UNSR Victoria Tauli-Corpuz

Filipinas: Expertos de ONU sobre discriminación racial expresan su preocupación sobre lista de "terrorismo" Imprimir

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GINEBRA (14 de mayo de 2018) - Los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos deben ser retirados de una lista de más de 600 personas supuestamente afiliadas a "organizaciones terroristas", dijo el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas en una decisión sobre Filipinas emitida en el transcurso de la 95ª sesión del Comité, celebrada en Ginebra.

La decisión completa se incluye abajo de este comunicado de prensa.

El Comité, que supervisa la aplicación de la Convención contra el racismo de las Naciones Unidas que Filipinas ratificó en 1967, abordó lo que denominaron la difícil situación que enfrentan los líderes indígenas y los defensores de los derechos humanos que participan en la lucha contra la discriminación racial en el país.

Actuando bajo su mecanismo preventivo - los Procedimientos de Alerta Temprana y Acción Urgente que busca evitar que las situaciones existentes se conviertan en conflictos y limiten la escala de violaciones graves de la Convención - el Comité expresó su alarma por la inclusión de titulares de mandatos de las Naciones Unidas y ex lista.

"La lista busca intimidar a las personas que luchan por sus derechos y los pueblos indígenas que defienden sus tierras. Es parte de una campaña más amplia del Estado parte para reducir el espacio democrático y apuntar a diversos grupos de personas", agregaron los miembros del Comité.

En su decisión, el Comité pide a Filipinas que tome medidas efectivas para proteger a los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos, y que fomente un entorno propicio que les permita llevar a cabo su trabajo sin temor. Además, solicitó a Filipinas que proporcionara información a más tardar el 16 de julio de 2018.

FIN

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Para obtener más información y solicitudes de medios, comuníquese con Julia Gronnevet al +41 (0) 22 917 9310 jgronnevet@ohchr.org


 

Los miembros del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial son expertos independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo, que sirven a título personal y no como representantes de los Estados partes. Las observaciones finales del Comité son una evaluación independiente del cumplimiento por los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del tratado.

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Prevención de la discriminación racial, incluidos los procedimientos de alerta temprana y acción urgente
Decisión 1 (95)
Filipinas
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, reunido en Ginebra en su 95 ° período de sesiones del 23 de abril al 11 de mayo de 2018,

Actuando bajo sus procedimientos de alerta temprana y acción urgente;

Sumamente preocupado por la petición judicial de febrero de 2018 presentada por el Fiscal del Estado de Filipinas que busca declarar al Partido Comunista de Filipinas y al Nuevo Ejército Popular como organizaciones terroristas, que incluye una lista de más de 600 personas supuestamente afiliadas a esas organizaciones, muchos de los cuales son líderes y defensores indígenas junto con otros defensores de los derechos humanos;

Particularmente alarmado por la inclusión de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, así como la Sra. Joan Carling, ex miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, y el Sr. José Molintas , ex miembro del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la lista mencionada, junto con líderes indígenas y defensores de los derechos humanos comprometidos en la lucha contra la discriminación racial en Filipinas;

Preocupado por la forma arbitraria en que se formuló la lista y por la falta de fundamento jurídico que se ha informado;

Profundamente preocupado por denuncias de que: la lista tiene como objetivo intimidar a las personas que luchan por sus derechos y los Pueblos Indígenas que defienden sus tierras; y es parte de una campaña más amplia del Estado Parte para reducir el espacio democrático y apuntar a diversos grupos de personas, incluidos los pueblos indígenas, los defensores de los derechos humanos y las personas que expresan opiniones disidentes;

Alarmado por los reclamos de que más de sesenta defensores de los derechos humanos fueron asesinados durante 2017, muchos de los cuales participaron en la lucha contra la discriminación racial y en el seguimiento de la situación de los pueblos indígenas, y en el bajo nivel de investigación, enjuiciamiento y condena casos;

Sumamente preocupado por las declaraciones ofensivas formuladas por altos funcionarios políticos contra los titulares de mandatos de derechos humanos de las Naciones Unidas y los defensores de los derechos humanos que trabajan en la eliminación de la discriminación racial;

Recordando las disposiciones consagradas en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que Filipinas ha ratificado, y en particular el artículo 5 de la Convención, y las recomendaciones generales núm. 31 (2005) del Comité sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento del sistema de justicia penal, y el Nº 23 (1997) sobre los derechos de los pueblos indígenas, que salvaguardan la participación efectiva de los Pueblos Indígenas;

Tomando nota de que Filipinas es un Estado Miembro de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental;

El Comité:

1. Insta al Estado parte a que elimine de la lista de peticiones a los dirigentes y defensores indígenas, así como a los defensores de los derechos humanos, incluidos los titulares de mandatos anteriores y anteriores de las Naciones Unidas;

2. Recomienda que el Estado Parte adopte medidas eficaces para impedir los actos de violencia contra los pueblos indígenas, defensores de los derechos de los pueblos indígenas y otros defensores de los derechos humanos, y prontamente investigar a fondo todos estos casos con el fin de llevar a los responsables ante la justicia, castigarlos adecuadamente si son condenados, y compensar a las víctimas;

3. Insta al Estado parte a que adopte medidas específicas destinadas a fomentar un entorno seguro y favorable para la labor realizada por los pueblos indígenas y las organizaciones y defensores de los derechos humanos que trabajan en los derechos de los pueblos indígenas;

4. Exhorta al Estado parte a que rechace y condene cualquier forma de incitación al odio y la incitación al odio y la violencia formulados por funcionarios públicos de alto nivel y locales, con el objetivo de deslegitimar la labor realizada por los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos y poner así su seguridad en riesgo;

5. Recomienda que el Estado Parte adopte medidas efectivas para garantizar que los pueblos indígenas y los defensores de los derechos de los pueblos indígenas puedan ejercer plenamente los derechos estipulados en la Convención, incluido el derecho a la seguridad personal y la protección contra la violencia o los daños corporales, derecho a la libertad de circulación y residencia, y el derecho a la libertad de opinión y expresión;

6. Pide al Estado parte que proporcione información sobre lo mencionado anteriormente y las medidas adoptadas para repararlos, a más tardar el 16 de julio de 2018;

7. Invita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a señalar a la atención de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental la grave situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los defensores de los derechos de los pueblos indígenas en Filipinas;

8. Pide al Presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que utilice todos los medios que considere apropiados para abordar y hacer un seguimiento de la situación antes mencionada.

2637ª sesión,
8 de mayo de 2018

 

Victoria Tauli-Corpuz

Relatora Especial

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