UNSR Victoria Tauli-Corpuz

MÉXICO. Situación de los derechos de los pueblos indígenas en México. Informe de la Visita al país de la Relatora Especial ONU, Victoria Tauli-Corpuz. Conclusiones y Recomendaciones Imprimir

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El informe de la Relatora Especial examina la situación de los pueblos indígenas en México con base en la información recibida durante su visita al país del 8 al 17 de noviembre de 2017 e investigación independiente. 

El Informe será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su 39° período de sesiones, en Septiembre 2018.

La Relatora Especial observa que, desde la visita oficial realizada por el anterior Relator Especial Rodolfo Stavenhagen en 2003, y a pesar de los compromisos contraídos posteriormente por México en materia de derechos humanos, los pueblos indígenas continúan enfrentando graves desafíos en el ejercicio de sus derechos humanos.

Las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos (extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura, por ejemplo) constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas. A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos.

Todos estos problemas se están desarrollando en un contexto de profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas que limitan su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos.

En su Informe la Relatora Especial presenta las principales preocupaciones y conclusiones de su Visita,  y las Recomendaciones a México para crear una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación.

 

Leer el Informe completo aquí: 

Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México


Índice

I. Introducción

II. Identificación de los pueblos indígenas

III. Marco jurídico e institucional

IV. Preocupaciones principales

A. Tierras, territorios y recursos naturales
B. Prioridades de desarrollo, megaproyectos, consulta y consentimiento
C. Libre determinación y participación política
D. Violencia, impunidad y acceso a la justicia
E. Derechos económicos, sociales y culturales

V. Conclusiones y recomendaciones

Anexo: Alegaciones recibidas

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EXTRACTO DE INFORME

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

93. La situación actual de los pueblos indígenas en México refleja la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por el país. Dicha brecha sigue creciendo, en particular debido al impulso del modelo de desarrollo promovido por la reforma energética, que tiene un impacto significativo en los territorios indígenas. Un desarrollo sostenible requiere un enfoque de derechos humanos.

94. Se requieren medidas eficaces y coordinadas entre instituciones de toda la estructura federal, estatal y municipal para abordar los graves problemas expuestos, incluidas reformas del marco jurídico, político e institucional encaminadas a aplicar los derechos de los pueblos indígenas en temas clave como: tierras, territorios y recursos naturales, sus propias prioridades de desarrollo, libre determinación, participación política y acceso a la justicia. También urgen medidas para resolver los problemas de violencia e inseguridad, así como la pobreza, marginación y discriminación estructural.

95. La Relatora Especial considera que se deben crear las condiciones para un diálogo sostenido e incluyente con los pueblos indígenas que pueda generar la confianza necesaria para tratar las cuestiones expuestas en este informe y crear una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación.

Marco jurídico, político e institucional

96. Se debe reabrir el debate constitucional sobre derechos fundamentales, como el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Ello conlleva la modificación o reforma de legislaciones federales y estatales en materia indígena. Un primer paso para resolver los problemas mencionados en este informe es reconocer la deuda histórica del país en esta materia y adecuar la legislación y las políticas relacionadas con temas agrarios, territoriales, de desarrollo energético, minería, agua, producción y seguridad alimentaria, gobernanza y administración de justicia, entre otros, con las obligaciones internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. La modificación o reforma de dichas normas debe realizarse en consulta y con la participación de los pueblos indígenas conforme a los estándares internacionales.

97. Las instituciones de gobierno deben contar con la capacidad y los recursos necesarios para responder a las necesidades de los pueblos indígenas en materia de derechos humanos y acceso a la justicia, principalmente aquellas como la CDI. Los programas y las políticas de estas instituciones deben sustituir un enfoque asistencialista por un enfoque de derechos humanos que promueva el empoderamiento y libre determinación de los pueblos indígenas, y que respete sus propias propuestas y prioridades, asegurando la plena participación de los pueblos indígenas en la elaboración y desarrollo de dichos programas.

98. Los tribunales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, deben agilizar los mecanismos existentes para asegurar la implementación de las sentencias dictadas a favor de los pueblos indígenas. Se recomienda mayor atención a casos que presentan la posible incompatibilidad de normas nacionales con los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas.

Tierras, territorios y recursos naturales

99. Se recomienda una reforma integral del régimen jurídico agrario para incorporar los actuales estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. Se destaca que la falta de respeto del derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos impacta negativamente sobre el goce de sus demás derechos. Ello conlleva la capacitación de autoridades agrarias comunitarias, funcionarios de instituciones y tribunales agrarios.

100. Urge una atención especializada a las solicitudes de pueblos indígenas para el reconocimiento y protección de sus tierras y territorios, la resolución de conflictos territoriales y la justicia y reparación integral por violaciones a sus derechos territoriales. Podrían conformarse grupos de trabajo interdisciplinarios y representativos de pueblos indígenas, sociedad civil y gobierno a fin de proponer mecanismos adecuados de resolución de estos casos. Estas medidas deben desarrollarse en plena cooperación con los propios pueblos indígenas y aplicar la normativa internacional sobre pueblos indígenas, incluida la jurisprudencia del sistema interamericano.

101. La Relatora Especial reitera sus anteriores recomendaciones relacionadas con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de áreas protegidas en sus territorios, incluida la consulta previa y participación en el manejo, administración y control de dichas áreas. Asimismo, reitera el derecho de los pueblos indígenas al acceso a recursos naturales para su subsistencia y a la protección de su patrimonio cultural y natural.

Prioridades de desarrollo, megaproyectos, consulta y consentimiento

102. Se recomiendan diálogos en condiciones de igualdad entre los pueblos indígenas y autoridades de gobierno sobre el concepto de desarrollo que conduzcan a la adopción de decisiones conjuntas sobre el desarrollo en territorios indígenas. Las propuestas de desarrollo de los pueblos indígenas deben tener prioridad en sus territorios. Al respecto, deben tenerse en cuenta las circunstancias y necesidades particulares de los pueblos originarios e indígenas residentes en centros urbanos.

103. Las políticas, leyes y planes de desarrollo en materia energética, agraria, agroindustrial, turística y otras áreas deben tener en cuenta las propuestas, prioridades y preocupaciones de los pueblos indígenas en relación con el desarrollo en sus territorios o alrededor de los mismos antes de que resulten en concesiones, licencias, permisos y otras autorizaciones que pudieran afectar sus derechos y generar conflictos.

104. Deben adoptarse medidas para que los pueblos indígenas cuenten con estudios del impacto sobre los derechos humanos que pudieran ocasionar los proyectos propuestos en sus territorios, realizados por entidades independientes de acuerdo a los estándares internacionales y tomando en cuenta el conocimiento de las comunidades sobre su hábitat en la elaboración de los estudios.

105. Asimismo, deben fortalecerse las instituciones gubernamentales encargadas de fiscalizar las actuaciones de las empresas y de investigar y sancionar los daños ambientales y de salud que puedan sufrir los pueblos indígenas.

106. Cualquier consulta sobre actividades o medidas que pudieran afectar a los pueblos indígenas debe ser previa y se debe proporcionarles información adecuada sobre los impactos sociales, ambientales y culturales de dichos proyectos, y posibles medidas de mitigación, indemnización y beneficios. No debe procederse sin que se hayan implementado dichas garantías y se haya obtenido su consentimiento libre, previo e informado. Los pueblos indígenas cuyos derechos hayan sido vulnerados por dichos proyectos deben obtener justicia y una reparación integral.

107. El Estado tiene la obligación de proteger los derechos de los pueblos indígenas, y en este marco garantizar que las empresas ejercen la debida diligencia y asumen sus responsabilidades en caso de daños. Antes de firmar contratos relacionados con proyectos de inversión, el Estado debe realizar estudios sobre la presencia de pueblos indígenas en los sitios propuestos para proyectos o alrededor de los mismos, y sobre los derechos a tierras, recursos naturales y consulta previa que pudieran corresponder a los pueblos indígenas bajo estándares internacionales.

108. El sector privado debe ejercer la debida diligencia y evaluar previamente los impactos reales y potenciales de sus actividades sobre los derechos humanos conforme a los estándares internacionales aplicables.

109. En relación con las distintas iniciativas para desarrollar una ley sobre consulta previa, es necesario subrayar que la ausencia de una legislación específica no exime al Estado del deber de consultar a los pueblos indígenas conforme a sus obligaciones internacionales. La Relatora Especial alienta a los pueblos indígenas, al Estado y a otros actores a que incluyan en sus debates opciones adicionales, incluyendo los procesos de autoconsulta o los protocolos de relación con el Estado desarrollados por los pueblos indígenas. Cualquier mecanismo utilizado por el Estado para cumplir con el deber de consultar debe ser, en sí mismo, el resultado de diálogo y consulta de acuerdo con los estándares internacionales.

Libre determinación y participación política

110. Se deben promover y fortalecer los sistemas de autonomía y autogobierno indígena, incluyendo sus sistemas jurídicos, incluido con la provisión de los medios para financiar dichas funciones autónomas, conforme al artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

111. Se recomienda el establecimiento de canales de diálogo, coordinación y colaboración entre las instituciones autonómicas indígenas, como las policías comunitarias, juzgados indígenas, juntas de buen gobierno y municipios autónomos, y el Gobierno en todas las áreas de interés mutuo.

112. Deben fortalecerse y aumentarse las iniciativas que promueven la participación política indígena en los procesos electorales, incluyendo los distritos electorales indígenas, candidaturas independientes y acceso a justicia electoral.

113. Deben adoptarse las medidas legales y administrativas necesarias para que los pueblos indígenas puedan ejercer su derecho a elegir sus propias autoridades en elecciones municipales de acuerdo con sus usos y costumbres.

Violencia, impunidad y acceso a la justicia

114. Es necesario desarrollar medidas de protección colectivas y culturalmente adecuadas para pueblos e individuos indígenas en situaciones de riesgo por la defensa de sus derechos. Estas deben ser desarrolladas en diálogo con los beneficiarios indígenas y contemplar medidas coordinadas con las instituciones pertinentes para abordar los factores subyacentes de riesgo.

115. También deben desarrollarse medidas concertadas de protección frente al crimen organizado y grupos armados en regiones indígenas, que incluyan medidas de coordinación con instituciones indígenas como policías comunitarias indígenas u otras similares. Cualquier presencia militar en territorios indígenas debe ser consultada con los pueblos indígenas afectados de acuerdo a los estándares internacionales, y deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar que dicha presencia no resulte en violaciones de derechos humanos.

116. Debe reforzarse el reconocimiento de los sistemas de justicia indígenas, incluyendo juzgados indígenas, policías comunitarias y otras formas de prevención, protección y resolución de conflictos, y apoyarlos con los recursos adecuados. Deben desarrollarse mecanismos para la armonización y coordinación entre la jurisdicción indígena y ordinaria a nivel nacional.

117. Preocupa la tasa extremamente elevada de impunidad en el país. Los programas gubernamentales de acceso a la justicia dirigidos a indígenas ante el sistema de justicia deben reforzarse y dotarse de suficientes recursos. Asimismo, debe brindarse mayor atención al acceso a la justicia en casos relacionados con la protección de tierras, territorios y recursos naturales en contextos de megaproyectos, conflictos agrarios, casos de contaminación y afectación a la salud.

118. Se recomienda que se desarrollen en las comunidades indígenas programas de educación sobre los derechos de los pueblos indígenas en lenguas indígenas.

119. Debe garantizarse que no se utiliza el sistema penal de justicia para criminalizar a los pueblos indígenas en la defensa legítima de sus derechos ni a las organizaciones que les asisten.

120. Es necesario agilizar las investigaciones y sanciones penales de personas responsables de amenazas, agresiones y asesinatos de indígenas defensores de derechos humanos, incluidos los delitos cometidos por agentes policiales y militares contra civiles indígenas, que deben ser procesados en el fuero civil, contribuyendo así a las garantías de no repetición. Se debe desmantelar, desarmar y sancionar a grupos paramilitares que cometen violaciones de derechos humanos en las regiones indígenas.

121. Deben agilizarse los procesos de investigación, justicia y reparación en el caso de Acteal y otros casos similares. En el caso Ayotzinapa, las investigaciones deben proceder con celeridad y de acuerdo a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el mecanismo de seguimiento establecidos por la CIDH y las recomendaciones del sistema internacional.

122. Las medidas de seguridad y protección, así como de justicia y reparación por violaciones de derechos humanos, deben tener en cuenta factores de género y la situación de la niñez, juventud y otros sectores vulnerables indígenas.

Derechos económicos, sociales y culturales

123. Deben redoblarse los esfuerzos para obtener información desglosada sobre la población indígena para mejorar la provisión de servicios de salud, educación y otros teniendo en cuenta factores de género, edad y otros relevantes, y con base en el criterio de autoadscripción. Para tal fin, se recomienda que las instituciones trabajen conjuntamente con representantes indígenas para desarrollar indicadores adecuados.

124. El diseño y ejecución de programas y políticas de educación intercultural bilingüe y de servicios sociales en los territorios indígenas y en zonas con presencia indígena deben realizarse en consulta, coordinación y colaboración con los pueblos indígenas, e incorporar sus propuestas. Ello incluye los programas que promueven la salud intercultural y el respeto a las parteras tradicionales, los cuales podrían ser ampliados.

125. Deben incrementarse los recursos financieros para que los pueblos indígenas puedan desarrollar e implementar sus propios modelos de desarrollo y bienestar en relación con la soberanía alimentaria, protección de la biodiversidad, gestión comunitaria del agua, patrimonio cultural y otros asuntos pertinentes.

126. Deben adoptarse medidas específicas para abordar los problemas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en relación con el acceso a tierras y el acceso a la justicia, en casos de violencia sexual y obstétrica, feminicidios y otros. Podrían ampliarse los centros gestionados por las mujeres indígenas, con los recursos necesarios para su operación.

127. En consulta y coordinación con organizaciones de mujeres indígenas y las respectivas comunidades, se recomiendan procesos de concientización en las comunidades indígenas sobre los derechos de las mujeres, la discriminación y violencia contra la mujer y otros asuntos relevantes.

128. En relación con indígenas en centros urbanos, migrantes y jornaleros se requiere una respuesta integral y adecuada para abordar los problemas descritos. Se reitera la recomendación de que se desarrolle un esquema de protección a estos sectores, con especial atención a mujeres y niños e indígenas migrantes centroamericanos. Se debe prestar atención a la situación laboral de los jornaleros y trabajadoras domésticas indígenas de manera culturalmente adecuada y de acuerdo a los estándares laborales y de derechos humanos internacionales.

129. Se requieren medidas culturalmente adecuadas de atención para los indígenas afectados por desastres naturales que respeten sus derechos, sin condicionamientos ni discriminación. Se deben apoyar las propuestas de los mismos pueblos indígenas para superar los problemas de salud, vivienda y alimentación generados por los desastres naturales.

130. La situación de los desplazados indígenas exige urgente atención mediante respuestas integrales y coordinadas. Conforme a los estándares internacionales aplicables, incluidos los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, debe garantizarse que las personas desplazadas indígenas tengan el derecho a un adecuado nivel de vida mediante servicios básicos culturalmente adecuados. El Estado debe crear las condiciones y propiciar los medios que permitan a los desplazados indígenas el retorno voluntario, con seguridad y dignidad.

131. Las autoridades deben resolver los factores subyacentes detrás de estos desplazamientos, tales como conflictos territoriales y políticos, la presencia del crimen organizado y grupos armados, mediante procesos de investigación, sanción, reparación y justicia. En casos graves, como el conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán, las autoridades estatales, federales y agrarias deben garantizar que las medidas adoptadas no generen más conflictividad entre comunidades indígenas.

Recomendaciones a los pueblos indígenas

132. La Relatora Especial quisiera alentar a los pueblos indígenas a continuar desarrollando y fortaleciendo sus propias iniciativas legales, políticas y de libre determinación, teniendo en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos, y de esa manera contribuir a los debates nacionales sobre reformas en temas de seguridad, administración de justicia, desarrollo y gobernanza.

Recomendaciones al sistema de las Naciones Unidas

133. Los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas en México deben prestar mayor atención a la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en las áreas de su competencia. Se alienta a que el ACNUDH, en colaboración con los pueblos indígenas y el Gobierno, dé seguimiento a las presentes recomendaciones, teniendo en cuenta las propuestas de los pueblos indígenas para tal fin.

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Texto completo del Informe aquí:

2018: Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México.

2004: Informe de la visita realizada a México en 2003 por el anterior Relator Especial, Rodolfo Stavenhagen. 

 

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