autoridades nacionales, incluyendo la Fiscalía Especial de las Etnias del Ministerio Público, en las que alegaba la inobservancia del deber de consultar a los pueblos indígenas de acuerdo al Convenio número 169 de la OIT, ratificado por Honduras en 1994, incluida una denuncia penal en contra del entonces Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente que había otorgado los permisos ambientales para dichos proyectos. Asimismo, se interpusieron denuncias ante el Ministerio Público en contra de la empresa DESA por usurpación de tierras y en contra del alcalde de Intibucá por permitir el proyecto en Río Blanco.

14. En 2015, se presentó un requerimiento fiscal por el delito de abuso de autoridad en contra del alcalde de Intibucá y se dictaminó un auto formal de procesamiento por el delito de abuso de autoridad en contra del ex Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente por su aprobación de la licencia ambiental para el proyecto sin consultar previamente a las comunidades indígenas. La información recibida por la Relatora Especial acerca de estas acciones legales impulsadas por la Fiscalía de Etnias confirma que el proyecto Agua Zarca fue aprobado antes de realizarse su socialización y de firmarse el acuerdo con las comunidades locales referido anteriormente, y que no se realizaron estudios de impacto social, ambiental y cultural antes de su aprobación. La Fiscalía de Etnias también impulsó acciones penales por el delito de homicidio y tentativa de homicidio en contra del miembro del ejército quien causó la muerte de Tomás García e hirió a su hijo. En diciembre de 2015, el militar fue condenado por homicidio, y queda pendiente la individualización de la pena.

15. Por otro lado, los miembros de COPINH fueron objeto de una serie de acusaciones judiciales y criminalización por sus actos de protesta. Berta Cáceres fue objeto de cargos penales por posesión ilegal de un arma de fuego supuestamente encontrada en su vehículo por la policía y también fue acusada, junto con los dirigentes de COPINH Tomás Gómez Membreño y Aureliano Molina, del delito de incitación a causar daños a la propiedad privada de DESA. En 2014, un tribunal dictó el sobreseimiento definitivo de los cargos de posesión ilegal de armas de fuego, lo que resultó en la revocación de las acciones penales contra la señora Cáceres. Ese mismo año, un tribunal de apelaciones afirmó el sobreseimiento provisional de los cargos contra Berta Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano Molina por incitación y daños a la propiedad.

La segunda fase del proyecto Agua Zarca

16. Según la información, las protestas contra la represa en 2013 fueron uno de los factores causantes de la retirada de SYNOHYDRO. En diciembre de 2013, el CAMIF decidió no proceder con su inversión en Agua Zarca, por lo que la CFI y el Banco Mundial dejaron de tener una participación activa en el proyecto. En octubre de 2015, DESA trasladó la construcción de la represa al otro lado del río Gualcarque, en San Francisco de Ojuera. Esta fase del proyecto contó con una financiación de 15 millones de dólares del Banco Holandés de Desarrollo (FMO) , 5 millones de dólares del Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (Finnfund) y 9 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

17. Según la información recibida, la empresa trasladó el proyecto porque la población de San Francisco de Ojuera no es indígena y el gobierno municipal habría autorizado el proyecto. Sin embargo, miembros de Río Blanco y de COPINH manifestaron que el traslado del proyecto no tomó en cuenta la presencia de indígenas lencas en Santa Bárbara y que tampoco se realizó un verdadero proceso de consulta previa con esas comunidades. Se ha señalado que el proyecto opera con la misma licencia ambiental cuya emisión es objeto de las acciones penales por parte de la Fiscalía de Etnias. De igual manera, consideran que las actividades en el nuevo sitio del proyecto aún afectan el derecho de las comunidades lencas en relación al río Gualcarque.

18. Tras el inicio de esta fase del proyecto, miembros de Río Blanco y de COPINH establecieron un campamento en frente de las instalaciones actuales del mismo como forma de protesta, lo que supuso de nuevo la presencia de unidades militares, policiales y guardias de seguridad para resguardar las instalaciones del proyecto.

III. Hechos de violencia relacionados con el proyecto Agua Zarca

19. El proyecto Agua Zarca en sus dos fases ha generado una situación altamente conflictiva en la región de Río Blanco. Según la oficina de la Fiscalía de las Etnias, antes del año 2013, cuando avanzaron considerablemente las obras de construcción del proyecto, no se habían reportado incidentes serios de violencia y asesinatos en Río Blanco. Resulta preocupante que la respuesta de la empresa y de las autoridades locales ante las protestas de las comunidades lencas haya sido la fuerte militarización de la zona. También preocupan los actos de violencia perpetrados por personas a favor del proyecto, con la tolerancia de las autoridades locales y policiales.

20. Miembros de las comunidades de Río Blanco y COPINH alegaron que desde las protestas de 2013 han sufrido actos de amenaza, intimidación, violencia y asesinatos, incluida la muerte de Tomás García, antes mencionada. Se había denunciado la presencia de personas encapuchadas contratadas por la fuerza de seguridad de la empresa que atemorizaban la población de Río Blanco mediante el disparo de armas en la noche y mediante su presencia alrededor de los hogares de los comunitarios y fuera del lugar donde se realizaba la toma de la carretera. Se alegó que, en noviembre de 2013, treinta policías vestidos con pasamontañas entraron a los hogares de dirigentes de Río Blanco para amenazarlos a ellos y a sus familiares y golpearon al hijo de uno de ellos.

21. En marzo de 2014, la coordinadora del Consejo Indígena de Río Blanco María Santos Domínguez, conocida por su oposición al proyecto, sobrevivió a un atentado contra su vida cuando siete individuos la atacaron con machetes, palos y piedras mientras caminaba hacia su casa, y lesionaron gravemente a su esposo e hijo de 12 años cuando estos trataban de auxiliarla. Según se alega, los agresores eran simpatizantes del proyecto y habían amenazado a la Sra. Domínguez y su familia en ocasiones anteriores.

22. Durante su visita de 2015, la Relatora Especial fue informada que además de Tomás García, otros tres indígenas de Río Blanco habrían muerto por su oposición al proyecto, entre ellos, los hermanos William y Maycol Rodríguez, asesinados en mayo y octubre de 2014 respectivamente en circunstancias que indicarían el involucramiento de personas afiliadas con la empresa o afines al proyecto. Los dos hermanos habían participado anteriormente en acciones de protesta en Río Blanco. Se ha denunciado que tras el asesinato de William Rodríguez, la policía entró por la fuerza a los hogares de dos miembros de COPINH en Río Blanco para capturarlos y amenazaron a otro dirigente indígena y a menores de edad presentes. Los dos miembros de COPINH, Lindolfo Benítez y Salvador Sánchez, habrían sido presuntamente torturados por la policía y posteriormente puestos en libertad.

23. A partir del inicio de la segunda fase del proyecto, se produjeron nuevos incidentes de amenazas y agresiones contra los manifestantes indígenas. Se denunciaron abusos cometidos por guardias de seguridad y militares incluyendo: amenazas de desalojo forzoso de los manifestantes instalados en frente del proyecto, lanzamiento de piedras de gran tamaño sobre el campamento de los manifestantes, disparo de ráfagas de armas de fuego desde las instalaciones de la empresa hacia el campamento durante horas de la madrugada y noche cerrada, y la toma de fotografías y grabaciones constantes de los manifestantes. Se reportaron también amenazas sexuales y agresiones físicas contra mujeres lencas que utilizaban el río Gualcarque cerca del proyecto por parte de guardias de seguridad y personas con pasamontañas.

24. Varios dirigentes lencas fueron objeto de amenazas y de disparos por parte de personas vinculadas con la empresa. En el caso de Berta Cáceres, se recibió información de que en los meses antes y después de la reanudación del proyecto, había vuelto a recibir numerosas amenazas. En enero y febrero de 2015, habría recibido continuas llamadas y mensajes de texto anónimos advirtiéndole sobre el riesgo de sufrir secuestro o desaparición por su labor en Río Blanco. En marzo de 2015, el presidente del Consejo Indígena de Río Blanco habría informado a la Sra. Cáceres de que una de las familias poderosas de la región vinculada con DESA tenía un plan para acabar con su vida. En noviembre de 2015, el dirigente de COPINH Tomás Gómez habría recibido una llamada de un miembro de esa misma familia manifestándole que él y Berta Cáceres eran los responsables de agitar a la gente de Río Blanco por lo que ellos mismos serían los responsables de "cualquier cosa que les pase" y que debían atenerse a las consecuencias.

25. El 30 de noviembre de 2015, cuando la Sra. Cáceres y otros integrantes de COPINH se dirigían en dos autobuses hacia San Francisco de Ojuera para realizar una manifestación pacífica y reunirse con el alcalde local, fueron detenidos y registrados por la policía. Al llegar a su destino, fueron interceptados por varios trabajadores municipales armados con machetes y armas cortas que empezaron a lanzarles piedras y, en referencia a la Sra. Cáceres, dijeron que "esta es la vieja puta que hay que matar". Uno de los hombres armados estuvo cerca de apuñalar en el tórax a la Sra. Cáceres. Estos hechos se dieron ante la presencia de agentes policiales y militares.

26. En febrero de 2016, la Sra. Cáceres fue amenazada y hostigada por un agente de policía durante un desalojo forzoso de 50 familias afiliadas al COPINH efectuado por policías y militares en Jarcia, Guinse, Intibucá. El agente le indicó que las fuerzas de seguridad no respondían por ella si le sucedía algo. En la mañana del 2 de marzo de 2016, horas antes del asesinato de Berta Cáceres, el jefe de seguridad de DESA junto con otras personas fueron vistos en un vehículo en Siguatepeque, donde se refirieron a ella con insultos, para dirigirse después hacia La Esperanza, donde vivía la Sra. Cáceresc. En la madrugada del 3 de marzo de 2016, Berta Cáceres fue asesinada por personas armadas que entraron a su hogar y le dispararon causándole la muerte.

27. De acuerdo con información recibida, tras el asesinato de Berta Cáceres, miembros de COPINH y Río Blanco continuaron siendo víctimas de amenazas, hostigamientos y agresiones por parte de personas afines al proyecto y miembros de la seguridad privada de DESA. En abril de 2016, durante un encuentro internacional en honor a Berta Cáceres, integrantes de COPINH y de organizaciones nacionales e internacionales que acababan de participar en una ceremonia cultural a orillas del río Gualcarque y se dirigían hacia sus vehículos en San Francisco de Ojuera fueron emboscados por un grupo de empleados y personas afines al proyecto en evidente estado de ebriedad que les golpearon con palos y piedras. Diez personas resultaron heridas entre ellas niños y personas extranjeras. Según la información, los agresores mencionaron haber matado a la Sra. Cáceres y en referencia al actual coordinador de COPINH, Tomás Gómez, habrían gritado "ataquémoslo, él es el que ha quedado". Asimismo, habrían amenazado a otros dirigentes de COPINH. Todos estos hechos ocurrieron con la tolerancia de efectivos policiales y militares que estuvieron presentes. Se informó de que entre los agresores se encontraba un sicario con antecedentes criminales por homicidio y que anteriormente había amenazado de muerte a la Sra. Cáceres y a otros miembros de COPINH.d

28. Doce días después de la muerte de Berta Cáceres, fue asesinado otro dirigente de COPINH. El 15 de marzo de 2016, Nelson Noé García fue asesinado por dos personas desconocidas luego de haber participado en acciones de apoyo a favor de la comunidad lenca de Río Chiquito, departamento de Cortés, que ese día había sido desalojada forzosamente por efectivos de la fuerza pública. Este hecho es particularmente preocupante debido a que, tras el asesinato de Berta Cáceres, los miembros de COPINH, junto con los familiares de la Sra. Cáceres y el único testigo del crimen, Gustavo Castro, son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenan al Estado hondureño garantizar su vida e integridad personal. En el caso de COPINH, las medidas cautelares fueron otorgadas debido al grave riesgo que corren sus miembros por su labor de defensa de los derechos del pueblo lenca particularmente en relación con Agua Zarcae. Tras el asesinato de Nelson García, FMO y Finnfund decidieron suspender sus actividades relacionadas con Agua Zarca, señalando específicamente la situación de violencia en el país.

IV. Las investigaciones sobre el asesinato de Berta Cáceres

29. Como se señala en el informe de la misión, la falta de acceso a la justicia y los altos niveles de impunidad constituyen graves problemas que aquejan a los pueblos indígenas de Honduras. Debido a las amenazas y agresiones contra la Sra. Cáceres en los últimos meses antes de su muerte, se sospecharía que ésta estuvo relacionada con sus acciones de protesta contra Agua Zarca. La situación de impunidad en el país y la desconfianza hacia el sistema nacional de justicia motivaron los llamados a nivel nacional e internacional para que se conformara una comisión internacional de expertos independientes para supervisar las investigaciones realizadas por las autoridades nacionales.

30. En el caso de Berta Cáceres surgieron varios factores que generaron desconfianza y temores de que el crimen permaneciera impune. Se denunciaron irregularidades en la investigación, como la falta de control del escenario del crimen por parte de las autoridades policiales presentes en el hogar de la Sra. Cáceres después de su asesinato, lo que pudo haber resultado en su contaminación. Inicialmente, las hipótesis de las autoridades se centraron en supuestos conflictos internos entre miembros de COPINH o en un crimen pasional. Por ello, en un primer momento interrogaron principalmente a otros miembros de COPINH, lo que generó la preocupación de que fueran considerados como sospechosos y posibles imputadosf. De igual manera, el único testigo del crimen, Gustavo Castro, de nacionalidad mexicana, fue objeto de una orden judicial de retención para prohibir su salida del país. Según la información, la juez que emitió la orden de retención admitió que no existía fundamento legal para prohibir su salida del país y que desde México podría colaborar con la investigación. La prohibición de salir del país por varias semanas puso en grave riesgo la vida del Sr. Castro, puesto que los responsables del asesinato de la Sra. Cáceres continuaban impunes.

31. En abril de 2016, el Ministerio Público informó que había sido procesado penalmente el presunto responsable del asesinato de Nelson Noé García y que, en el caso de Berta Cáceres, se habían decomisado armas y documentos y se había tomado declaración a los empleados de DESA. También informó que había ordenado el cese de la medida impuesta a Gustavo Castro, lo cual le permitió salir del paísg. El 2 de mayo de 2016, el Ministerio Público anunció que, mediante un operativo conjunto de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la policía militar, habían capturados cuatro individuos, que han sido acusados del crimen. Los cuatro acusados incluyen un técnico ambiental de DESA, el subjefe de seguridad de la empresa, un militar en activo y un militar retirado. La Sra. Cáceres habría denunciado al técnico y al oficial de seguridad por amenazas reiteradas. El 6 de mayo, se anunció que una quinta persona había sido acusada por participar en el delito.

32. Por otro lado, los familiares de Berta Cáceres denunciaron que no han podido tener acceso al expediente de investigación ni han podido intervenir como sujetos activos de la misma. Con respecto a la captura de los cinco acusados, han afirmado que si bien es un avance importante, se debe proceder a investigar a los autores intelectuales del crimen, lo que pudiera incluir a representantes de la empresa y agentes estatales adicionales. En este sentido, han remarcado la importancia de que el Gobierno acepte la participación de la comisión internacional de expertos independientes antes mencionada.

V. Las declaraciones de la empresa y de los inversionistas

33. La Relatora Especial ha recibido información publicada por la empresa DESA que sostiene que el proyecto Agua Zarca ha cumplido con la legislación nacional en materia de desarrollo energético, que las tierras en donde se desarrollaría el proyecto fueron vendidas por propietarios privados o son tierras municipales, y que el proyecto cumplirá con altos estándares ambientales. Asimismo, se afirma que el consentimiento a favor del proyecto se obtuvo mediante el acuerdo firmado en 2013 entre el Gobierno, la empresa y representantes de comunidades locales, por lo que solo la comunidad de La Tejera, incitada por COPINH, se opone al proyecto. En declaraciones públicas enviadas a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos en los últimos meses, la empresa ha acusado a COPINH de actos vandálicos y de manipular la percepción pública en torno al proyecto.

34. La Relatora Especial considera que si bien pudieran existir opiniones divergentes entre las comunidades locales sobre el proyecto Agua Zarca, es muy preocupante el nivel de violencia, asesinatos, amenazas e intimidación que se ha dado en contra de los opositores al proyecto. Asimismo, observa que las declaraciones públicas de la empresa han tenido la clara intención de deslegitimar la labor de COPINH en apoyo a las comunidades de Río Blanco.

35. La Relatora Especial pudo constatar la situación de alta conflictividad social durante su visita a Río Blanco. En dos ocasiones, antes y después de visitar el sitio del proyecto, un grupo de alrededor de 20 personas compuesto por empleados de la empresa y pobladores de otras comunidades que favorecían el proyecto impidieron el paso de la delegación de la Relatora Especial. En medio del clima de tensión causado por esta acción, miembros de la delegación de la Relatora Especial mediaron para que les permitieran continuar en ambas ocasiones. El grupo acusaba a Berta Cáceres y a COPINH de instigar la violencia y el conflicto en la región. Miembros de COPINH y de Río Blanco informaron que la noche anterior, cuando estaban ayudando en los preparativos de la visita de la Relatora Especial, habrían sufrido amenazas y agresiones por parte de hombres armados quienes detonaban armas y lanzaban piedras.

36. Tras el asesinato de Berta Cáceres, los inversionistas del proyecto Agua Zarca emitieron declaraciones repudiando el crimen y publicaron información sobre el desarrollo del proyecto. El banco FMO manifestó que realizaría una visita de alto nivel a Honduras junto con consultores independientes y representantes de las otras instituciones financieras para realizar una investigación exhaustiva de la situación incluyendo entrevistas con las comunidades locales.

37. La información publicada por FMO hasta el momento asevera que la naturaleza y los impactos previstos del proyecto cambiaron considerablemente desde su traslado al otro lado del río Gualcarqueh. Según lo informado, el proyecto ya no será una represa que requiere almacenar agua sino que se utilizará un sistema de "tipo fluyente sin reservorio" que desviaría el agua corriente del río directamente hacia la sala de generación. Este tipo de proyecto, según informa, no supondría desplazamientos de comunidades ni afectaciones a sus recursos forestales o producción agrícola, y su acceso al río solo se vería restringido temporalmente. Se afirma que el proyecto abarcaría un total de 35 hectáreas de tierras adquiridas mediante acuerdo con propietarios privados. Ello incluye 1,09 hectáreas adquiridas de la comunidad indígena de Valle de Ángeles y el resto se encuentra en poblados no indígenas. Con respecto al río Gualcarque, se afirma que sólo la comunidad de La Tejera lo considera sagrado y no las demás comunidades locales.

38. FMO señala también que se obtuvo el consentimiento de todas las comunidades afectadas mediante acuerdos firmados en 2011 y en 2014 con las comunidades del otro lado del río. A la vez, sostiene que el consentimiento libre, previo e informado no es un requisito, puesto que el actual proyecto no desplazará comunidades indígenas ni afectará tierras comunales. En este sentido, la Relatora Especial quiere subrayar las alegaciones recibidas sobre el rechazo expresado por las comunidades de Río Blanco durante varias reuniones de socialización del proyecto en 2011 y las alegaciones sobre la falsificación de firmas de comunitarios lencas que fueron utilizados en supuestos acuerdos a favor de la represa.

39. FMO también informó que ha realizado estudios de debida diligencia que consideraron los impactos sobre grupos vulnerables y ha brindado "capacitaciones para el proyecto Agua Zarca sobre seguridad y mecanismos de coordinación con todos los proveedores de seguridad correspondientes." Según explica FMO, antes de suscribir el acuerdo con DESA "realizó viajes de debida diligencia con el objetivo de entender mejor los impactos sociales y ambientales del proyecto, y ayudar al cliente a planificar medidas de mitigación. Asimismo, ha realizado viajes anuales de monitoreo y ha confiado en las visitas frecuentes de los consultores independientes en materia de medioambiente y seguridad." Agrega además, que sus "estudios de debida diligencia ambiental, social y de gobernanza" se han sometido a un proceso de revisión interna cuyos resultados son publicados en internet, y también cuenta con un mecanismo de denuncias independientei.

40. La Relatora Especial advierte que si bien los estudios referidos constituirían importantes herramientas, éstos parecen haberse realizado en una etapa posterior a la decisión de las autoridades locales y nacionales de permitir el proyecto sin haber observado los estándares internacionales sobre pueblos indígenas, consulta y consentimiento. Debe también señalarse que tales medidas parecen no haber tenido el objeto de investigar, prevenir o sancionar la serie de amenazas, hostigamientos y asesinatos de dirigentes indígenas a lo largo de los años desde que inició el proyecto.

VI. Las responsabilidades del Estado, las empresas y los inversionistas

41. La Relatora Especial considera necesario resaltar las responsabilidades en materia de derechos humanos del Estado, las empresas y los inversionistas en relación con la aprobación y ejecución del proyecto Agua Zarca.

42. Como menciona el informe de país, Honduras ha ratificado los principales instrumentos universales y regionales de derechos humanos, y ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales ("Convenio 169") en 1994. Honduras votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas ("Declaración"), que constituye la expresión más autorizada del consenso internacional existente en relación con los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenasj. Cabe agregar las responsabilidades del Estado respecto a las actividades de empresas privadas. Ello incluye la obligación de brindar protección contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas mediante "medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia."k.

43. Las empresas y las instituciones financieras también deben respetar los derechos humanos. Según los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, que también deben ser referentes para instituciones financieras, la responsabilidad de respetar los derechos humanos "[e]xiste con independencia de la capacidad y/o voluntad de los Estados de cumplir sus propias obligaciones de derechos humanos y [constituye] una responsabilidad adicional a la de cumplir las leyes y normas nacionales de protección de los derechos humanos."l Para tal fin, las empresas deben ejercer la debida diligencia en materia de derechos humanos, lo que incluye una evaluación del impacto real y potencial de sus actividades sobre los derechos humanos que abarca "las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la empresa haya provocado o contribuido a provocar a través de sus propias actividades, o que guarden relación directa con sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales."m.

Consulta y consentimiento

44. Como se ha expuesto anteriormente, el contrato a favor de DESA para desarrollar el proyecto, así como los contratos a favor de otros proyectos hidroeléctricos que afectarían a pueblos indígenas, fue aprobado mediante un acto legislativo que no fue consultado con los pueblos indígenas afectados. Las acciones penales contra el alcalde de Intibucá y el Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente advierten que las decisiones de estas autoridades en relación con su respectiva aprobación del proyecto violentaron las obligaciones de consultar a los pueblos indígenas afectados. Por otra parte, aunque la empresa e inversionistas mencionan acuerdos firmados que expresan el consentimiento de las comunidades locales, incluyendo de comunidades lencas, debe resaltarse que dichos acuerdos han sido fuertemente cuestionados y que fueron suscritos después de la aprobación formal del proyecto por parte del Estado mediante el acto legislativo mencionado. Ello significa que el compromiso entre la empresa y el Gobierno ya existía independientemente de esos acuerdos.

45. Lo anterior señala falencias en el cumplimiento de los principios y objetivos de la consulta previa. Con respecto a medidas legislativas o administrativas que afecten a los pueblos indígenas, la Declaración dispone que se debe consultar a los pueblos indígenas por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar estas medidas a fin de obtener su consentimiento, libre, previo e informado (artículo 19). Ello incluye medidas administrativas o legislativas de aplicación general si éstas afectan a los pueblos indígenas de manera diferenciada dada sus condiciones y derechos particulares n.

46. En sentencias recientes sobre el pueblo garífuna de Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirmó su jurisprudencia, que establece claramente que el derecho a la consulta es una norma convencional y un principio general del derecho internacional que "implica el deber del Estado de organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental y de estructurar sus normas e instituciones de tal forma que la consulta [a los pueblos indígenas] pueda llevarse a cabo efectivamente, de conformidad con los estándares internacionales..."o.

47. La Corte precisó que "el Estado debe garantizar el derecho de consulta y participación en todas las fases de planeación e implementación de un proyecto o medida que pueda afectar el territorio de [un pueblo indígena], u otros derechos esenciales para su supervivencia como pueblo. Lo anterior debe realizarse desde las primeras etapas de la elaboración o planificación del proyecto o la medida propuesta, a fin de que los pueblos indígenas puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de adopción de decisiones, de conformidad con los estándares internacionales pertinentes. En esta línea, el Estado debe asegurar que los derechos de los pueblos indígenas... no sean obviados en cualquier otra actividad o acuerdo que haga con terceros, o en el marco de decisiones del poder público que afectarían sus derechos e intereses."p.

48. Tal como ha sentenciado la Corte Interamericana y subrayado el anterior Relator Especial, la consulta y el consentimiento representan salvaguardias de derechos sustantivos de los pueblos indígenas, entre ellos, "los derechos a la participación y libre determinación, los derechos a la cultura, a la religión y a no ser objeto de discriminación en relación con las tierras, los territorios y los recursos naturales, lo cual incluye los lugares y objetos sagrados" q. Como regla general, el consentimiento libre, previo e informado es obligatorio cuando haya un impacto significativo sobre estos derechos fundamentales. Por tanto, el deber de obtener el consentimiento aplica no sólo en los casos en que haya desplazamiento, como resaltaron los inversionistas (ver párr. XX), sino en todos los casos en que hubiese efectos significativos sobre los derechos sustantivos de los pueblos indígenas, que en el caso de Río Blanco incluirían los derechos sobre tierras ancestrales, cultura y sitios sagrados.

Los estudios de impacto

49. Otra importante salvaguardia que complementa la consulta previa es, como establece el artículo 7.3 del Convenio 169, la realización de estudios, en cooperación con los pueblos indígenas "a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos [y cuyos resultados] deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas." Estos estudios, según la Corte Interamericana, sirven para asegurar que los pueblos indígenas "tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad' para que puedan opinar sobre el proyecto en cuestión dentro de un proceso de consulta 'con conocimiento y de forma voluntaria".r Los estudios deben "realizarse conforme a los estándares internacionales y buenas prácticas al respecto, respetar las tradiciones y cultura de los pueblos indígenas y tribales y ser concluidos de manera previa al otorgamiento de la concesión o licencia, ya que uno de los objetivos de la exigencia de dichos estudios es que el Estado garantice el derecho de la Comunidad a ser informado acerca de todos los proyectos propuestos en su territorio y a su participación efectiva en el proceso de otorgamiento de concesiones o licencias."s.

50. En el caso de Agua Zarca, no existen indicios de que se hayan realizado estudios de impacto social, cultural y ambiental de manera previa a la aprobación del proyecto mediante los cuales las comunidades indígenas hubieran podido tomar una decisión informada sobre su aprobación. Cualquier falencia en el desarrollo de procesos de consulta y de estos estudios de impacto deben ser investigados como parte de la debida diligencia que deben ejercer las empresas e instituciones financieras a fin de evaluar las consecuencias negativas reales o potenciales de sus actividades o relaciones comerciales. Como pasos fundamentales en ese sentido, se deben "evaluar el contexto derechos humanos antes de emprender una actividad empresarial propuesta [...]; identificar a los posibles afectados; catalogar las normas y cuestiones pertinentes de derechos humanos; y proyectar las consecuencias de la actividad propuesta y de las relaciones comerciales correspondientes sobre los derechos humanos de las personas identificadas. En este proceso, las empresas deben prestar especial atención a las consecuencias concretas sobre los derechos humanos de [grupos vulnerables, como los pueblos indígenas]."t.

51. Como parte de un verdadero proceso de debida diligencia, las empresas e instituciones financieras deben en primer lugar determinar si existen pueblos indígenas en o cerca de los lugares donde se piensa realizar una actividad, y luego debe haber una investigación sobre los derechos a tierras, recursos naturales y consulta previa que pudiera corresponder a los pueblos indígenas bajo estándares internacionales. Dicha investigación no puede limitarse a los derechos de tenencia de tierra que sean reconocidos oficialmente por el Estado, ya que el deber de consulta existe no sólo en los casos en que una medida o actividad afectara tierras reconocidas como tierras indígenas sino siempre cuando estén en juego sus intereses particulares aunque no corresponda a un derecho a la tierra reconocido.u Al respecto cabe señalar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana afirma la obligación de los Estados de reconocer que la posesión tradicional de sus tierras tiene efectos equivalentes a títulos de pleno dominio otorgados por el Estado y el correlativo derecho de los pueblos indígenas de exigir su reconocimiento legal, y el derecho de recuperación de tierras que hayan sido perdidas involuntariamente y trasladadas a tercerosv.

Tenencia de la tierra

52. La Relatora Especial observa que existen divergencias entre las alegaciones recibidas y las declaraciones de la empresa e inversionistas en relación con la tenencia de la tierra utilizada para el proyecto. Con respecto a la primera fase de Agua Zarca, se alegó que las tierras ancestrales de comunidades lencas fueron objeto de ventas no autorizadas a particulares que luego fueron adquiridas por la empresa. En relación con la segunda fase del proyecto, supuestamente en una región no indígena, no obstante se han alegado afectaciones a tierras y recursos naturales ancestrales, además de los impactos continuos sobre el sagrado río Gualcarque.

53. La situación de la tenencia de la tierra afectada por el proyecto, los derechos que pudieran corresponder a las comunidades lencas de Río Blanco con base a su uso y posesión ancestral conforme a los estándares internacionales, y los eventuales impactos al río Gualcarque, entre otros asuntos, son cuestiones que debieron haber sido resueltas por el Gobierno antes de firmar contratos y otorgar las licencias para el proyecto. La empresa y las instituciones financieras debieron haber asegurado el cumplimiento de estas obligaciones internacionales como parte de su debida diligencia, y no haber tomado acciones que pudieran generar desconfianza y perjudicar los derechos de los pueblos indígenas. Éstas constituyen medidas que el Gobierno, la empresa e instituciones financieras pudieran haber adoptado para asegurar una buena relación con todas las comunidades indígenas afectadas; y mediante procesos de consulta y de estudios de impactos sociales, culturales y ambientales adecuados, definir posibles medidas de mitigación, indemnización y beneficios que respeten sus derechos y prioridades de desarrollo. Sin embargo, en el caso de Agua Zarca se han dado serias violaciones a los derechos humanos debido a los actos de violencia, intimidación, hostigamiento y asesinatos contra indígenas opuestos al proyecto que difícilmente justifican la continuación del proyecto aun si fuera posible subsanar los problemas relacionados con la falta de consulta previa y de estudios de impacto adecuados.

Responsabilidades respecto a la violencia relacionada con el proyecto Agua Zarca

54. Los actos de violencia asociados con la realización del proyecto incluyendo los asesinatos de Berta Cáceres, Tomás García y otros dirigentes lencas, constituyen también delitos, y al respecto, el Estado, la empresa e instituciones financieras tienen responsabilidades bajo los estándares internacionales.

55. Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas adicionales de protección contra las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas bajo su control "o que reciban importantes apoyos y servicios de organismos estatales."w Estos servicios podrían incluir los que provienen de organismos oficiales de crédito, de seguros y garantías de inversiones, instituciones financieras de desarrollo, y además, en el caso de Agua Zarca deben resaltarse los servicios de seguridad brindados por agentes policiales y militares a la empresa DESA. El hecho de que agentes militares hayan sido implicados en los asesinatos del Sr. García y de la Sra. Cáceres demuestra la responsabilidad estatal por estas violaciones y, por tanto, su obligación de garantizar justicia y reparación. Cabe señalar además que el Estado tenía la responsabilidad de brindar medidas eficaces de protección para Berta Cáceres porque en 2009 fue beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH debido a la situación de riesgo que enfrentaba por su labor de defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

56. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia para personas afectadas por abusos cometidos por la empresa y agentes estatales mediante vías judiciales, administrativas o legislativas que incluyan sanciones punitivas penales o administrativas, así como medidas de restitución o compensaciones económicas y no económicas, entre otras. El Estado debe asegurar que no existan obstáculos en los mecanismos judiciales que impidan el acceso a la justicia, y "asegurar que la corrupción judicial no obstruya la administración de justicia, que los tribunales sean independientes de presiones económicas o políticas de otros agentes del Estado y de actores empresariales, y que no se pongan obstáculos a las actividades legítimas y pacíficas de los defensores de los derechos humanos."x.

57. En el caso de las empresas, si éstas han provocado o contribuido a provocar violaciones de derechos humanos, deben repararlas, y en el caso de la comisión de un delito, "es preciso cooperar con los mecanismos judiciales."y Como se ha expuesto en la sección XX, personas vinculadas con la empresa DESA, incluyendo personal de seguridad, habrían estado implicadas en actos de de amenaza, hostigamiento, y violencia, además del hecho de que dos personas vinculadas a la empresa han sido imputadas por el asesinato de Berta Cáceres. Por lo tanto, DESA debe colaborar en el esclarecimiento de todos los posibles autores materiales e intelectuales del crimen que pudieran estar vinculados con la empresa.

58. Por otro lado, los bancos inversionistas en este caso deben ser conscientes de sus responsabilidades al haber tenido relaciones comerciales con una empresa implicada en actos que constituyen delitos y graves violaciones de derechos humanos. Aun antes del asesinato de Berta Cáceres se habían producido graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo amenazas, actos de agresión y muertes cometidas por agentes militares, personas vinculadas con la empresa o simpatizantes del proyecto. Es preocupante que, no obstante esta situación, los bancos inversionistas nunca vieran motivo para cuestionar el apoyo que brindaban al proyecto, pese a que, según el FMO (párr. XX), se habían realizado de manera continua estudios y viajes de debida diligencia y se contrataron consultores para averiguar los impactos del proyecto.

59. Lo anterior hace surgir la pregunta: ¿qué valor se le dio a la serie de denuncias sobre los actos de violencia a través de los años contra miembros de COPINH y comunitarios de Río Blanco opuestos al proyecto? Otra cuestión que debió haber sido abordada es la serie de acciones penales contra funcionarios que aprobaron el proyecto. La Relatora Especial advierte que las declaraciones de DESA y de las instituciones financieras nunca hicieron referencia a estas acciones penales, a los diversos actos de violencia que han sufrido los opositores al proyecto desde su inicio, o a las medidas adoptadas para asegurar que tales actos no se repitan y sean sancionados. Considera que estos son temas que deberían haber sido abordados en cualquier estudio de debida diligencia realizado tanto por las empresas como por las instituciones financieras en relación con este tipo de proyectos.

60. Al haber realizado capacitaciones a la empresa sobre seguridad y medidas de mitigación (párr. XX), FMO ha ejercido una influencia sobre DESA que debería haber prevenido violaciones de derechos humanos. En sus relaciones comerciales con otras entidades, las empresas e instituciones financieras deben ejercer su influencia para mitigar las consecuencias negativas ocasionadas por las otras entidades, especialmente si tienen la capacidad de "modificar las prácticas perjudiciales de una entidad que provoque un daño." Por otro lado, si una empresa o institución carece de influencia para prevenir o mitigar las consecuencias negativas de la otra entidad, debe considerar poner fin a la relación, teniendo en cuenta "la gravedad de las consecuencias sobre los derechos humanos: cuanto más grave sea la violación, menos deberá tardar la [institución] en decidir si rompe la relación. En cualquier caso, mientras prosiga la violación en cuestión y la [institución] mantenga su relación comercial, debe estar en condiciones de demostrar sus propios esfuerzos por mitigar el impacto y aceptar las consecuencias – en términos de reputación, financieras o legales – de prolongar su relación." z.

61. Dada la gravedad de las violaciones de derechos humanos y los delitos vinculados con el proyecto, cabría preguntarse sobre la responsabilidad compartida de FMO, Finnfund y BCIE por estos actos. Según los Principios Rectores, "Pueden plantearse cuestiones de complicidad cuando una [institución financiera] contribuye o parece contribuir a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos causadas por otras partes [...] La jurisprudencia de derecho penal internacional indica que el criterio pertinente para definir la complicidad es la asistencia práctica prestada a sabiendas en la comisión de un delito o la incitación con efectos relevantes sobre la comisión del mismo."aa. El simple hecho de estar asociada con una empresa implicada en acciones delictivas y de violaciones de derechos humanos, aun sin reunir los requisitos técnicos de complicidad penal, debe considerarse como una condición inaceptable para cualquier empresa o institución financiera, que pone entredicho su reputación y credibilidad en la toma de decisiones.

62. Cabe señalar que todas las instituciones financieras han suspendido su financiamiento del proyecto semanas después del asesinato de Berta Cáceres, y que tras la captura de personas vinculadas con la empresa, FMO y Finnfund han declarado su intención de retirarse del proyecto si se probara la vinculación de la empresa con el asesinatobb.

VII. Consideraciones finales y recomendaciones

63. La Relatora Especial observa con preocupación que se han presentado varias justificaciones para dar prioridad a proyectos hidroeléctricos y otros similares por encima de cualquier consideración sobre los impactos negativos que pudieran tener sobre las vidas, culturas, tierras y modos de vida tradicional de los pueblos indígenas. En declaraciones anteriores, el FMO sostuvo que si decidiera retirar su financiamiento del proyecto Agua Zarca, esto no detendría el proyecto y que privaría a las comunidades locales que apoyan el proyecto de empleos y energía limpia. cc Asimismo, durante un seminario donde se le preguntó sobre los impactos de las represas y el asesinato de Berta Cáceres, el presidente del Banco Mundial respondió que "no se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer y no tener algunos de estos incidentes".dd Agregó que dado que la gente necesita energía de fuentes renovables, los proyectos hidroeléctricos en países como Honduras se llevarán a cabo de todos modos. Aseveró que pese a las críticas y discusiones que puedan darse en torno a los derechos de propiedad de comunidades afectadas, sin esos proyectos, se violarían los derechos de las mismas comunidades al empleo y a fuentes de energía.

64. La Relatora Especial considera que se debe cuestionar la premisa de que el desarrollo y el acceso a energía eléctrica justifican graves violaciones a los derechos a la vida e integridad personal y a los derechos de los pueblos indígenas como las que se han producido en Río Blanco. Cabe reiterar que ninguna de las comunidades indígenas locales, incluso las que supuestamente han estado a favor del proyecto, tuvo poder de incidencia en las decisiones del Estado antes de la aprobación del contrato a favor de DESA y el proyecto Agua Zarca. Este tipo de exclusión y de falta de participación de los pueblos indígenas ha llevado a serios conflictos en todo el mundo. Como ha señalado el anterior Relator Especial, "sin la adhesión de los pueblos indígenas, conseguida mediante consultas en las primeras etapas de la elaboración de las iniciativas gubernamentales, la eficacia de los programas gubernamentales, incluso los que se proponen beneficiar específicamente a los pueblos indígenas, puede verse menoscabada desde el comienzo. Al parecer la falta de una consulta apropiada lleva a siempre a situaciones conflictivas en que los indígenas manifiestan su cólera y su desconfianza y que, en algunos casos, han degenerado en actos de violencia."ee.

65. La Relatora Especial considera que si bien la promoción de fuentes renovables de energía es un importante objetivo, dados los impactos del cambio climático, particularmente en países como Honduras, los pueblos indígenas no deben ser excluidos de los procesos de planificación del desarrollo y la política energética nacional, puesto que muchos de esos proyectos afectarían territorios ancestrales indígenas. Los procesos de licitación pública, de distribución de licencias y otros procesos empleados en la planificación estatal para proyectos de desarrollo de recursos naturales deben tomar en cuenta el deber de consultar previamente a los pueblos indígenas afectados, de lo contrario se convierten en "desencadenantes de decisiones que perjudican a la capacidad de los pueblos indígenas para establecer sus propias prioridades de desarrollo de sus tierras y territorios." ff Cabe recordar que el Convenio 169 establece el derecho de los pueblos indígenas de "decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecta a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera... [y además] deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente" (artículo 7.1).

66. Los pueblos indígenas tienen mucho que aportar en la planificación del desarrollo local y nacional gracias a sus conocimientos milenarios y especial relación con sus tierras ancestrales. Mediante procesos verdaderos de consulta y participación, los pueblos indígenas deben tener un espacio para contribuir a la planificación del desarrollo, incluyendo mediante sus propias propuestas y alternativas con respecto a los tipos de proyectos comúnmente promovidos por el Estado, las empresas y las instituciones financieras. Sin embargo, en el caso específico de Agua Zarca y otros proyectos donde se hayan dado violaciones similares de derechos humanos, se ha perdido una valiosa oportunidad para incorporar a todos los pueblos indígenas de la región en la planificación del desarrollo, y por lo tanto, deben considerarse otras alternativas que sean respetuosas con los derechos de los pueblos indígenas.

VIII. Recomendaciones

El proyecto Agua Zarca

67. Teniendo en cuenta los actos de amenaza, hostigamiento y de violencia perpetrados durante años contra miembros de COPINH y de Río Blanco opuestos al proyecto Agua Zarca (párrs XX-XX), además de la imputación de por lo menos dos personas vinculadas con la empresa DESA por el asesinato de Berta Cáceres, y las violaciones relacionadas con la falta de consulta previa, se debe considerar seriamente revocar el contrato a favor de la empresa DESA, así como las licencias y otros permisos a favor del proyecto Agua Zarca.

68. Asimismo, se debe proceder a la desmilitarización de la región de Río Blanco y de la zona del proyecto mediante el retiro de las fuerzas militares, policiales y de seguridad privada empleadas por la empresa.

Las investigaciones sobre el caso de Berta Cáceres y otros actos de violencia

69. Deben profundizarse las líneas de investigación del asesinato de Berta Cáceres respecto a la posible participación de personas adicionales, incluyendo empleados y agentes de la empresa y agentes estatales, policiales, militares y empleados de seguridad privada. Para generar mayor confianza, se recomienda que el Gobierno solicite y acepte la asistencia técnica de organismos internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos recientemente instalada en el país, y de expertos independientes, tal como han solicitado sus familiares, miembros de organizaciones indígenas y de la sociedad civil.

70. Asimismo, deben investigarse los distintos actos de violencia, asesinatos y amenazas contra otros miembros de COPINH y Río Blanco desde el inicio del proyecto Agua Zarca. Por su parte, la empresa DESA y las instituciones financieras deben colaborar con estas investigaciones. Cualquier persona, sea vinculada con la empresa o agente estatal, que pudiera haber cometido crímenes o haber sido cómplice en estos actos de violencia debe ser sometida a la justicia.

Medidas de protección contra la violencia

71. Deben tomarse medidas para evitar la repetición de los actos de violencia que se han dado en Río Blanco y otras partes de Honduras, por lo que se deben ampliar, fortalecer y dotar con los recursos necesarios los mecanismos de protección de dirigentes y miembros de los pueblos indígenas, y sus familiares, dedicados a la defensa de los derechos de sus pueblos, mediante sistemas eficaces de alerta temprana, acción urgente y otras (Ver, Informe de país, párr. XX).

72. El Estado hondureño debe adoptar las medidas legislativas, administrativas u otras necesarias para brindar protección a los pueblos indígenas contra las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas privadas, incluyendo sistemas eficaces de investigación y sanción penal. Esto incluye la adopción de medidas eficaces para regular y fiscalizar a los agentes de seguridad privada contratados por empresas privadas, y para sancionar las violaciones a los derechos humanos que cometan. En áreas donde existan conflictos sociales debidos a proyectos de inversión y de desarrollo de recursos naturales, se debe dar prioridad al diálogo pacífico y evitar la intervención policial y militar.

La planificación del desarrollo y los pueblos indígenas

73. Como recomienda el informe de país (párrs. XX-XX) y el presente informe (párrs. XX-XX), los pueblos indígenas deben participar en la planificación del desarrollo nacional y de la política energética, según los estándares internacionales relativos a sus derechos sobre sus tierras, culturas y recursos naturales, así como a la consulta y consentimiento y a la realización de estudios previos de impacto social, cultural y ambiental, entre otros. Los pueblos indígenas deben tener una verdadera capacidad de incidir en las decisiones sobre la aprobación y ejecución de medidas o actividades que afectan sus derechos e intereses.

74. Como parte del deber de los Estados de proteger los derechos humanos y de la debida diligencia que deben ejercer las empresas e inversionistas, se deben realizar estudios previos sobre la presencia de pueblos indígenas en o alrededor de sitios propuestos para proyectos, y sobre los derechos a tierras, recursos naturales y consulta previa que pudieran corresponder a los pueblos indígenas bajo estándares internacionales. Si se prevén impactos significativos sobre las tierras, recursos naturales, culturas, sitios sagrados y otros derechos sustantivos, no se debe proceder sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados. Antes de proceder con la firma de contratos o de solicitar permisos, las empresas deben asegurarse de que el Estado ha cumplido con los estándares internacionales referidos.

75. Las instituciones internacionales financieras, países donantes y el sector financiero y empresarial del país deben asegurarse de que en sus relaciones comerciales o de otro tipo con empresas que realicen proyectos de desarrollo o inversión en o alrededor de territorios indígenas, se garanticen los derechos de los pueblos indígenas y su participación y consulta, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. Se debe prestar especial atención a la presencia de pueblos indígenas, a los derechos que les pudieran corresponder bajo estándares internacionales, y a otros factores relevantes, como las dinámicas de poder local que pudieran afectar la forma en que se realiza un proyecto y la forma en que puede impactar los derechos humanos de los pueblos indígenas. Estos aspectos se deben tomar en cuenta en los proyectos de desarrollo u otras actividades o medidas, incluyendo aquellas que promueven energías renovables u otros beneficios para los pueblos indígenas. El presente informe examina la situación de los pueblos indígenas en Honduras y hace recomendaciones al respecto, con base en la información recibida por la Relatora Especial durante su visita al país del 2 al 10 de noviembre de 2015, e investigación independiente.

76. Asimismo, se recomienda que los órganos de Naciones Unidas en Honduras, incluida la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en cooperación con el Gobierno y los pueblos indígenas, proporcionen asistencia técnica al Estado para poner en práctica las recomendaciones contenidas en el presente informe. Los órganos de Naciones Unidas también deben asegurar que la planificación e implementación de sus programas y actividades en Honduras sean consultadas con los pueblos indígenas cuando éstas puedan tener algún impacto sobre sus derechos e intereses.


NOTAS AL INFORME

 * Se distribuye únicamente en el idioma en que se presentó y en inglés.
** Se distribuye como se recibió, en el idioma en que se presentó únicamente.

1. Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, Decreto núm. 31-92, art. 65.

2. Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto núm. 98-2007, art. 45.

3. Ley de Propiedad, Decreto núm. 82-2004, arts. 94, 100 y 102.

4. Ibíd., art. 100.

5. Ibíd., arts. 97 a 99.

6. Acuerdo Presidencial 0719-EP-94.

7. Acuerdo Ejecutivo núm. 1359-SE-2014, art. 49.

8. Véase CIDH, Situación de derechos humanos en Honduras, documento OEA/Ser.L/V/II. Doc. 42/15. (2015), párrs. 32 a 34.

9. Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, Decreto núm. 34-2015.

10. CIDH, Situación de derechos humanos en Honduras (nota 8 supra), párrs. 263 y 277.

11. Ibid., párr. 78.

12. Decreto núm. 157-99, arts. 2, 5, 12, 16.

13. Decreto núm. 61-2013.

14. Decreto núm. 120-2013.

15. Véase UNICEF, Niñez indígena y afrohondureña en la República de Honduras (Tegucigalpa, diciembre de 2012), págs. 37 a 42.

16. Ibíd., págs. 43 y 44.

17. Ibíd., págs. 51 a 57. Ver también Oficina regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de América Central (noviembre de 2011), págs. 303 a 305.

18. A Faúndez,  Caracterización de la población indígena y afrodescendiente de Honduras, informe para el Programa de Desarrollo Integral de Pueblos Autóctonos/ Fondo Hondureño de Inversión Social (2011), págs. 30 a 37.

19. Véanse los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas para "Proteger, Respetar y Remediar" (A/HRC/17/31, anexo).

* * *


NOTAS ANEXO

a La situación de la represa Agua Zarca también fue objeto de una comunicación dirigida al Gobierno de Honduras por parte del anterior Relator Especial. Ver, Report on the observations to communications sent and replies received by the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, James Anaya – Observations on communications, A/HRC/27/52/Add.4, (3 de septiembre de 2014), párrs. 106-108. Disponible en: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/ Session27/Documents/A.HRC.27.52.Add.4.doc.

b BCIE, Memoria anual de labores (2012), págs. 37, 63.

c Informe de la Misión Internacional "Justicia para Berta Cáceres Flores", (marzo de 2016), Anexo 2.

d Estos hechos han sido objeto de una comunicación conjunta de los procedimientos especiales con fecha de 27/05/2016.

e Ver, CIDH, Medida Cautelar No. 112-16, Asunto miembros de COPINH y familiares de Berta Cáceres respecto de Honduras (5 de marzo de 2016).

f Informe de la Misión Internacional "Justicia para Berta Cáceres Flores", (marzo de 2016), sec. 4.2.

g Comunicado del Ministerio Público, (1 de abril de 2016).

h FMO, "Preguntas frecuentes sobre el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca", Disponible en: https://www.fmo.nl/k/n1771/news/view/27260/20819/faq-agua-zarca-project-honduras.html.

i Ibid.

j A/HRC/9/9, párrs. 34-43.

k Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos ["Principios Rectores"], HR/PUB/11/04, Principio 1.

l Ibid., Principio 11 (Comentario).

m Ibid., Principio 17.

n A/HRC/12/34, párr. 43.

o Ver, Corte IDH, Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz vs. Honduras, (Sentencia de 8 de octubre de 2015), ["Caso Triunfo de la Cruz"], párr. 159.

p Ibid., párr. 160.

q A/HRC/24/41, párr. 28.

r Caso Triunfo de la Cruz, párr. 180.

s Ibid., párr. 180

t Principios Rectores, Principio 18 (Comentario).

u A/HRC/12/34, párr. 44.

v Caso Triunfo de la Cruz, párr. 105.

w Principios Rectores., Principio 4.

x Ibid., Principios 25, 26, y Comentario.

y Ibid., Principio 22 y Comentario.

z Ibid., Principio 22 y Comentario.

aa Ibid., Principio 22 y Comentario.

bb FMO busca salir de Agua Zarca, 9 de mayo de 2016.

cc FMO, Response FMO on advertisement in De Volkskrant, 21 de abril de 2016.

dd The Principle of Mercy: Word Bank President Jim Yong Kim, Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=tJWZ102R4LA.

ee A/HRC/12/34, párr. 36.

ff A/HRC/24/41, párr. 50.

 

 

Victoria Tauli-Corpuz

Relatora Especial

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